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La defensa del Chapo pide el mismo trato que dieron al general Cienfuegos

Confinado en una soledad casi total, en la celda más distante y oscura de la cárcel de máxima seguridad Súpermax, en Florence, Colorado, Joaquín el “Chapo” Guzmán pasa los días en espera de una nueva oportunidad para demostrar que no tuvo un juicio justo. Esta vez, esa nueva “oportunidad” se llama Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa de México.

La repentina liberación del Jefe del Ejército mexicano en la última administración del PRI (2012-2018), y quien vivía preso en Estados Unidos desde mediados de octubre, habría sido el motivo principal para que la defensa del capo sinaloense pretendiera solicitar nuevamente el regreso de su cliente a territorio mexicano.

“Nosotros le vamos a mandar una carta (al presidente Donald Trump) la semana que entra, a fin de que recapacite y regrese al Chapo Guzmán, en virtud de que lo tiene detenido ilegalmente, y esperamos que arrepienta como en el caso de Cienfuegos, el general, y que lo regrese. De lo contrario, nosotros el 21 de enero estaremos demandando al presidente Trump por daños y prejuicios”, especificó José Luis González Meza, abogado del Chapo a Milenio.

Un día después de la detención de Cienfuegos Zepeda, en Los Ángeles, Estados Unidos, el pasado 15 de octubre, el gobierno mexicano mostró su descontento por las acciones de la justicia estadounidense quien, sin notificarle, tenía una investigación en contra del general desde 2019.

Entonces, el propio Andrés Manuel López Obrador anunció una inminente investigación judicial en México por vía de la Fiscalía General de la República. Algo que no ha sucedido (todavía) en relación con el caso del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna (2006-2012), cuyas acusaciones avanzan únicamente en los tribunales de Nueva York.

El canciller Marcelo Ebrard señaló que los actos delictivos que se le imputan a Cienfuegos se cometieron en México “¿por qué tienen que ser juzgados en el extranjero?” Esta situación, sostuvo, es diferente a la de García Luna —también acusado de narcotráfico —y a la de una larga lista de criminales extraditados a EEUU, como Guzmán Loera, pues sus delitos también perjudicaron a la Unión Americana.

Este miércoles, el general Salvador Cienfuegos ha aterrizado en México después de que Estados Unidos retirara cargos en su contra por narcotráfico y lavado de dinero.

La oficina de la Fiscalía en el distrito este de Nueva York lo acusó de conspirar para traficar heroína, cocaína, marihuana y metanfetamina. El Departamento de Justicia de EEUU había dicho en un escrito al juez que Cienfuegos no podía quedar en libertad condicional por el altísimo riesgo de fuga que representa, pero finalmente ha sido liberado y enviado a México por esas autoridades.

El pasado 4 de septiembre el pasado 4 de septiembre, la defensa del “Chapo” presentó una moción de 245 páginas ante el Segundo Circuito del Tribunal de Apelaciones para que el veredicto del juez Brian Cogan fuera anulado y tuviera un nuevo juicio.

William Purpura, uno de los abogados de Guzmán Loera, dijo que la simple petición era viable, luego de probarse que entre cuatro y cinco miembros del jurado leían en internet noticias sobre el Chapo, incluyendo testimonios de criminales diciendo que el acusado traía adolescentes de Colombia para abusar de ellas, o bien qué había matado a un sinnúmero de personas.

“Cuando tienes un jurado que hace eso, influye para que los miembros del jurado sean sumamente prejuiciosos, pues es información sin corroborar e inadmisible, y sólo por eso el juicio debe repetirse”, dijo Purpura, en entrevista con el semanario Ríodoce.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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