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La ONU asegura que casi 200.000 personas han muerto en la guerra siria

El terror desatado por grupos islámicos extremistas, como Al-Nursa y el Estado Islámico, protagonizó la guerra interna de Siria

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Desde el inicio del conflicto sirio en marzo del 2011, y hasta finales del pasado abril, han muerto 191.369 personas, según el último informe publicado por la ONU. El terror desatado por grupos islámicos extremistas, como Al-Nursa y el Estado Islámico, protagonizó la guerra interna de Siria, donde los yihadistas no sólo combatieron a las fuerzas del régimen del dictador El Asad, sino a otros grupos rebeldes que no compartían su ideología. Los milicianos del Estado Islámico no dicen adiós a las armas y siguen combatiendo en ciudades como Raqa, y ya controlan la provincia que se extiende hasta el el norte de Irak, donde en los últimos meses derrotaron a las Fuerzas Armadas iraquíes.

La guerra civil que continúa en Siria se pierde a lo lejos, marginada en la lista de preocupaciones de las grandes potencias, a pesar de que ha dejado al menos 8.803 muertos de niños, 2.165 de ellos menores de diez años. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, cuya oficina encargó el análisis, recordó que «el sufrimiento en Siria se extiende a las familias de los muertos y de los desaparecidos, a los heridos y a los desplazados, a pesar de que el interés de mundo por el conflicto ha caído». La situación extrema que vive el país puede que esconda una realidad peor, en la que se cree que el número de asesinados que recoge el informe subestima la cantidad de personas muertas, donde el 85 % de las víctimas son hombres. El informe no ha podido discernir entre los que eran combatientes y civiles inocentes, ni tampoco atribuir los asesinatos a una u otra parte del conflicto.

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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