Connect with us

Chihuahua

La naturaleza del homicida en México

 De homicidas y asesinos estuvo lleno el sexenio. La información de todos los días revela que más mexicanos cometen este delito, pero poco se sabe sobre aquellos que accionan un gatillo, empuñan un arma blanca, estrangulan, torturan o envenenan a su víctima. Excélsior buscó en estudios y estadísticas cuáles son las características de los asesinos.

El asesino promedio es un hombre de entre 20 y 30 años. Su escolaridad: secundaria, en promedio; 60 por ciento usa armas de fuego, y en entidades como Sinaloa, 76 por ciento de las muertes dolosas de 2012, está de por medio al menos un disparo.

Reportes de las Estadísticas Judiciales en Materia penal del INEGI señalan que casi la mitad de los sentenciados por homicidio en 2011 estaba casado o vivía en unión libre, y perteneció a la economía informal.

También siete de cada diez homicidas sentenciados agredieron a su víctima en pleno uso de sus facultades mentales y consumaron la muerte al instante.

El 75 por ciento causó la lesión sobre la vía pública y el segundo sitio fue en un hogar. Los cuatro horarios más frecuentes para matar durante el sexenio fueron a medianoche, entre una y dos de la madrugada, las tres de la tarde y las ocho de la noche. Mayo y agosto son los meses que más muertes se registran.

A partir de 2011, Chihuahua redujo su índice de homicidios hasta en 30 por ciento, pero continúa siendo la entidad con más crímenes, afirmó Eduardo Sojo, presidente del INEGI.

Investigaciones arrojan que en la mayoría de los homicidios se determinó que el principal móvil fue por presunta rivalidad delincuencial del crimen organizado.

Hasta aquí las cifras ya revelaron varios aspectos sociodemográficos del homicida mexicano, sin embargo, el criminólogo Martín Barrón, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), cuestionó la legitimidad de las estadísticas, porque sólo cinco por ciento de los asesinatos en el país se resolvieron por investigación y los sentenciados por homicidio, apenas sumaron 997 en 2011.

“¿Cuántas víctimas se contaron indiscriminadamente por crimen organizado y no tenían ningún nexo?”, se preguntó.

Martín Barrón denunció que existen escenas del crimen en donde alguno de los peritos levantaron evidencias en tan solo una hora, cuando se necesitan al menos cuatro o cinco para desarrollar una línea de investigación, o casos más dramáticos, en los cuáles las autoridades ni siquiera entraron a ver el cuerpo.

El INEGI también especificó que sólo en el 74 por ciento de los homicidios se practicó una necropsia, procedimiento fundamental para determinar la posible causa de muerte. En estados como Guerrero, en tres de cada diez asesinatos se hizo este análisis científico.

El estudio en  más de 370 presos de alta peligrosidad en reclusorios y penales federales arroja algunas pistas para entender qué hay detrás de los asesinos mexicanos. Se encontró, por ejemplo, que en la población de multihomicidas es cinco veces más alta la prevalencia del Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), que en el promedio nacional.

Feggy Ostrosky, directora del laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiológica de la Facultad de Psicología de la UNAM, escogió para su investigación a los más de 370 homicidas, a través de escalas de sicopatías que ella misma estandarizó para la población mexicana, revisó sus expedientes criminales y estudió la genética de éstos.

“Quiero estudiar a sujetos que son realmente muy malos, que tienen la intención de causar daño físico y sicológico, como secuestradores, sádicos, torturadores”, dijo.

Con técnicas de neuroimagen y colocando electrodos en la cabeza para indagar en las diversas áreas del cerebro de los homicidas, la investigadora descubrió que hay asesinos que, aunque tienen claramente definido la diferencia entre el bien y el mal, no desarrollaron la parte emocional y carecen de inhibidores subconscientes que frenan a las personas a causar daño al prójimo.

