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Opinión

la diatriba como recurso político por Luis Ochoa Minjares

A DIATRIBA COMO

RECURSO POLITICO

                 

Luis Ochoa Minjares

 

   Días pasados sufrimos la pena de leer y escuchar una serie de calumnias contra el mandatario chihuahuense que, por fortuna salió de inmediato a atajarlas. Semanas antes el dirigente del llamado movimiento de regeneración nacional, con una ligereza extrema jamás concebida en un político profesional, motejó al presidente de la república como mequetrefe y mentecato, todo ello vía inernet.

 

   Por fortuna, y ante el riesgo de que la diatriba siente sus reales como recurso político e instrumento electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), hizo notar a la opinión pública que el debate político debe ser propositivo y crítico y que la libertad de expresión no es garantía ni escudo para denigrar o calumniar a diestra y siniestra.

 

    En efecto, a través de una tesis el citado tribunal  determinó que difundir información vinculada con actividades ilícitas, que tenga por objetivo denigrar a las instituciones, a los partidos políticos o calumniar a las personas, ‘‘se encuentra fuera del ámbito de la protección al ejercicio de la libertad de expresión’’.

 

Señala que la libertad de expresión, en el ámbito de las contiendas electorales que se llevan cabo en un sistema democrático, es una parte fundamental de la comunicación entre los partidos políticos y los ciudadanos, y considera que el debate e intercambio de opiniones entre partidos y candidatos ‘‘debe ser propositivo y crítico’’, a fin de que el electorado tenga los elementos básicos para definir el sentido de su voto.

 

USO PERVERSO

DE LAS REDES

 

La utilización impune de la Red de Redes cibernéticas (INTERNET) para lanzar y difundir amenazas de muerte a gobernantes, periodistas y funcionarios policíacos, confirma el uso perverso y demencial que intereses  irresponsables y criminales hacen de ese maravilloso invento del ingenio humano que debiera declararse Patrimonio de la Humanidad.

 

   Y tan graves como esos mensajes macabros que se difunden por Internet, están los utilizados por algunos partidos políticos para desorientar a los electores, infamar a sus adversarios y ensuciar la actividad política, entendida esta como la actividad superior del hombre para convivir y prosperar en sociedad. Los videos subidos impunemente al ciberespacio en los que se infaman a nuestros gobernantes y funcionarios y se confunde a la opinión pública, son el mejor ejemplo de ese libertinaje.

 

   No se excluyen los escandalosos hechos que indignan a  la opinión pública, protagonizados por seres perversos que utilizan la Internet para engañar y reclutar infantes y satisfacer su monstruosa inclinación a la pedofilia. Donde también se dan muchos casos, es en el mundo del espectáculo que se cimbra periódicamente  por el descubrimiento de los desnudos de artistas sin talento ni moral, difundidos con fines de chantaje y dinero fácil, o por severos extravíos mentales.

 

   Es evidente que la maldad humana y el relajamiento de las buenas costumbres se están adueñando de la Internet. El más grandioso invento de la inteligencia humana, está siendo infectado paulatinamente por los vicios más degradantes que agobian en estos tiempos al género humano. Solamente faltaba que el narcotráfico y el crimen organizado utilizaran como instrumento la Internet para sus perversos propósitos.

 

PATRIMONIO DE

LA HUMANIDAD

 

   La protección a la población infantil ha de pasar a ser una de las preocupaciones mayores del sector público y privado. Es a través de Internet donde los niños y los adolescentes empiezan a caer en las redes hábilmente tendidas por los pederastas. Y mientras no haya una limitante o un control, cualquier infante puede husmear en el ciberespacio a través de Internet, invento que debiera estar al servicio de la cultura, de la comunicación y de la elevación del ser humano.

 

   Lo ideal sería que la electrónica y su infinidad de aplicaciones y recursos se pusieran exclusivamente al servicio de las causas más elevadas de las comunidades, tal y como se hace en las universidades e instituciones superiores de investigación y estudio. Educar políticamente a la comunidad, tendría que ser uno de los objetivos más nobles de la comunicación global por el ciberespacio.

 

   No será fácil librar a la Internet de la penetración de la perversidad y la degradación, muchos de cuyos usuarios buscan explotar el vicio para obtener fabulosas utilidades. Pero sí es posible rescatar de sus garras a los niños mediante la vigilancia estrecha de sus padres y la orientación y educación adecuadas, y evitar también que la política y la función pública sean ensuciadas por ese feo vicio de abusar del espacio.

  

   Sería deseable que surgiera un frente nacional en contra de la pederastia y demás vicios que desgraciadamente han encontrado un refugio y un instrumento en el uso de la Internet. Ojalá y los partidos políticos configuraran ese frente con el propósito de preservar nuestro sistema democrático y librarlo de esos escollos. Mientras tanto, nos seguimos preguntando ¿en manos de quiénes está cayendo ese maravilloso instrumento de comunicación universal, que debiera ser declarado patrimonio de la Humanidad?

 

LIBRETON

POLITICO

 

   Doloroso pero necesario y urgente el Programa de Reordenamiento de la Hacienda Pública Estatal instaurado por el gobierno estatal con el fin de “hacer  más con menos” de tal suerte que nuestros impuestos sirvan para las grandes y majestuosas obras que requerimos… Implica, por supuesto, darle una buena “rasurada” a la recargada nómina de la burocracia prescindiendo de muchos puestos innecesarios, sinecuras y canonjías, todo para hacer más rendidor el erario público… Tema imprescindible de los cafetómanos y chirinoleros el del “galindazo” que el ex alcalde panista Ramón Galindo inflingio a su propio partido en su afán por volver a la política, actividad que ya no admite políticos papanatas… A propósito del  PAN, algunos analistas políticos de angora de chilangolandia dan por seguro que Madero repetirá como mandamás de ese partido dado que en experiencia, mañas y recursos les da veinte y las malas de ventaja a sus adversarios y competidores. Está por verse… Con la remuda que “el huracán del norte” hizo en su equipo de comunicación social, el licenciado Nicolás Juárez, de las nuevas generaciones,  pasó a ser el estratega del manejo de los recursos publicitarios… No coman ansias, -dice un viejo y experimentado dinosaurio tricolor-, Serrano apenas está agarrando vuelo y el sartén por el mango, ya verán que reformón le va a dar al municipio de Juárez con el apoyo de Duarte y Peña Nieto. También está por verse… Pregunta a nuestros pocos o muchos lectores: ¿Cómo detener el creciente  éxodo de lectores de los medios impresos hacia los electrónicos y cibernéticos? Esperamos su opinión.

 

FINALMENTE dos adagios que nos envía el ingeniero Genaro Luna y que recogen la sabiduría infinita y el ingenio indiscutible del pueblo mexicano:

    “Comerciante que da bien pesado, se queda pronto arruinado”. Y “En el diezmo y en la aduana, lo que no se apunta, se gana”.

 

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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