Conecta con nosotros

México

La PGR indaga a 90 colaboradores de Padrés

La investigación en contra del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, se extiende a 90 funcionarios públicos que colaboraron durante el mandato del imputado.
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó y obtuvo del titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Procedimientos Penales Federales, 13 órdenes de aprehensión en contra del mismo número de personas por los delitos de delincuencia organizada con fines de “lavado” de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dos corresponden a la orden que se cumplimentó contra el ex gobernador y su hijo Guillermo Padrés Dagnino, internado en el penal federal de El Altiplano y el primero en el Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México.
La PGR realiza la búsqueda de las 11 personas restantes para cumplimentar las órdenes y presentarlas ante el juez que las reclama.
Fuentes consultadas por este medio informaron que 90 colaboradores de Padrés Elías están siendo investigados por denuncias que fueron presentadas de manera paulatina; sin embargo, no se han requerido u obtenido las órdenes de aprehensión en su contra.
La red de “lavado” de dinero de la que tomó conocimiento la PGR implica a familiares, funcionarios públicos y colaboradores del ex mandatario, quienes son buscados por la justicia.
Estas personas aparecen como accionistas o titulares de las empresas y cuentas bancarias que recibieron dinero de “operaciones simuladas” por el ex gobernador. En total fueron 8.8 millones de dólares los que se movieron a cuentas del extranjero, en específico a los Países Bajos, en Europa, y regresaron a México sin ser declarados ante la autoridad fiscal.
El viernes pasado, en su comparecencia ante el juez Cuarto de Distrito, Padrés Elías se reservó su derecho a rendir su declaración y se declaró inocente de todos los cargos que se le imputan. Desde su reaparición, en una estación de radio, el ex mandatario denunció una persecución política en su contra.
Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, dijo el viernes que la dependencia no trabaja “por impulso propio” o juiciosamente.
“Estas investigaciones requirieron asistencias jurídica internacionales, se realizó un trabajo profesional. Estos asuntos no tienen qué ver con tiempos, no tienen qué ver con política, sino con la responsabilidad de conocer de hechos que se denuncian, atender las querellas, de investigar como debes hacerlo y resolver con prontitud.
“Es impensable que pueda haber motivaciones de orden político. Llevamos investigaciones de todo tipo, contra todo tipo de personas y no seleccionamos los casos que debemos llevar o los que no debemos llevar”.
Juan José Medrano, integrante del equipo legal de la firma Lozano Gracia, que representa a los Padrés Elías, señaló que la defensa trabaja en la declaración que presentarán ante los juzgados que los requieren y que están confiados en obtener el auto de libertad el próximo miércoles.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto