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México

La DEA provocó masacre en Allende

Ciudad de México.- La masacre que se vivió en Allende en marzo de 2011 donde sicarios del cártel de Los Zetas irrumpieron en el municipio y secuestraron a todos los que llevaban el apellido de un presunto traidor, incluidos mujeres y niños, y redujeron sus cuerpos a ceniza, fue desatada por la Administración para el Control de Drogas (DEA), reveló una investigación de la Premio Pulitzer Ginger Thompson.
“A diferencia de la mayoría de los lugares en México destrozados por la guerra contra las drogas, lo que pasó en Allende no se originó en México. Comenzó en Estados Unidos, cuando la DEA logró un triunfo inesperado”, escribió la periodista en el artículo Anatomía de una Masacre.
De acuerdo con el texto, la responsabilidad de la DEA comenzó cuando un agente persuadió a un importante miembro de Los Zetas para que le entregara los números de identificación rastreables de los teléfonos celulares que pertenecían a dos de los capos más buscados del cártel, Miguel Ángel Treviño y su hermano Omar.
La investigación de la galardonada periodista Ginger Thompson se dio a conocer ayer en ProPublica y en National Geographic.
Tras el testimonio del miembro delator del cártel, la agencia estadunidense compartió información con una unidad de la Policía mexicana y casi de inmediato los Treviño se enteraron de que habían sido traicionados. “Los hermanos planearon vengarse de los presuntos delatores, de sus familias y de cualquiera que tuviera un vínculo remoto con ellos”, destacó Thompson.
La periodista mencionó que la atrocidad en Allende fue particularmente sorprendente porque los Treviño no sólo habían basado algunas de sus operaciones en las cercanías –con movimientos de decenas de millones de dólares en drogas y armas por la zona cada mes– sino que también habían hecho del pueblo su casa.
En la investigación, la ganadora del Pulitzer destacó que durante años después de la matanza de Allende las autoridades mexicanas solamente hicieron esfuerzos inconsistentes para investigar. “Erigieron un monumento para honrar a las víctimas, sin determinar por completo lo que había sido de ellas ni castigar a los responsables”, precisó.
Al final, agregó, las autoridades estadunidenses ayudaron a México a capturar a los Treviño, pero nunca reconocieron el costo devastador de ello. En Allende, la gente sufrió, sobre todo en silencio, porque estaban demasiado asustados para hablar públicamente.
Hace un año, ProPublica y National Geographic emprendieron la labor de juntar las piezas de lo que pasó en este pueblo del estado de Coahuila: dejar a los que sufrieron la mayor parte del ataque, y a los que tuvieron algún papel en él, que contaran la historia en sus propias palabras, con frecuencia con gran riesgo para sus vidas.
Voces como las que aparecen en el artículo rara vez se han escuchado durante la lucha contra el narcotráfico en México: funcionarios locales que abandonaron sus puestos, familias asediadas por el cártel y por sus propios vecinos, operarios del cártel que cooperaron con la DEA y vieron asesinados a sus amigos y familias, el fiscal estadunidense que supervisó el caso y el agente de la DEA que lideró la investigación y quien, como la mayoría de la gente en esta historia, tiene vínculos familiares en ambos lados de la frontera.
“Cuando le preguntaron durante una entrevista sobre su papel en el caso, el agente Richard Martinez se desplomó en su silla, con lágrimas en los ojos. ‘¿Cómo me hizo sentir el hecho de que la información se hubiera filtrado? Prefiero no decirlo, para ser honesto con usted. Me gustaría dejarlo así. Prefiero no decirlo’”, dice un fragmento de la investigación Anatomía de una Masacre.

Zócalo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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