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La FGR analizará irregularidades de miles de mdp en reclusorios durante gestión de Felipe Calderón

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El viernes, durante su ya clásica conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recordó que se logró un acuerdo con las empresas privadas a las que se les asignaron contratos leoninos para que manejaran reclusorios.

El presidente informó que se envió a la Fiscalía General de la República (FGR), el expediente relacionado con dichos contratos, por una serie de irregularidades, entre ellas, que fueron asignaciones directas de los contratos y no hubo licitaciones. Dijo que será la Fiscalía la que resolverá el caso, y aclaró que desde que tomó posesión, sostuvo que en el caso de los expresidentes solo si existían expedientes de ciudadanos, y si lo aprobaba la gente en una consulta, se podía llevar a cabo el juicio contra los expresidentes.

“Se logró un acuerdo de una disminución del 15% (…), sin embargo se envió a la Fiscalía el expediente por una serie de irregularidades, por decir lo menos, baste señalar que no hubo licitaciones, fueron asignaciones directas, estamos hablando de miles de millones de pesos, por eso se envió”, dijo el mandatario.

Y mencionó que “va a ser la Fiscalía la que va a resolver, pero quiero aclarar algo, desde que tomé posesión sostuve que en el caso de los expresidentes solo si existían expedientes de personas, de ciudadanos, si lo aprobaba la gente en una consulta, en mi opinión se podía llevar a cabo el juicio contra los expresidentes, que yo soy partidario de que se vea hacia adelante”, dijo el presidente López Obrador.

Fue el pasado mes de enero que López Obrador dio a conocer los contratos que se otorgaron a particulares para la administración de ocho centros penitenciarios, en el sexenio de Felipe Calderón, y cuando era secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

“(Vamos a informar) También lo de la privatización de los reclusorios como un ejemplo de las atrocidades que hicieron durante el periodo neoliberal , los negocios del sector privado y del sector público, esa mezcolanza , esa vinculación estrecha entre los negocios privados y los negocios públicos, o cómo se hacían los negocios privados al amparo del poder público, como se alimentaban se nutrían los poderes, el poder económico y el poder público con este tipo de negocios.

Para que se sepa por qué no podemos continuar con el antiguo régimen, y por qué quieren regresar quienes cometieron estos atracos estos fraudes al pueblo a la nación”, indicó el mandatario mexicano en aquella ocasión.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que tan solo en el 2020 se pagaron 15.000 millones de pesos en los reclusorios privados. El costo mensual por cada interno se estimaba en 114.588 pesos , y en promedio al día, un poco más de 3.000 pesos.

El presidente López Obrador informó que el expediente se pasó a la FGR. Foto: Presidencia de MéxicoEl presidente López Obrador informó que el expediente se pasó a la FGR. Foto: Presidencia de México

El presidente mexicano informó que hay una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los penales privados contra de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, preso en Estados Unidos acusado de vínculos con el Cártel de Sinaloa; además, refirió que dio instrucciones al consejero jurídico de la Presidencia para llegar a un acuerdo con las empresas que administran los penales.

“Y si hay voluntad para que haya un acuerdo, se debe de lograr un acuerdo para que haya un beneficio en la Hacienda pública”, dijo el mandatario.

Posteriormente, en el mes de abril, también el presidente indicó que logró llegar a “un buen acuerdo” con las empresas que tienen contratos para administrar reclusorios en el país que se dieron durante el sexenio de Felipe Calderón.

López Obrador anunció que logró a un acuerdo con las empresas que administran 12 reclusorios por el que se ahorrará 15% de los 276 mil millones de gasto en 20 años, es decir, 41 mil mdp menos y las instalaciones pasarán a formar parte del patrimonio nacional.

“Es un buen acuerdo, una buena noticia, se firmaron estos contratos muy leoninos , es decir muy favorables para las empresas y muy malos para la Hacienda pública, para el pueblo”, dijo AMLO en aquella ocasión.

México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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