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La industria de la chatarra gana; Juez frena nuevo etiquetado

El Juzgado Séptimo de Distrito de Materia Administrativa concedió a la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Conacamin) la suspensión provisional de la Norma NOM-051 que haría obligatorio un nuevo etiquetado frontal en alimentos y bebidas no alcohólicas en México.

La modificación a la Ley General de Salud que incluye la NOM-051 fue aprobada en enero pasado para que los productos que contengan altos niveles de azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías lleven un nuevo etiquetado frontal.

La medida generó inconformidad entre los empresarios de la industria agroalimentaria, quienes acusaron que no fueron escuchados en el proceso de consulta y echaron a andar toda su maquinaria, la cual incluyó cabildeos con gobiernos de Estados Unidos y Suiza para evitar la nueva norma y acciones legales como la que este domingo informó la Concamin, organismo miembro del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

De acuerdo con un comunicado del CCE, el pasado 26 de febrero el Juzgado concedió la suspensión provisional y en consecuencia, se paraliza el proceso de publicación de la norma.

Insistió en que la NOM-051 no permitía a los consumidores tener la información adecuada para tomar las mejores decisiones para su alimentación.

“La suspensión otorgada por el Poder Judicial representa una nueva oportunidad para continuar un diálogo abierto, propositiva e incluyente con las autoridades, los expertos y la sociedad en general, para crear el mejor etiquetado posible en favor de los mexicanos”, expuso el CCE.

El sector empresarial hizo un llamado a las autoridades para impulsar una estrategia integral de salud y un etiquetado frontal que advierta, informe, incentive, esté basado en evidencia científica y sea congruente con el marco jurídico nacional e internacional.

El pasado 4 de febrero, las organizaciones civiles que integran la Alianza por la Salud Alimentaria denunciaron que la industria de alimentos ultraprocesados en México tiene “secuestrado” el paladar de los niños, de las familias, y secuestra el derecho a decidir en libertad qué consumir, por ello se opone al nuevo sistema de etiquetado.

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, aseguró en esa ocasión que la industria de alimentos se opone por el temor de que sus ventas de reduzcan sin importarles que la reforma busca contrarrestar la epidemia de obesidad y diabetes que enfrenta México al ofrecer a las y los consumidores más información sobre los productos que consume.

El sobrepeso y la obesidad afecta a tres de cada cuatro mexicanos y es un problema de salud que le cuesta al país el 5.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El sistema de etiquetado vigente en México –el que vemos en la parte inferior de los paquetes– es el de Guías Diarias de Alimentación (GDA), que consiste en mostrar los porcentajes de azúcares totales, grasa saturada, otras grasas, sodio y calorías de una porción del producto respecto a las cantidades recomendadas en una dieta de 2 mil kilocalorías.

Pero con el nuevo etiquetado todos los productos incluirán etiquetas con advertencias como: “Alto en calorías”, “Alto en sodio” y “Alto en grasas saturadas”.

Fuente: SinEmbargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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