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México

La ilegalidad, el problema de Uber: taxistas

Los taxistas de la Ciudad de México no aceptarán las operaciones de servicios de transporte como Uber y Cabify en la calles de la capital, pese a las intenciones del gobierno local por regularizarlas.

En conferencia de prensa este miércoles a las afueras del edificio del ayuntamiento, Daniel Medina, vocero de la asociación de Transportistas Unidos de la Ciudad de México (TOCDMX), insistió en la ilegalidad en la que se mueven estas empresas, “aprovechando la necesidad de los mexicanos para incitarlos a delinquir”.

Una fortuna ilegal que ya alcanzó los 40,000 millones de dólares, al aprovechar las ventajas tecnológicas para burlar las leyes de tránsito de varios países”, señaló el dirigente.

Medina recalcó que los conductores y los usuarios de Uber —un servicio en el que el transporte se contrata a través de una aplicación de teléfono móvil— no tienen protección alguna, citando lo dispuesto en el sitio web de la empresa que señala su función solo como un intermediario.

La semana pasada, la asociación de taxistas mantuvo un encuentro con autoridades del gobierno capitalino. Entre los acuerdos citados este miércoles está la realización de operativos por parte del Instituto de Verificación Vehicular del Distrito Federal (Invea) y que la Secretaría de Seguridad Pública aplique el reglamento de tránsito en estos casos.

El Invea informó que dentro de sus operativos de patrullaje se contempla la detención de automóviles de Uber y Cabify al no contar con una concesión o permiso oficial.

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, negó que hubiera una persecución contra estas unidades y dijo que solicitó al titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) presentar una propuesta de solución, entre ellas, que operen bajo el marco legal tanto en concesión como tarifas, al igual que los demás taxistas.

Pero aún con una regularización de Uber y Cabify, TOCDMX considera que sigue habiendo un problema de legalidad si se pretende cambiar de manera “unilateral” los derechos y obligaciones que emanan de la Ley de la Movilidad.

“La ley establece procedimientos legales para poder generar concesiones en la ciudad, si damos por cierto que la Ciudad de México es la ciudad con más taxis en el mundo, esto invalida la pretensión del gobierno de dar más concesiones que sólo provocarían más sobreoferta en el servicio y más empobrecimiento del sector, lo estrangularía”, dijo a CNNExpansión Ignacio Rodríguez, otro de los vocero de TOCDMX.

Rodríguez incluso indicó que para evitar prácticas monopólicas un concesionario tiene derecho solo a cinco concesiones, “¿cómo pretenden concesionar por miles a estas empresas extranjeras?”, añadió.

Durante la conferencia de prensa, Rodríguez aseguró que el gobierno de la Ciudad de México ha propuesto crear una aplicación móvil parecida a la de Uber para todos los taxistas, la cual sería administrada por el mismo gobierno capitalino, aunque hay aristas al respecto.

“No contamos con ese gran capital para la campaña de publicidad que Uber está haciendo, sobre todo en los medios electrónicos”, dijo en conferencia el vocero de la asociación de taxistas.

TuTaxi y Génesis, son algunos de los grupos de taxistas que ya manejan aplicaciones para conectarse con sus usuarios, una idea que para Rodríguez es funcional siempre y cuando sea con taxis legalmente concesionados.

“Estamos aplicándonos el sentido que nos marca la modernidad, estamos denunciando que se haga de manera ilegal”, aseguró Ignacio Rodríguez.

Fuentes de Uber dijeron no contar con una postura ante especulaciones sobre este tema. Mientras que Cabify aseguró no tener comentario o postura hasta el momento.

cnnexpansion

Foto: Jorge Eduardo Gómez.

Las redes sociales, el nuevo frente en esta batalla

Usuarios de Twitter en México han hecho tendencia la etiqueta #UberSeQueda que para los taxistas del DF no es más que una campaña manipulada y financiada por la misma compañía con sede en San Francisco, California.

“Hay los llamados bots que se encargan, todo el día y por diferentes cuentas de Twitter, de estar subiendo estos mensajes; el texto es el mismo”, apuntó Ignacio Rodríguez a medios, y señaló que es una forma de “desacreditar” a su gremio.

Daniel Medina cuestionó la propuesta del Jefe de Gobierno de regularizar Uber y consideró que es solo una respuesta ante presión generada por este activismo en redes, el cual es propiciado por el acuerdo al que la asociación de taxistas llegó con las autoridades capitalinas.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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