“Me acuerdo de la historia de un sicario, a quien le pregunté: ¿Tú cómo te autodefines, bueno o malo? ‘Por supuesto que soy bueno’, contestó, y yo le dije: ‘pero tú te dedicabas a matar’, a lo que él dijo: no, no, ése era mi trabajo”, relató Ostrosky.

Durante su carrera, Feggy ha estudiado a asesinos como Juana BarrazaLa Mataviejitas, el secuestrador Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, o Édgar Jiménez, El Ponchis, el niño sicario. Este historial la llevó a concluir que este tipo de homicidas no siente “ni tantito remordimiento”.

“Ellos te pueden decir que sí lo hay, pero yo te puedo decir que no. Tengo medidas objetivas del cerebro, donde detecto si están o no mintiendo, mucho más efectivo que el polígrafo.”

En su libro Mentes asesinas. La violencia en tu cerebro, Ostrosky dedica un capítulo a sicarios mexicanos. La sicóloga identificó por distintas investigaciones realizadas en prisiones federales que los sicarios han desarrollado un código para comunicarse a través de los homicidios.

Por ejemplo, el tiro de gracia es para enviar una advertencia al enemigo, sobre lo vulnerable que puede ser; un cadáver cubierto con una manta significa que el ejecutor conocía a la víctima; mutilar dedos, orejas o lengua implica que el asesinado era un delator, un chismoso o un ratero.

Feggy Ostrosky también definió algunos rasgos en los jóvenes sicarios: desigualdad económica; conflicto social desde su casa como falta de atención familiar y/o maltrato y un alto porcentaje son sicópatas.

Lo cierto es que detrás del incremento de presos por homicidios también “aumentan las historias de internos que tuvieron que enfrentar condiciones más desventajosas para su desarrollo que hace diez años: deterioro en las condiciones familiares, sociales y económicas”, de acuerdo con Elena Azaola, antropóloga social del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE.

Desde 2002, Elena Azaola aplica cada tres años una encuesta en reclusorios del Distrito Federal y del Estado de México para conocer el entorno social donde se desarrolló esta población.

La investigadora ha podido verificar que muchos de los padres de los presos, incluidos homicidas, padecieron de alcoholismo o drogadicción.

Además, aumentó el porcentaje de quienes viven en la informalidad y se volvió más fácil conseguir un arma.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Chihuahua

Zuany podría quedar fuera del caso Jáuregui

La diferencia de responsabilidades entre ambos exfuncionarios y las versiones sobre una posible colaboración de Zuany con autoridades estadounidenses abren interrogantes sobre el alcance de las acusaciones en su contra.

Chihuahua, Chih., 18 de octubre de 2026.— La situación jurídica de Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas de Chihuahua, podría tomar un rumbo distinto al de César Jáuregui Moreno, detenido por las investigaciones relacionadas con la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico.

Aunque ambos aparecen en una misma causa penal, las diferencias entre sus funciones, las acusaciones específicas y las versiones sobre una eventual colaboración de Zuany con autoridades estadounidenses plantean escenarios jurídicos que todavía deberán resolverse.

La existencia de una orden de aprehensión no significa que el exfuncionario necesariamente será vinculado a proceso o declarado culpable. Para ello, la Fiscalía deberá acreditar los elementos correspondientes a cada delito.

No tenía las atribuciones del fiscal general

Guillermo Arturo Zuany fue designado fiscal especializado en Operaciones Estratégicas en septiembre de 2025, durante la administración de César Jáuregui.

Su responsabilidad estaba concentrada en investigaciones de delitos de alto impacto, particularmente secuestro y extorsión. No era el titular de la Fiscalía General del Estado ni tenía las mismas facultades de representación y dirección institucional.

Esta diferencia podría tener relevancia en el proceso judicial, especialmente si las acusaciones están relacionadas con autorizaciones, decisiones administrativas o mecanismos de cooperación con autoridades extranjeras.

