A quien creerle

En el tejido constitucional de una república democráticacomo lo es México, la división de poderes emerge como un pilar fundamental, un baluarte que resguarda la esencia misma de la democracia y protege los derechos y libertades de los ciudadanos. Este principio, originario de las enseñanzas de Montesquieu, se ha erigido como una salvaguardia crucial contra la tiranía y el abuso de autoridad.

La división de poderes implica la distribución de las funciones del gobierno en tres ramas independientes: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cada uno de estos poderes opera con autonomía y controla al otro, formando un sistema de contrapesos que asegura que ningún componente del gobierno acumula demasiado poder.

El poder legislativo, encargado de la creación de leyes, representa la voz del pueblo. Este cuerpo colegiado debe ser independiente y capaz de ejercer su deber de fiscalización sobre las acciones del ejecutivo. La transparencia y la rendición de cuentas se convierten así en principios cardinales que refuerzan la confianza ciudadana en sus representantes.

Por otro lado, el poder ejecutivo, encabezado por el presidente, lleva a cabo las políticas públicas y administra el Estado. Sin embargo, su actuación se halla limitada por la supervisión del legislativo y la imparcialidad judicial. Este equilibrio evita la concentración excesiva de poder en manos de un solo individuo, previniendo desviaciones hacia la autocracia.

El poder judicial, la tercera columna, se erige como el guardián de la legalidad. Independiente y libre de presiones políticas, el sistema judicial garantiza que las leyes se interpretan y aplican de manera imparcial. Esta función crítica no solo impide la arbitrariedad, sino que también permite la corrección de posibles injusticias y la protección de los derechos individuales.

La importancia de esta división radica en su capacidad para preservar el sistema democrático frente a las amenazas internas y externas. En un mundo caracterizado por cambios vertiginosos, la estabilidad política se vuelve esencial, y la división de poderes actúa como un contrapeso ante cualquier intento de monopolización del poder.

En sociedades democráticas consolidadas, esta división también fortalece la capacidad de adaptación del sistema. Las diferentes ramas del gobierno, al operar de manera independiente, pueden reaccionar ágilmente a las demandas cambiantes de la sociedad. Esto asegura que la legislación evolucione de acuerdo con las necesidades y valores contemporáneos.

No obstante, la eficacia de la división de poderes depende de su preservación y respeto. La instrumentalización con finos partidistas o la erosión de la independencia judicial amenazan el equilibrio que tanto ha establecido. La sociedad debe permanecer vigilante y comprometida con la defensa de estos principios, reconociendo que la fortaleza de la democracia radica en la integridad de sus instituciones.

Todo este análisis de política básica de Montesquieu, no sé si es por mis recientes petit déjeuner con el inquilino Franco Mexicano que habita en mi casa o es parte de la danza política que vemos a través de las pantallas de la última semana, donde inician las precampañas del ejecutivo, los partidos postulantes están a horas de definir sus alianzas legislativas y los jurídicos se disputan los espacios locales y federales en el judicial.

La cuestión es La République está afianzada para los vaivenes futuros o tendremos episodios de vacíos de poder y protagonismos incipientes como los vividos en la Macroplaza.

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx