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México

La evidencia “insignificante” que ha hecho caer a poderosos funcionarios y narcotraficantes

La Administración de Drogas y Narcóticos de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) comenzó a rastrear una serie de comunicaciones y a interrogar testigos de quienes obtuvo diversas pistas.

La DEA fijó una línea de tiempo que iba de diciembre del 2015 a junio del 2017. Debido a ello, en agosto de 2019, un jurado en la Corte de Brooklyn acusó al exsecretario de la Defensa Nacional Salvador “El Padrino” Cienfuegos, de tráfico de drogas y lavado de dinero, tras investigar sus acciones durante este periodo.

Las evidencias obtenidas fueron con base en varias comunicaciones de BlackBerry Messenger que muestran que el exfuncionario ayudó al Cártel H-2 de varias maneras, incluida la ubicación del transporte marítimo para sus envíos de drogas, entre otros actos. Su próxima audiencia será el martes 20 de octubre.

Un caso similar, en donde las comunicaciones han jugado un papel fundamental para la captura de narcotraficantes poderosos y funcionarios, es el caso de Genaro García Luna, el exsecretario de seguridad pública en la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), que actualmente se encuentra detenido también en Estados Unidos, acusado de corrupción y nexos con el narcotráfico.

El gobierno de aquel país cuenta con evidencia para armar su caso: al menos 17 comunicaciones interceptadas.

Así lo confirmó el fiscal estadounidense encargado del caso, Richard P. Donoghue, que envió a la defensa de García Luna estos y más documentos, como indican las leyes de aquel país, de acuerdo con el memorándum al que accedió la periodista Dolia Estévez.

“Al interior del paquete encontrará los descubrimientos suplementarios del gobierno, de acuerdo con la Regla 16 del Reglamento Federal de Procedimientos Criminales”, indicó Donoghue. Los documentos están compuestos por 17 comunicaciones interceptadas, aunque sin dar más detalles de su origen ni de su extensión, ni tampoco si hay otros individuos involucrados en éstas.

El estratega de seguridad de Calderón fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, y su caso se encuentra radicado en una corte de Brooklyn, Nueva York, donde un jurado condenó el año pasado a cadena perpetua a Joaquín “El Chapo” Guzmán, exjefe del Cártel de Sinaloa, por tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio.

Cabe recordar que para poder atrapar al exjefe del Cártel de Sinaloa, agentes federales tuvieron que arrestar a los técnicos que manejaban los sistemas de comunicación usados por los cárteles.

El plan les funcionó para capturar y enjuiciar en Estados Unidos al narcotraficante más buscado. Y es que las autoridades necesitaron primero a Vicent Ramos, director ejecutivo de la compañía Phantom Secure, luego cayeron sus peligrosos clientes: operadores del Cártel de Sinaloa en California, entre otros delincuentes.

Durante años “El Chapo” habló cómodamente y con “seguridad” sobre sus negocios ilícitos con funcionarios corruptos, su esposa Emma Coronel, con sus amantes y hasta con Kate del Castillo, actriz mexicana.

En la carpeta de investigación consta que por medio de esos teléfonos los jefes del cártel conversaron sobre cargamentos de droga, homicidios, sobornos, y demás actos delictivos. Con ayuda de un hacker colombiano, se revelaron 1,500 conversaciones comprometedoras, de las cuales, en alrededor de unas 200 participó “El Chapo”.

Fue uno de los golpes más duros que recibió el mafioso sinaloense durante su proceso judicial: los audios y mensajes de texto que se recopilaron, se mostraron al jurado y lo hundieron legalmente.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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