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La iglesia para rezar. la escuela para enseñar por VICTOR OROZCO

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El papa Benedicto XVI ha venido a México entre otros propósitos con el de promover la libertad religiosa, dice. Sabe de seguridad que en este país existe tal libertad desde el 4 de diciembre de 1860, cuando la proclamó el gobierno republicano. Y sabe también cómo alcanzar el ejercicio de tal derecho costó  los mexicanos  ríos de sangre, brotados de la oposición ofrecida por la iglesia católica, la cual condenó, excomulgó y combatió con todo lo que pudo a quienes defendieron esa libertad. Y que financió, armó y alentó también con todo lo que estuvo en sus manos a los ejércitos enemigos del derecho de este pueblo a tener o no tener creencias religiosas. Tragedias similares ocurrieron a los franceses, españoles, italianos, brasileños, argentinos, peruanos…etc. ¿De dónde pues, esta cantaleta de la «libertad religiosa», en boca de sus peores adversarios?.

La metamorfosis de verdugos de la libertad de creencias en adalides de la misma, no proviene como puede suponerse, del abandono a la vieja idea del dominio absoluto de las conciencias y de los actos de los humanos, sino de la adecuación a los tiempos, en los cuales es inconcebible el regreso a la religión de Estado, única y excluyente, como se consignaba en los códigos políticos del pretérito. ¿Cómo se puede, en los países occidentales, apoyar alguna constitución bárbara en cuyos preceptos se reinstalaran las prohibiciones, matanzas y persecuciones desatadas en nombre de la «religión verdadera»?.  No es posible, ni siquiera para los ultramontanos o extremistas religiosos. Entonces, se buscan otros instrumentos. Los dos principales son el control de los medios de comunicación y la impartición de educación religiosa en las escuelas públicas. Ambos, constituyen el núcleo de la libertad religiosa pregonada por los dirigentes de las burocracias eclesiásticas y políticas confabuladas en un sólo objetivo: conservar el dominio de la sociedad, reproduciéndose y auxiliándose constantemente.

Allí donde es posible instalar un estado con prácticas confesionales, aunque se declare aconfesional o laico, la jerarquía católica copa todos los espacios a su alcance. Veamos el caso de España, donde los problemas derivados de la confusión entre la religión y la política, entre el Estado y la iglesia católica, son el origen de una división antigua, profunda e irreconciliable en la sociedad. En el país ibérico, gracias al Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede firmado en 1979, (sustituto del viejo concordato), el cual tiene rango de tratado internacional, pues es celebrado entre dos entidades soberanas, la iglesia católica disfruta de privilegios insostenibles en otras latitudes. Participa de un porcentaje determinado en el monto global recaudado en el impuesto sobre la renta de personas físicas, mismo que el año pasado importó la suma de 260 millones de euros, casi cuatro mil quinientos millones de pesos mexicanos. Pero no sólo, además, el Estado debe pagar el salario de 25,000 profesores encargados de impartir educación religiosa en las escuelas oficiales y designados por los obispos en cada diócesis. Este régimen heredado del franquismo, se sostiene desde luego en la enorme influencia que cobra la jerarquía eclesiástica en la estructura del gobierno y en el conjunto de las instituciones públicas. Se trata de un poder fáctico cuyo peso específico desequilibra la vida política española. Jurídicamente, estos derechos de la iglesia católica, están salvaguardados por un tratado internacional, como he mencionado. La corte del Vaticano, -no lo digo en sentido peyorativo, pues se trata de una estructura monárquica- ostenta así dos personalidades: su titular es a la vez jefe religioso y jefe de Estado. De esta suerte, puede exigir para el primero en nombre del segundo. El gobierno español carece de facultades para eliminar estos privilegios y aberraciones decimonónicas, ni aún por acuerdo de sus órganos legislativos, toda vez que los tratados celebrados con otros Estados, se encuentran por encima de la ley interna. Se requiere la denuncia del instrumento en el cual se fincan, circunstancia que lleva el conflicto al plano de una disputa internacional. El candado es firme como se advierte y quizá al menos en este punto, Francisco Franco, el «caudillo de España por la gracia de Dios», no se equivocó cuando dijo en vísperas de su muerte que «todo estaba atado y bien atado».

Uno tras otro, los voceros de la iglesia católica insisten en establecer en México la enseñanza religiosa en las escuelas estatales. Algún obispo se preguntaba, haciendo gala de socarronería, quien iba a pagar a esos docentes confesionales. Obviamente no se requiere mucha imaginación para suponer que como en España, los dineros saldrían de los impuestos, de todos los mexicanos, católicos o no, creyentes o no. En noviembre del año pasado, los obispos reunidos en su conferencia episcopal, tuvieron una junta con el presidente de la República y le presentaron la propuesta-exigencia. Si la constitución política establece que el mexicano es un Estado laico, pues no la modifiquemos dicen los clérigos, hagámonos de la vista gorda y digamos con su santidad Benedicto XVI, que «…la educación de  una confesión religiosa en las escuelas públicas, lejos de significar que el Estado asume o impone una creencia religiosa particular, indica el reconocimiento de la religión como un valor necesario para la formación de la persona”. Pero entonces, no inculquemos religión alguna, con sus dogmas y sus fantasías, sino enséñese historia de las religiones, de la culturas religiosas, de todos estos procesos como resultantes históricas, de manera tal, como decía un profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, que el educando conozca las razones por las cuales él es católico y su compañero de al lado es protestante o testigo de Jehová. Obviamente ésta no es la idea de aquellos que claman por la «libertad religiosa», sino la de imponer desde las aulas una concepción, unos usos, una visión del mundo acordes con los de la iglesia católica y más aún, de quienes la dirigen y administran. ¡Ésta es la libertad religiosa por la cual tanto disputan ahora clérigos y políticos!.

Ahora bien, ¿Es la mayoría de los mexicanos conforme con la terminación del Estado laico?. ¿Con la introducción de la educación confesional en las escuelas oficiales?. ¿Con la ilimitada participación de los sacerdotes en actividades políticas, incluyendo su postulación para cargos públicos? ¿Con el financiamiento con dineros fiscales para las actividades de las iglesias, preponderantemente de la católica?. Todas las encuestas dicen que no. El pueblo mexicano es mayoritariamente católico, cierto, pero hay arriba de veinte millones de habitantes de otras confesiones o de ninguna. Y, entre los declarados católicos, prevalecen, sin ninguna duda la sensatez, el amor a la libertad, el espíritu de la tolerancia y la pluralidad. Quizá por ello, los legisladores confabulados con los dignatarios eclesiásticos para asaltar una por una a las instituciones republicanas, dan golpes de mano y no se atreven a desarrollar consultas cada vez que reforman las leyes para imponer marchas hacia el pasado. Un pasado, por cierto que los mexicanos no olvidamos, ni en lo que tiene de glorioso por cuanto nos colocó entre las naciones más avanzadas del mundo cuando el gobierno de Benito Juárez expidió la ley de la libertad religiosa, ni en lo que tiene de oprobio, cuando las cúpulas clericales y políticas provocaron guerras fratricidas para evitar las emancipaciones, económicas y culturales.  La iglesia para rezar, la escuela para enseñar, es una frase con la cual muy pocos mexicanos están en desacuerdo, en ella se sintetizan estos sólidos aprendizajes históricos.

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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