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Política

La iniciativa de Morena Contra la SCJN

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  1. La diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, de Morena, ha propuesto una iniciativa para contenerlas opciones y el poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La iniciativa de Morena plantea una reforma que ayude a “prohibir la posibilidad de que se invalide la Constitución por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Se tendría que modificar el artículo 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 constitucional, según la propuesta de la diputada morenista.

“La finalidad de este proyecto legislativo es restringir la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda invalidar la Constitución, o decretar la invalidez de leyes con base en la apreciación de que alguna norma constitucional es inválida”.

“Esta iniciativa trata de limitar el poder político de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la posibilidad de caer en la tentación de inaplicar un precepto constitucional o interpretarlo de tal manera que le resten validez y eficacia”, expone el texto de Reyna Ascencio.

La pregunta es si la Suprema Corte puede invalidar un precepto constitucional, y la respuesta es que no, según la legisladora.

Si se respondiera que sí a esta pregunta, añade, la supremacía sobre un precepto constitucional sería de la Suprema Corte y no “del pueblo”.

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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