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La evidencia “insignificante” que ha hecho caer a poderosos funcionarios y narcotraficantes

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La Administración de Drogas y Narcóticos de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) comenzó a rastrear una serie de comunicaciones y a interrogar testigos de quienes obtuvo diversas pistas.

La DEA fijó una línea de tiempo que iba de diciembre del 2015 a junio del 2017. Debido a ello, en agosto de 2019, un jurado en la Corte de Brooklyn acusó al exsecretario de la Defensa Nacional Salvador “El Padrino” Cienfuegos, de tráfico de drogas y lavado de dinero, tras investigar sus acciones durante este periodo.

Las evidencias obtenidas fueron con base en varias comunicaciones de BlackBerry Messenger que muestran que el exfuncionario ayudó al Cártel H-2 de varias maneras, incluida la ubicación del transporte marítimo para sus envíos de drogas, entre otros actos. Su próxima audiencia será el martes 20 de octubre.

Un caso similar, en donde las comunicaciones han jugado un papel fundamental para la captura de narcotraficantes poderosos y funcionarios, es el caso de Genaro García Luna, el exsecretario de seguridad pública en la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), que actualmente se encuentra detenido también en Estados Unidos, acusado de corrupción y nexos con el narcotráfico.

El gobierno de aquel país cuenta con evidencia para armar su caso: al menos 17 comunicaciones interceptadas.

Así lo confirmó el fiscal estadounidense encargado del caso, Richard P. Donoghue, que envió a la defensa de García Luna estos y más documentos, como indican las leyes de aquel país, de acuerdo con el memorándum al que accedió la periodista Dolia Estévez.

“Al interior del paquete encontrará los descubrimientos suplementarios del gobierno, de acuerdo con la Regla 16 del Reglamento Federal de Procedimientos Criminales”, indicó Donoghue. Los documentos están compuestos por 17 comunicaciones interceptadas, aunque sin dar más detalles de su origen ni de su extensión, ni tampoco si hay otros individuos involucrados en éstas.

El estratega de seguridad de Calderón fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, y su caso se encuentra radicado en una corte de Brooklyn, Nueva York, donde un jurado condenó el año pasado a cadena perpetua a Joaquín “El Chapo” Guzmán, exjefe del Cártel de Sinaloa, por tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio.

Cabe recordar que para poder atrapar al exjefe del Cártel de Sinaloa, agentes federales tuvieron que arrestar a los técnicos que manejaban los sistemas de comunicación usados por los cárteles.

El plan les funcionó para capturar y enjuiciar en Estados Unidos al narcotraficante más buscado. Y es que las autoridades necesitaron primero a Vicent Ramos, director ejecutivo de la compañía Phantom Secure, luego cayeron sus peligrosos clientes: operadores del Cártel de Sinaloa en California, entre otros delincuentes.

Durante años “El Chapo” habló cómodamente y con “seguridad” sobre sus negocios ilícitos con funcionarios corruptos, su esposa Emma Coronel, con sus amantes y hasta con Kate del Castillo, actriz mexicana.

En la carpeta de investigación consta que por medio de esos teléfonos los jefes del cártel conversaron sobre cargamentos de droga, homicidios, sobornos, y demás actos delictivos. Con ayuda de un hacker colombiano, se revelaron 1,500 conversaciones comprometedoras, de las cuales, en alrededor de unas 200 participó “El Chapo”.

Fue uno de los golpes más duros que recibió el mafioso sinaloense durante su proceso judicial: los audios y mensajes de texto que se recopilaron, se mostraron al jurado y lo hundieron legalmente.

Fuente: Infobae

México

Detienen a otro presunto implicado en el homicidio de Carlos Manzo en Uruapan

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Una nueva persona fue detenida en el marco de las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre, informó la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz. De acuerdo con la mandataria municipal, el arresto está relacionado con la gestión de mensajes en una plataforma digital utilizada para coordinar el ataque, específicamente un grupo de WhatsApp vinculado a la logística del crimen.

Quiroz precisó que la identidad del detenido no ha sido revelada, pero confirmó que su presunta participación se centró en la organización y comunicación previa al homicidio. Señaló que esta detención forma parte de los avances reportados por las autoridades tras la sesión de cabildo celebrada el 29 de diciembre, en la que se dio cuenta del estado que guardan las investigaciones.

La presidenta municipal sostuvo que el asesinato de Manzo fue una represalia directa por su labor de denuncia y por señalar presuntas irregularidades en la región. En ese contexto, calificó el año 2025 como un periodo devastador para la administración local, aunque reiteró que el gobierno municipal mantendrá el rumbo del movimiento independiente del sombrero y continuará trabajando bajo los principios que el funcionario defendía.

Quiroz reconoció que hasta el momento no ha sostenido una reunión formal con el fiscal del estado para abordar el caso, pero expresó su intención de concretar un encuentro en los próximos días con el objetivo de conocer a detalle el estatus jurídico de las personas detenidas y el avance de la carpeta de investigación.

Esta captura se suma a las detenciones previas de sujetos presuntamente vinculados con grupos de la delincuencia organizada que operan en Michoacán. Entre los procesados se encuentra Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado por las autoridades como el principal responsable intelectual del atentado. Las indagatorias indican que este individuo habría coordinado la ejecución mediante plataformas de mensajería instantánea, enviando instrucciones específicas y gestionando los pagos a quienes participaron en el ataque.

Por su perfil de peligrosidad, “El Licenciado” fue trasladado del centro penitenciario de Morelia al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. La Fiscalía ha presentado como evidencia diversas comunicaciones digitales en las que se detallan órdenes y promesas de compensación económica relacionadas con el homicidio.

Las autoridades estatales mantienen abierta la investigación con el objetivo de desarticular por completo la red que facilitó el ataque, mientras el gobierno municipal de Uruapan continúa operando bajo un esquema de vigilancia especial.

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