Confinado en una soledad casi total, en la celda más distante y oscura de la cárcel de máxima seguridad Súpermax, en Florence, Colorado, Joaquín el “Chapo” Guzmán pasa los días en espera de una nueva oportunidad para demostrar que no tuvo un juicio justo. Esta vez, esa nueva “oportunidad” se llama Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa de México.
La repentina liberación del Jefe del Ejército mexicano en la última administración del PRI (2012-2018), y quien vivía preso en Estados Unidos desde mediados de octubre, habría sido el motivo principal para que la defensa del capo sinaloense pretendiera solicitar nuevamente el regreso de su cliente a territorio mexicano.
“Nosotros le vamos a mandar una carta (al presidente Donald Trump) la semana que entra, a fin de que recapacite y regrese al Chapo Guzmán, en virtud de que lo tiene detenido ilegalmente, y esperamos que arrepienta como en el caso de Cienfuegos, el general, y que lo regrese. De lo contrario, nosotros el 21 de enero estaremos demandando al presidente Trump por daños y prejuicios”, especificó José Luis González Meza, abogado del Chapo a Milenio.
Un día después de la detención de Cienfuegos Zepeda, en Los Ángeles, Estados Unidos, el pasado 15 de octubre, el gobierno mexicano mostró su descontento por las acciones de la justicia estadounidense quien, sin notificarle, tenía una investigación en contra del general desde 2019.
Entonces, el propio Andrés Manuel López Obrador anunció una inminente investigación judicial en México por vía de la Fiscalía General de la República. Algo que no ha sucedido (todavía) en relación con el caso del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna (2006-2012), cuyas acusaciones avanzan únicamente en los tribunales de Nueva York.
El canciller Marcelo Ebrard señaló que los actos delictivos que se le imputan a Cienfuegos se cometieron en México “¿por qué tienen que ser juzgados en el extranjero?” Esta situación, sostuvo, es diferente a la de García Luna —también acusado de narcotráfico —y a la de una larga lista de criminales extraditados a EEUU, como Guzmán Loera, pues sus delitos también perjudicaron a la Unión Americana.
Este miércoles, el general Salvador Cienfuegos ha aterrizado en México después de que Estados Unidos retirara cargos en su contra por narcotráfico y lavado de dinero.
La oficina de la Fiscalía en el distrito este de Nueva York lo acusó de conspirar para traficar heroína, cocaína, marihuana y metanfetamina. El Departamento de Justicia de EEUU había dicho en un escrito al juez que Cienfuegos no podía quedar en libertad condicional por el altísimo riesgo de fuga que representa, pero finalmente ha sido liberado y enviado a México por esas autoridades.
El pasado 4 de septiembre el pasado 4 de septiembre, la defensa del “Chapo” presentó una moción de 245 páginas ante el Segundo Circuito del Tribunal de Apelaciones para que el veredicto del juez Brian Cogan fuera anulado y tuviera un nuevo juicio.
William Purpura, uno de los abogados de Guzmán Loera, dijo que la simple petición era viable, luego de probarse que entre cuatro y cinco miembros del jurado leían en internet noticias sobre el Chapo, incluyendo testimonios de criminales diciendo que el acusado traía adolescentes de Colombia para abusar de ellas, o bien qué había matado a un sinnúmero de personas.
“Cuando tienes un jurado que hace eso, influye para que los miembros del jurado sean sumamente prejuiciosos, pues es información sin corroborar e inadmisible, y sólo por eso el juicio debe repetirse”, dijo Purpura, en entrevista con el semanario Ríodoce.
