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Política

La educación debe servir para construir ciudadanos autónomos: Víctor Quintana

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El candidato del Movimiento Progresista al Senado de la República, Víctor Quintana participó hoy en un debate en Canal 28 televisión de la ciudad de Chihuahua sobre el tema de la educación en México. Tomaron parte así mismo, las candidatas al Senado por Acción Nacional, Lucila Murguía, y Susana Muriel, del Partido Nueva Alianza. El PRI y el PVEM le hicieron el vacío de nuevo al debate y a la ciudadanía.

En el curso del debate, el abanderado de la izquierda a la Cámara Alta presentó los ejes del proyecto del movimiento que encabeza AMLO en materia educativa:

* En total acuerdo con el movimiento “# yo soy 132” el objetivo de la educación es formar personas humanas, sujetos autónomos para que construyan su conocimiento y su aprendizaje y se conviertan en ciudadanos y ciudadanas críticos y participativos.

* Esto implica cambiar el modelo del proceso de aprendizaje, que hasta ahora se ha definido por el “desarrollo de competencias”, muy influido por el neoliberalismo, economicista, e incluir aspectos de formación tales como la Etica, la Filosofía, las artes, etc, pues la exclusión de ellas de la currícula ha impactado mucho en la tan comentada “falta de valores”. Para llevar a cabo este nuevo modelo de aprendizaje debe realizarse un intenso programa de formación de maestros.

* Es necesario vigilar la aplicación de la ley y de los acuerdos en torno a la educación básica, para garantizar la participación ciudadana en el proceso educativo, retomar los comités de participación social, ya contemplados e integrar a toda la comunidad educativa: alumnos, maestros, padres de familia.

* Debe incrementarse notablemente el presupuesto para educación hasta lograr el 8% del PIB, como está señalado, pero antes debe sanearse la estructura administrativa del sistema educativo y liberarse de la influencia indebida del sindicato en el manejo de los recursos del mismo, pues de lo contrario se estarán echando los recursos adicionales en un barril sin fondo.

* El sindicato debe orientarse exclusivamente a lo que es su objetivo: la defensa de los intereses del magisterio y del personal administrativo y de servicio. Deben permitirse las diferentes expresiones de los maestros a nivel sindical, y legislar para que en el sindicato operen la transparencia y la democracia y no siga Elba Esther Gordillo manejando la educación en este país. Por cierto, señaló Quintana, la maestra Gordillo tiene colocada en primer lugar a su hija Norma Arreola, a su nieto como una candidato a diputado federal y a su yerno como candidato a senador por Sinaloa. El sindicato no debe decidir el nombramiento de funcionarios del sistema educativo ni de inspectores o directores de escuela.

* Los recursos frescos que se orienten a la educación deben orientarse preferentemente a la infraestructura educativa, dándole prioridad a las escuelas de las zonas más marginadas. Deben adquirirse o mejorarse las instalaciones, el equipamiento, las computadoras las bibliotecas, para que los padres de familia dejen de pagar todo tipo de cuotas y se dote de los mejores recursos para el aprendizaje.

* Debe también reformarse la Ley General de Educación para redistribuir atribuciones y recursos entre los diversos órdenes de gobierno para que participen en el proceso de evaluación y planificación del proceso educativo.

* Hay que legislar también para que logra abatir el gran número de rezagos en educación, pues Chihuahua ocupa los primeros lugares en rezago educativo, y facilitar el acceso de todas y todos quienes soliciten la educación media y superior.

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Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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