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Opinión

La gran división. Por Raúl Saucedo

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A quien creerle

En el tejido constitucional de una república democráticacomo lo es México, la división de poderes emerge como un pilar fundamental, un baluarte que resguarda la esencia misma de la democracia y protege los derechos y libertades de los ciudadanos. Este principio, originario de las enseñanzas de Montesquieu, se ha erigido como una salvaguardia crucial contra la tiranía y el abuso de autoridad.

La división de poderes implica la distribución de las funciones del gobierno en tres ramas independientes: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cada uno de estos poderes opera con autonomía y controla al otro, formando un sistema de contrapesos que asegura que ningún componente del gobierno acumula demasiado poder.

El poder legislativo, encargado de la creación de leyes, representa la voz del pueblo. Este cuerpo colegiado debe ser independiente y capaz de ejercer su deber de fiscalización sobre las acciones del ejecutivo. La transparencia y la rendición de cuentas se convierten así en principios cardinales que refuerzan la confianza ciudadana en sus representantes.

Por otro lado, el poder ejecutivo, encabezado por el presidente, lleva a cabo las políticas públicas y administra el Estado. Sin embargo, su actuación se halla limitada por la supervisión del legislativo y la imparcialidad judicial. Este equilibrio evita la concentración excesiva de poder en manos de un solo individuo, previniendo desviaciones hacia la autocracia.

El poder judicial, la tercera columna, se erige como el guardián de la legalidad. Independiente y libre de presiones políticas, el sistema judicial garantiza que las leyes se interpretan y aplican de manera imparcial. Esta función crítica no solo impide la arbitrariedad, sino que también permite la corrección de posibles injusticias y la protección de los derechos individuales.

La importancia de esta división radica en su capacidad para preservar el sistema democrático frente a las amenazas internas y externas. En un mundo caracterizado por cambios vertiginosos, la estabilidad política se vuelve esencial, y la división de poderes actúa como un contrapeso ante cualquier intento de monopolización del poder.

En sociedades democráticas consolidadas, esta división también fortalece la capacidad de adaptación del sistema. Las diferentes ramas del gobierno, al operar de manera independiente, pueden reaccionar ágilmente a las demandas cambiantes de la sociedad. Esto asegura que la legislación evolucione de acuerdo con las necesidades y valores contemporáneos.

No obstante, la eficacia de la división de poderes depende de su preservación y respeto. La instrumentalización con finos partidistas o la erosión de la independencia judicial amenazan el equilibrio que tanto ha establecido. La sociedad debe permanecer vigilante y comprometida con la defensa de estos principios, reconociendo que la fortaleza de la democracia radica en la integridad de sus instituciones.

Todo este análisis de política básica de Montesquieu, no sé si es por mis recientes petit déjeuner con el inquilino Franco Mexicano que habita en mi casa o es parte de la danza política que vemos a través de las pantallas de la última semana, donde inician las precampañas del ejecutivo, los partidos postulantes están a horas de definir sus alianzas legislativas y los jurídicos se disputan los espacios locales y federales en el judicial.

La cuestión es La République está afianzada para los vaivenes futuros o tendremos episodios de vacíos de poder y protagonismos incipientes como los vividos en la Macroplaza.

@Raul_Saucedo

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Opinión

El agua y la sed de poder. Por Caleb Ordóñez T.

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La crisis del agua en el norte de México ya dejó de ser un tema técnico. Hoy es un asunto político, económico y profundamente social. Porque cuando un país empieza a preguntarse si tendrá suficiente agua para producir, crecer y vivir, deja de hablar del clima y empieza a hablar de poder. En paralelo, México vive uno de sus momentos más prometedores en décadas con el boom del nearshoring, es decir, la decisión de empresas globales de mover sus fábricas más cerca de Estados Unidos para reducir costos, tiempos y riesgos. La narrativa suena poderosa: más inversión, más empleos, más desarrollo. Pero hay una pregunta incómoda que empieza a pesar más que cualquier discurso: ¿con qué agua se va a sostener ese crecimiento con la inminente sequía que viene?

Caleb Ordoñez

El nearshoring no funciona solo con tratados ni con entusiasmo económico. Necesita energía constante, infraestructura eficiente y enormes -inmensas- cantidades de agua. Y ahí aparece el verdadero problema: las regiones más atractivas para esta inversión son también las más presionadas por la sequía. Estados como Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Baja California y Tamaulipas concentran esta paradoja. Son motores industriales, puertas de entrada al mercado estadounidense y piezas clave del nuevo mapa económico de América del Norte, pero al mismo tiempo enfrentan niveles de estrés hídrico cada vez más preocupantes. El norte del país se está volviendo más competitivo hacia afuera, pero más vulnerable hacia adentro.

Y no es solo que falte agua, sino cómo la usamos. En México, la mayor parte del consumo se destina al sector agropecuario, mientras la industria crece y las ciudades se expanden con rapidez. Los acuíferos, muchos ya sobreexplotados, no logran recuperarse al ritmo de la demanda. Aquí entra un concepto clave que pocas veces se explica con claridad: la disponibilidad de agua. No significa simplemente que exista agua en el territorio, sino que esté disponible de forma constante, accesible en costos, con calidad adecuada y con infraestructura suficiente para captarla, tratarla y distribuirla. Y hoy, en buena parte del norte del país, esa ecuación ya no está garantizada. El riesgo no es futuro, es presente.

Cuando el agua empieza a escasear, la política inevitablemente entra en escena. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, este puede convertirse en uno de los temas más delicados de su administración. Porque el discurso de crecimiento impulsado por el nearshoring puede chocar directamente con la realidad cotidiana de millones de personas que empiezan a resentir cortes, baja presión o incertidumbre sobre el abasto. Y cuando la gente percibe que el desarrollo económico compite con su acceso a un recurso básico, el problema deja de ser técnico y se vuelve emocional.

Ahí es donde la oposición encuentra terreno fértil. En estados donde históricamente el PAN y el PRI han tenido estructuras políticas, empresariales y sociales muy sólidas (como Nuevo León, Chihuahua o Coahuila), una crisis de agua sostenida puede traducirse en algo muy concreto: voto de castigo. La narrativa es simple y poderosa: “llegó la inversión, pero se fue el agua”; “prometieron desarrollo, pero no aseguraron lo básico”. Y cuando esa percepción se instala en la conversación pública, los equilibrios políticos cambian. Morena no solo enfrenta un reto de gestión, enfrenta un reto de narrativa, que si no se preparan, será imposible de solucionar.

Pero hay algo todavía más delicado. El agua ya no solo genera escasez, empieza a generar tensión. Conflictos entre sectores productivos, entre comunidades, entre zonas urbanas y rurales. Cuando el recurso se vuelve limitado, también se vuelve motivo de disputas y violencia. Lo que hoy son señales de estrés mañana pueden convertirse en conflictos abiertos si no se actúa con visión de largo plazo.

Por eso este no es solo un problema de gobierno, es un reto de país. Cuidar el agua no puede quedarse en campañas o discursos, tiene que convertirse en cultura, en educación, en disciplina cotidiana. Tenemos que enseñar —y aprender— que el agua no es infinita, que abrir la llave no es automático, que cada decisión cuenta. Porque al final esto va mucho más allá de la política o la economía. Un país que no cuida su recurso más vital no solo pone en riesgo su crecimiento, pone en riesgo su estabilidad. Y cuando el agua empieza a escasear, lo primero que se seca no es la tierra, es la paciencia social.

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