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México

La fortuna que Lozoya nunca reportó en sus declaraciones patrimoniales

Los archivos compartidos en la investigación de FinCEN Files revelan que Tochos Holding, la empresa a la que Emilio Lozoya desvió sobornos de Odebrecht, operó dos cuentas en Suiza: una en el banco UBS y otra en Morgan Stanley.

Sin embargo, ambas cuentas fueron omitidas por Emilio Lozoya en su declaración patrimonial cuando fue director de Pemex, según corroboró MCCI.

El pasado 11 de agosto, cuando Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos por el caso Odebrecht, confesó que él se había quedado con la mitad de los fondos que la empresa brasileña había destinado para apoyar la campaña del PRI en 2012, y que ese dinero lo había transferido a una cuenta en Suiza a nombre de Tochos.

De 3.1 millones de dólares que Odebrecht aportó para la campaña de Peña Nieto, 1.6 millones se destinaron a pagar asesores electorales y el remanente de 1.5 millones fueron depositados en una cuenta de Tochos en el banco UBS de Suiza. De esa cuenta salieron las transferencias con las que Lozoya adquirió su casa en Lomas de Bezares, en la ciudad de México, y la mansión a nombre de su esposa en Ixtapa, según documento MCCI en dos reportajes publicados en junio de 2019.

En su declaración patrimonial de 2013, Lozoya reportó tener 10 cuentas en Banamex, BBVA, UBS, Bank of America, Precise Securities y el Commerzbank en las que en conjunto tenía 261 mil pesos, 250 mil dólares, 5 mil 172 francos suizos y un millón 615 mil euros.

Pero aquel mismo año, en un documento interno obtenido por MCCI, el banco UBS mencionaba que su cliente Emilio Lozoya poseía un patrimonio total de 8 millones de francos suizos (equivalente a más de 100 millones de pesos al tipo de cambio de entonces), de los cuales 3 millones eran activos negociables, otros tres millones en bienes inmuebles y dos millones en otros valores, entre los que se incluyeron su colección de relojes finos y obras de arte.

En sus declaraciones patrimoniales de 2014 y 2015, Lozoya reportó la apertura de una cuenta en Morgan Stanley en Suiza –que no era la de Tochos- con un saldo máximo de 30 mil dólares, la cual canceló en 2015. Además informó poseer acciones en las empresas JFH Holding (que luego cambió al nombre de Lucrum Finanz) en Luxemburgo; Elmo y All-Me Hamburg en Alemania y Royal Exchange Teg Capital Limited en el Reino Unido.

Fuente: Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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