En lo que se perfila como la más atroz guerra de denuncias entre sectores del oficialismo, de la oposición y entre antiguos amigos y actuales adversarios, este jueves fue arrojada una nueva bomba. El Ministerio Público de Brasilia abrió una investigación formal para determinar si el ex presidente Lula da Silva incurrió en el delito de “tráfico de influencia” en relación al grupo económico brasileño Odebrecht.

Según las sospechas levantadas por los fiscales, Lula habría intercedido para que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) financiara obras de la empresa en el exterior. Las averiguaciones se refieren a hechos que ocurrieron bastante después que el ex presidente dejara el poder. Se trata de un viaje realizado por él en 2013 a Cuba, República Dominicana y Estados Unidos, que fue financiado por la constructora. Oficialmente esa gira no tuvo ninguna relación con actividades de la firma en el exterior.

Al tiempo que se divulgaba la decisión de la fiscalía sobre Lula, trascendía un documento, en manos del diario carioca O Globo, que obtuvo el texto completo de la delación de uno de los testigos en el caso conocido como Lava Jato, que reveló un amplio esquema de coimas en la petrolera estatal brasileña Petrobras. Según ese dossier, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, “pidió” coimas por 5 millones de dólares para él. Quién hizo la afirmación fue el empresario Julio Camargo, consultor de las firmas Camargo Correa y Toyo Setal. En declaraciones a la justicia, el hombre aclaró que el titular de la Cámara Baja le había pedido “personalmente” ese dinero a cambio de “facilitar” a las firmas Toyo y Camargo un contrato de Petrobras por la adquisición de navíos sonda utilizados en alta mar.

Consultado por Globo, Cunha acusó al testigo de “mentiroso” y dijo que “está claro que fue presionado a realizar esa denuncia. Ahora tiene que probar que es verdad”.

Como ya es público y notorio en Brasil, el líder de Diputados tiene una pésima relación con el gobierno de Dilma Rousseff, aun cuando pertenezca al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (el PMDB) parte de la alianza oficialista. A esa agrupación pertenece también el vice de Dilma. Este diputado, que asumió la conducción de la Cámara al acumular fuerzas entre legisladores del “piso inferior” (como ellos mismos llaman a las bases parlamentarias), es uno de los pilares en grupos de políticos donde se mezclan presuntos oficialistas con dirigentes de la oposición, todos ellos movidos por la intención de derribar a la presidenta por la vía del juicio político.

En relación a la iniciativa del ministerio público contra Lula, los fiscales afirman querer determinar si el líder del Partido de los Trabajadores tuvo algo que ver con un crédito del BNDES recibido por la constructora Odebrecht, por un valor de 1.600 millones de dólares, pocos días después que el grupo financiara un viaje del ex presidente a las Naciones Unidas donde estuvo reunido con el presidente de Ghana y con el de República Dominicana.

Ayer, voceros del Instituto Lula revelaron su sorpresa ante la apertura de las investigaciones, solicitada por la fiscal Mirella de Carvalho Aguiar. Según la entidad, ellos le habían entregado a la fiscalía “un extenso y detallado informe” de las actividades de Lula durante esa gira. Desde hace casi un mes, el Ceo de Odebrecht está preso en dependencias de la policía federal, por denuncias de que la empresa habría formado un “club” donde grandes grupos brasileños se “dividían” las grandes licitaciones de Petrobras a cambio de pagar coimas con destino, especialmente, a partidos políticos y parlamentarios.

Los fiscales se ocuparon de aclarar que iniciar las averiguaciones, ante sospecha de delitos, no implica concretar una denuncia contra el ex presidente en la justicia federal, algo que va a depender de las informaciones que obtengan durante el procedimiento. Lo cierto es que los sabuesos introdujeron un componente explosivo en la ya complicada vida institucional de Brasil.

El Clarín