Conecta con nosotros

México

La mamá de “Rafa” Márquez, Diputada del PVEM, no presentó 3de3, y pide que “no la presionen”

 

Rosa Alicia Álvarez Piñones, Diputada Federal por el distrito 5 de Zamora de Hidalgo, Michoacán, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no ha hecho públicas sus posesiones ni en la declaración patrimonial que debió presentar al Congreso de la Unión ni en la plataforma 3de3, iniciativa en la que, desde su campaña en 2015, se negó a incluirse con un rotundo “no” y la frase “presionando de esa manera no se pueden hacer las cosas”.

La madre del futbolista Rafael Márquez Álvarez, señalado por el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos de estar en una red de prestanombres para lavar el dinero del narcotraficante Raúl Flores, tiene como único dato abierto de su vida empresarial que fue Vicepresidenta de la Liga Mexicana de Futbol Femenil. Lo puso en su ficha curricular en la Cámara de Diputados.

Pero nada más. Fuera de ello, en sus papeles reina la opacidad. De acuerdo con la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, parte sustancial del Sistema Nacional Anticorrupción, que entró en vigor el pasado 18 de julio y sustituye el ordenamiento de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las versiones públicas del peculio de los legisladores deben publicarse en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página del Congreso, pero hasta el momento no están disponibles en ninguno de los dos sitios.

De hecho, en junio de 2016, cuando esta ley fue debatida en la Cámara de Diputados, la diputada Rosa Alicia Álvarez fue una de las ausentes de la sesión, como consta en el registro del mismo Congreso. Otros faltistas del PVEM fueron José Antonio Arévalo González, Juan Manuel Celis Aguirre, Sasil Dora Luz de León Villard, Lía Limón García, José Refugio Sandoval Rodríguez y Diego Valente Valera Fuentes.

Alicia Álvarez preside una de las fundaciones de su hijo: Futbol y Corazón A.C, que sólo durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha recibido 77 millones de pesos en donativos, parte de ellos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

La fundación arrastró un adeudo hasta 2015 por una multa no pagada al Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero la Secretaría de Hacienda, en ese año a cargo de Luis Videgaray Caso, se la perdonó.

El último informe anual que presenta Fútbol y Corazón en formato digital es la que corresponde al año 2014. En este, reporta ingresos totales por 21 millones 899 mil 510 pesos, de los cuales, 19.4 millones fueron donativos en efectivo. De acuerdo con este mismo documento, durante ese año los egresos fueron de 21 millones 94 mil 198 pesos, lo que dejó un remanente de 805 mil 312 pesos.

En búsqueda de la declaración patrimonial de la legisladora Álvarez Piñones, este medio digital se dirigió a la coordinación de la Diputación del Partido Verde en la Cámara baja; pero la secretaria dijo que ese despacho estaba imposibilitado por ley a brindarlo. Fue muy enfática al indicar que será difícil tener acceso a esa declaración en la medida de que la Diputada no desea darle publicidad.

El Departamento del Tesoro de EU acusa a Rafael Márquez de ser testaferro del narcotraficante Raúl Flores Hernández, y a Futbol y Corazón la incluyó como una de las 42 empresas en México que apoyan el tráfico de drogas.

Hasta ahora, la legisladora del Verde no se ha manifestado públicamente sobre la situación de su hijo. Únicamente a través de un comunicado, su fracción parlamentaria tachó las acusaciones de EU sin fundamento y exigió una pronto aclaración.

En la plataforma 3de3 no hay nada bajo el nombre de la Diputada, progenitora de la joya del futbol nacional. De hecho, los integrantes de su partido, el Verde, no han sido proclives a transparentar su fortuna.

Sólo cinco diputados de los 42 que tiene este instituto político que en 2015 recibió multas millonarias por exceso de propaganda, han declarado en esa iniciativa ciudadana. Uno de ellos es Omar Noé Bernardino Vargas, de Michoacán, la misma entidad que representa Álvarez Piñones.

En 2015, la legisladora fue cuestionada respecto a su fortuna por el periodista Bruno Eduardo Aceves Alejandre, de Brunoticias. De aquella entrevista, y ahora que “Rafa” Márquez se encuentra en la turbulencia, relata: “Hace dos años, en una entrevista telefónica, pregunté a la Diputada por Zamora y representante en la Cámara de Diputados si iba a hacer pública su declaración 3de3. La respuesta fue un rotundo no, y se molestó tanto que nos dijo que ‘no podríamos presionarla de esa manera’, que no iba a hacer pública su 3de3 porque se ponía en riesgo su seguridad. Acto seguido, nos colgó el teléfono y tiempo después nos bloqueó de sus redes sociales”.

Al respecto, Rosa Alicia Álvarez Piñones señaló a SinEmbargo que ella no tiene nada que ocultar, que presentó su declaración patrimonial mientras fue funcionaria estatal y que lo están valorando en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la legisladora argumentó que por la situación de inseguridad muchos congresistas no hacen públicas sus declaraciones.

La Diputada por Zamora nos dijo textualmente: “Presionando de esa manera no se pueden hacer las cosas”.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto