Opinión

LA MARIGUANA por KAMEL ATHIE FLORES

ES SOBRE LA REFLEXIONMARIGUANA

“Para hablar de la mota, hay que haberla consumido…sufrido y dejado”

El expresidente Fox dejó la víbora chillando con el tema de la despenalización del consumo de la mariguana, tema por demás controvertido, en una sociedad que avanza hacia la descomposición, la miseria y la pobreza; angustiada por las desigualdades, el desempleo y la falta de ingresos, con graves deficiencias en coberturas y calidad de los servicios educativos y de salud.

Antier algunas personalidades destacadas como Pedro Aspe, Juan Ramón de la Fuente, Jorge Castañeda y Fernando Gómez Mont, siguieron la línea foxista y desde una mesa redonda llamaron a despenalizar la canabis índica.

¿Que implica la despenalización? ¿Es igual a legalización? Bueno, se entiende que permitirían el consumo…y al hacerlo habría que resolver los problemas de mercado DEMANDA-OFERTA. Si el consumirla no es ilegal, el producirla tampoco debe serlo. Entonces, si consumir mariguana no es un delito, tampoco lo será cultivarla y distribuirla. El gobierno desde luego mejorará su captación de impuestos.

¿Quienes serán los agraciados de enriquecerse a costas de destruir la salud de miles de mexicanos? ¿Cualquiera podrá hacerlo…los que ahora siembran maíz y frijol, en riego o temporal…o sólo un selecto grupo de empresarios a los que les pagarán facturas y ofrecerán calidad suprema y cantidades suficientes, bajo la formalidad de agricultura por contrato? Fox, más que puesto. La vendrán en presentación de cajetillas de cigarros…o de carrujos artesanales?

¿Y qué tal la distribución del enervante? También será un jugoso negocio. Y como todo se lo dan a los privados, a lo mejor ya existe un consorcio que garantizará la entrega oportuna a precios bajos. Tal vez el gobierno podría producirla a nivel de monopolio y distribuirla, como lo hace con Pemex, determinando centros de distribución como las gasolineras, o bien utilizar los OXXOs que tienen una impresionante cobertura. La Secretaría de Salud también podrá hacerlo en hospitales, clínicas y farmacias autorizadas.

A lo mejor no es necesaria toda la parafernalia descrita. ¡ Joder! Que cada quien la cultive en sus patios, macetas e invernaderos.

La mentada despenalización obligadamente implica legalización, donde se tienen que normar las fuerzas de mercado, para que de manera ordenada se cultive, distribuya y consuma. Debo suponer que en todo esto no habrá corrupción en ningun eslabón de la cadena…y que la oferta se ajustará a la creciente demanda.

Al revisar las estadísticas de consumo de enervantes en México, se puede constatar que ha venido creciendo aceleradamente, en especial la mariguana ¿Porqué habría que creer con la legalización éste habría de bajar? Por el contrario se va a disparar con todos los efectos nocivos que conlleva. ¿En los restaurants podrán fumarla en las áreas ya establecidas, o harán apartados especiales?

¿Porqué habría de suponer que la violencia tendería a bajar al despenalizar el consumo de mariguana? ¿Los cárteles se cruzarán de brazos o aplaudirán la medida? Claro que no! Estarían incidiendo en los que la producirán y distribuirán, ahora de manera más cómoda porque ellos ya no gastarán en insumos y costos de producción… y habrá pelea también por adueñarse de los procesos.

Los adictos a los enervantes, inhalantes, sicotrópicos, cocaina, sostienen que el consumo de cualquiera de ellos, es primo hermano de los otros…y que en un momento dado se vuelven “metodólogos” o sea se meten de todo.

A mi no me queda duda que la despenalización tendrá un impacto inmediato en el crecimiento del consumo, más aún con las bondades que ahora le atribuyen a la canabis, los jóvenes pensarán que es tan buena que hasta el gobierno la permite. El mayor consumo será directamente proporcional al incremento a los problemas de salud, como las enfermedades del corazón, enfisema pulmonar, problemas de salud mental y otros daños colaterales.

Si se asume la despenalización que al final es la legalización, se avanzará hacia la descomposición social y el costo de la salud públca y mental se disparará. Hay muchos efectos colaterales que deben estudiarse con detenimiento. Veremos qué pasa. [email protected]

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.