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Opinión

La entramada detención del “Mayo” Zambada. Por Caleb Ordóñez T.

La caída del capo Ismael «El Mayo» Zambada, uno de los líderes más poderosos del Cártel de Sinaloa -pero también de la historia del crimen mundial- marca un punto de inflexión en la reestructura de los grupos criminales más grandes del país.

Caleb Ordóñez T.

Este acontecimiento, que ha acaparado por semanas los titulares y generado intensos debates, plantea interrogantes fundamentales sobre el futuro de la seguridad en el país y las repercusiones políticas que este evento podría desencadenar, no solo para los próximos días, sino para largos y cruentos años de posibles enfrentamientos.

Desde hace décadas, desde las penumbras, Zambada ha sido una figura clave en el narcotráfico internacional, conocido por su habilidad para evadir la captura y mantener una estructura criminal altamente eficiente. Su arresto no solo es un golpe significativo para el Cártel de Sinaloa, sino también una victoria simbólica para el gobierno norteamericano, pero al mismo tiempo una confusión para el

gobierno mexicano, que ha estado bajo una tensa presión por años, para mostrar resultados tangibles en su lucha contra el crimen organizado. La cual ha sido catalogado como un fracaso.

La incomprensible y poco transparente detención de Zambada trae consigo un conjunto complejo de desafíos. Uno de los principales riesgos es la posible fragmentación del Cártel de Sinaloa, lo que podría desencadenar una ola de violencia similar a la que ocurrió tras la captura de Joaquín «El Chapo» Guzmán. La historia ha demostrado que la caída de un capo no necesariamente…

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Opinión

Inflexión. Por Raúl Saucedo

LO QUE SE VIENE EL DOMINGO

En entregas anteriores como LA URNA (1) y LA CLAVE (2) abordamos puntos del próximo ejercicio democratico en méxico considerando que la próxima jornada electoral del 1 de junio emerge no sólo como un evento democrático más, sino como un auténtico punto de inflexión para el gobierno federal. Más allá de la renovación de Congresos y gobiernos locales en un par de estados, la inminente elección directa de jueces, magistrados y ministros representa un desafío sin precedentes y una oportunidad estratégica que definirá el rumbo y la legitimidad del país.

La propuesta de reformar el Poder Judicial y someterlo a la voluntad popular fue una bandera clave de la administración anterior y ha sido refrendada por la actual. La promesa es clara: construir una justicia más cercana al pueblo, transparente y libre de vicios. Sin embargo, la materialización de esta visión a través de las urnas el 1 de junio no es un camino exento de riesgos. Para la administración federal, el resultado de esta elección judicial no sólo medirá el respaldo ciudadano a una de sus principales apuestas, sino que también sentará las bases sobre las cuales operará el poder judicial durante su sexenio.

Si la elección del 1 de junio deriva en la llegada de juzgadores alineados con la visión del gobierno, la política ejecutiva se podría ver fortalecida su capacidad para impulsar la agenda sin los contrapesos que un Poder Judicial tradicionalmente independiente suele ejercer. Esto, desde la óptica de sus simpatizantes, sería un avance para desatorar reformas y proyectos que, en ocasiones, fueron frenados por resoluciones judiciales. Sin embargo, para los críticos y la oposición, significa una concentración de poder sin precedentes y una erosión de la independencia judicial, pilar fundamental de cualquier democracia.

Por otro lado, si los resultados de la elección arrojan un panorama judicial más plural, con la llegada de juzgadores que no necesariamente comparten la misma visión política, el gobierno federal se enfrentaría a un Poder Judicial que podría actuar como un contrapeso más vigoroso. Esto, aunque potencialmente generador de fricciones y debates necesarios, sería visto por muchos como un fortalecimiento del sistema democrático de pesos y contrapesos, garantizando que el ejercicio del poder se mantenga dentro de los límites constitucionales.

La forma en que se desarrolló la campaña electoral para los puestos judiciales, la participación ciudadana y, sobre todo, la legitimidad percibida de los resultados, serán cruciales. Una elección pulcra y transparente podría otorgarle un capital político inmenso para legitimar su proyecto de nación. Sin embargo, cualquier indicio de irregularidad o polarización exacerbada durante el proceso podría enturbiar la imagen del gobierno y sembrar dudas sobre la verdadera independencia del Poder Judicial desde su génesis electoral.

Desde este teclado en la Ciudad de México, dónde estamos convencidos que la certeza jurídica es clave para el futuro de una nación, la configuración del Poder Judicial será observada con lupa. Un sistema judicial que genere confianza es vital para la atracción de capitales y el mantenimiento del estado de derecho. La elección del 1 de junio no es solo una votación de nombres; es la definición de las reglas del juego judicial para la próxima década, y con ello, de la gobernabilidad y la estabilidad democrática.

Esta reflexión viene a causa de que hoy es el último día de proselitismo para aquellos contendientes que el domingo mas haya de buenas voluntades vivirán el sistema político mexicano.

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

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