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Duarte

La no disponibilidad de financiamiento Bloquea desarrollo empresarial

La no disponibilidad de financiamiento bancario bloquea ahora el desarrollo de las empresas en la región noroeste, integrada por Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, según el Índice Mexicana de Confianza Económica (IMCE), presentado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, correspondiente a agosto 2022.

En el ámbito nacional, los tres principales factores que inhiben el desarrollo empresarial son: Las  condiciones de inseguridad en el país, la situación COVID-19  y la falta de capital.

Otras situaciones que afectan a las empresas en el país, según la investigación del IMCP es la disponibilidad de financiamiento, corrupción, competencia desleal, contracción del mercado interno; políticas públicas, altas tasas impositivas, burocracia, falta de personal calificado e incertidumbre jurídica.

También se mencionó la falta de insumos, así como de vías de comunicación eficiente e infraestructura, salarios altos, inestabilidad en el tipo de cambio, contracción de la demanda del exterior y problemas sindicales.

En su análisis, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, destacó que durante agosto, el gremio identificó a las condiciones de inseguridad en el país como el principal obstáculo al que se enfrenta la economía mexicana, seguido por la situación COVID-19, la falta de capital y la disponibilidad de financiamiento.

Al analizar por región, indicó que la Zona Noroeste conformada por Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, el principal obstáculo que tienen los empresarios son la disponibilidad de financiamiento, mientras que la Noreste que ocupa Coahuila, Durango, nuevo león, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas les afecta la corrupción.

La zona Centro-Occidente, conformada por Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Michoacán y Nayarit, así como la del Centro que integra la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, el mayor problema que perciben es la inseguridad.

En tanto, la zona Centro-Istmo Peninsular que incluye a Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, la falta de capital es el mayor obstáculo empresarial.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Índice Mexicana de Confianza Económica de agosto repuntó 2.42% hacia un puntaje de 71.46, con 1.69 puntos más frente a julio, registrando el segundo mejor nivel de todo el año.

Como resultado, subió al rango medio de la Clasificación Neutral. Esto resultó de una mejoría tanto en la Situación Actual como en la Situación Futura, que representa la confianza en los próximos seis meses. El primero se ubicó en 66.91 unidades y el segundo en 77.15 puntos.

Chihuahua

El exsecretario Jaime Herrera Corral tendrá que pagar indemnización de ¡2 mil 723 millones!

Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda del Gobierno del Estado durante la administración de César D.J., fue inhabilitado por 10 años por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Así se consta en un documento exhibido de manera parcial, en donde se establece que el pleno de los magistrados del TEJA resolvió declarar que el asunto en contra del exfuncionario estatal no se sobresee, tal y como lo habría solicitado la defensa.

Asimismo, se detalla que sí existen elementos para determinar la comisión de una falta administrativa grave, al considerar que existió el desvío de recursos públicos por parte del sentenciado.

En el documento resolutivo por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se expone que el ciudadano Jaime Ramón Herrera Corral quedará inhabilitado de manera temporal para ejercer o desempeñar cargos o comisiones en el servicio público.

De igual forma, se establece que tampoco podrá participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de 10 años.

Dentro de la sentencia también se estableció que el exfuncionario estatal deberá pagar una cuantiosa indemnización por el concepto de daño patrimonial en contra de la Hacienda Pública Federal.

Dicha indemnización asciende a los 2 mil millones 723 mil pesos, cantidad que se apega al contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, argumentado en el dictamen aprobado por el TEJA.

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