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La evidencia “insignificante” que ha hecho caer a poderosos funcionarios y narcotraficantes

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La Administración de Drogas y Narcóticos de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) comenzó a rastrear una serie de comunicaciones y a interrogar testigos de quienes obtuvo diversas pistas.

La DEA fijó una línea de tiempo que iba de diciembre del 2015 a junio del 2017. Debido a ello, en agosto de 2019, un jurado en la Corte de Brooklyn acusó al exsecretario de la Defensa Nacional Salvador “El Padrino” Cienfuegos, de tráfico de drogas y lavado de dinero, tras investigar sus acciones durante este periodo.

Las evidencias obtenidas fueron con base en varias comunicaciones de BlackBerry Messenger que muestran que el exfuncionario ayudó al Cártel H-2 de varias maneras, incluida la ubicación del transporte marítimo para sus envíos de drogas, entre otros actos. Su próxima audiencia será el martes 20 de octubre.

Un caso similar, en donde las comunicaciones han jugado un papel fundamental para la captura de narcotraficantes poderosos y funcionarios, es el caso de Genaro García Luna, el exsecretario de seguridad pública en la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), que actualmente se encuentra detenido también en Estados Unidos, acusado de corrupción y nexos con el narcotráfico.

El gobierno de aquel país cuenta con evidencia para armar su caso: al menos 17 comunicaciones interceptadas.

Así lo confirmó el fiscal estadounidense encargado del caso, Richard P. Donoghue, que envió a la defensa de García Luna estos y más documentos, como indican las leyes de aquel país, de acuerdo con el memorándum al que accedió la periodista Dolia Estévez.

“Al interior del paquete encontrará los descubrimientos suplementarios del gobierno, de acuerdo con la Regla 16 del Reglamento Federal de Procedimientos Criminales”, indicó Donoghue. Los documentos están compuestos por 17 comunicaciones interceptadas, aunque sin dar más detalles de su origen ni de su extensión, ni tampoco si hay otros individuos involucrados en éstas.

El estratega de seguridad de Calderón fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, y su caso se encuentra radicado en una corte de Brooklyn, Nueva York, donde un jurado condenó el año pasado a cadena perpetua a Joaquín “El Chapo” Guzmán, exjefe del Cártel de Sinaloa, por tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio.

Cabe recordar que para poder atrapar al exjefe del Cártel de Sinaloa, agentes federales tuvieron que arrestar a los técnicos que manejaban los sistemas de comunicación usados por los cárteles.

El plan les funcionó para capturar y enjuiciar en Estados Unidos al narcotraficante más buscado. Y es que las autoridades necesitaron primero a Vicent Ramos, director ejecutivo de la compañía Phantom Secure, luego cayeron sus peligrosos clientes: operadores del Cártel de Sinaloa en California, entre otros delincuentes.

Durante años “El Chapo” habló cómodamente y con “seguridad” sobre sus negocios ilícitos con funcionarios corruptos, su esposa Emma Coronel, con sus amantes y hasta con Kate del Castillo, actriz mexicana.

En la carpeta de investigación consta que por medio de esos teléfonos los jefes del cártel conversaron sobre cargamentos de droga, homicidios, sobornos, y demás actos delictivos. Con ayuda de un hacker colombiano, se revelaron 1,500 conversaciones comprometedoras, de las cuales, en alrededor de unas 200 participó “El Chapo”.

Fue uno de los golpes más duros que recibió el mafioso sinaloense durante su proceso judicial: los audios y mensajes de texto que se recopilaron, se mostraron al jurado y lo hundieron legalmente.

Fuente: Infobae

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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