Sin embargo, la responsabilidad de Zuany no depende exclusivamente de su posición jerárquica. También será necesario determinar si participó directamente en las decisiones investigadas o si tenía obligaciones legales específicas que hubiera incumplido.

Una acusación que todavía debe demostrarse

La orden de aprehensión emitida el 16 de octubre dentro de la causa penal 3055/2026 señala a Jáuregui y Zuany como presuntos coautores de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

El documento también distingue imputaciones individuales: a Jáuregui le atribuye una conducta adicional relacionada con el ejercicio ilegal del servicio público, mientras que a Zuany le señala presunta falsedad ante autoridades con penalidad agravada.

Esta distinción resulta relevante porque las conductas atribuidas a uno no necesariamente son las mismas que las del otro.

El oficio judicial conocido públicamente contiene los puntos resolutivos, pero no desarrolla las pruebas ni describe detalladamente las acciones que se atribuyen a Zuany.

Por ello, permanece abierta la posibilidad de que su defensa cuestione la suficiencia de los elementos presentados por el Ministerio Público y solicite que no sea vinculado a proceso, dependiendo de lo que se exponga ante el juez.

La posible colaboración con Estados Unidos

Otro elemento que podría resultar importante es la relación que Zuany habría mantenido con agencias de seguridad estadounidenses.

Desde mayo surgieron versiones extraoficiales sobre una posible protección por parte de autoridades de Estados Unidos y una eventual colaboración relacionada con las investigaciones del operativo de El Pinal.

También circularon reportes de que el exfuncionario podría encontrarse en territorio estadounidense, aunque no existe confirmación oficial de su ubicación.

Hasta ahora tampoco se ha acreditado públicamente que Zuany tenga la condición formal de testigo protegido.

De confirmarse algún acuerdo de colaboración, sería necesario conocer su naturaleza, las autoridades participantes y sus posibles efectos legales. La protección estadounidense, por sí misma, no impediría que enfrente un procedimiento judicial en México.

No obstante, la información que pudiera proporcionar sobre la cadena de mando, las autorizaciones y la coordinación del operativo podría resultar relevante para esclarecer los hechos.

El operativo y las decisiones institucionales

La investigación se originó después de un operativo realizado en abril contra un presunto narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.

Durante el regreso de un convoy, un vehículo sufrió un accidente en el que murieron dos funcionarios estatales y dos ciudadanos estadounidenses identificados posteriormente como agentes de la CIA.

La presencia de personal extranjero provocó investigaciones sobre las autorizaciones necesarias para su participación en actividades de seguridad dentro de territorio mexicano.

En este contexto, la Fiscalía General de la República ha señalado presuntas irregularidades relacionadas con la actuación de autoridades estatales y la participación de agentes extranjeros.

El esclarecimiento de esas circunstancias exige distinguir las decisiones adoptadas por la dirección de la Fiscalía de aquellas que correspondían a sus áreas especializadas.

Un desenlace judicial todavía abierto

La situación de Guillermo Arturo Zuany continúa sin una resolución definitiva.

La orden de aprehensión constituye una medida procesal, no una declaración de culpabilidad. En caso de comparecer ante un juez, tendrá derecho a conocer los hechos que se le atribuyen, controvertir los datos de prueba y ejercer su defensa.

La posibilidad de que no sea vinculado a proceso dependerá de la valoración judicial de los elementos presentados. Asimismo, una eventual colaboración con autoridades estadounidenses tendría que acreditarse antes de considerar sus consecuencias jurídicas.

Por ahora, no existe confirmación pública de que haya sido detenido ni de que se haya reconocido formalmente su condición de testigo protegido.

El caso de Zuany deberá resolverse por su participación individual y no simplemente por haber formado parte de la administración de César Jáuregui. La investigación tiene todavía que demostrar qué hizo, qué sabía y cuáles eran sus obligaciones legales.

Hasta entonces, su responsabilidad penal permanece sin demostrar y la posibilidad de que los cargos no prosperen sigue abierta.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Más visto