Conecta con nosotros

Opinión

La polémica. Por Raúl Saucedo

Published

on

Debates culturales y cosas peores

La decisión del 6 de diciembre de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de revocar la suspensión de las corridas de toros en la Plaza México ha reavivado el polarizado debate entre defensores de la tradición taurina y activistas por los derechos de los animales. La disputa se da en un contexto donde algunos estados mexicanos ya han prohibido estas prácticas, mientras que otros luchan por mantener vivo un rito arraigado.

La SCJN, al desestimar el amparo que buscaba la prohibición de las corridas, plantea interrogantes sobre la legitimidad de algunas organizaciones para obtener la suspensión, señalando que la protección del medio ambiente no representa un daño irreparable. Sin embargo, esta decisión ha desatado críticas, especialmente desde el ámbito animalista, argumentando que se trata de un retroceso en la defensa de los derechos de los animales.

Las corridas de toros son parte de una basta tradición cultural en México, pero ¿hasta qué punto la cultura y la tradición deben justificar prácticas que involucran el sufrimiento animal? La Ministra Yasmín Esquivel, promotora de la decisión, ha sido objeto de críticas por presuntamente anteponer sus gustos personales sobre la tauromaquia. Este señalamiento subraya la importancia de desligar las decisiones judiciales de preferencias individuales para garantizar un enfoque imparcial.

Por un lado, los defensores de las corridas argumentan que la prohibición no debería imponerse basándose en los gustos de una minoría y que la industria taurina genera empleos rurales, industriales y de servicio, no obstante, esta postura choca con la creciente conciencia social sobre el trato ético a los animales y la evolución de las leyes que buscan protegerlos.

México, con solo cuatro estados de los 32 prohíben las corridas de toros, refleja la diversidad de opiniones sobre esta práctica. La discusión sobre su prohibición debería ser un diálogo nacional que respete la diversidad. La sociedad debe decidir sobre esta práctica que ha sobrevivido a través de los siglos y el Congreso debería retomar la iniciativa para legislar sobre este tema.

En última instancia, más allá de las decisiones judiciales, la evolución de la sociedad y la conciencia colectiva determinarán el futuro de las corridas de toros en México. La historia juzgará si esta práctica se mantuvo como un vestigio cultural arraigado o si cedió ante una exigencia respeto para todas las formas de vida.

Abordar estos temas social y jurídicamente debería de poner en tela de escrutinio filosófico la violencia selectiva de la humanidad, donde podremos analizar a través de la historia y en la actualidad los escenarios donde la muerte, la sangre y el sadismo son bien vistos y en donde no, ahí quizá muchos se sorprenderían conforme a su manera de ver la tauromaquia.

Si usted apreciable lector llego hasta este punto de la columna sin tener un juicio previo de ella quiere decir que quizá usted no es un fanático de una bandera u otra dentro de este circo romano del siglo XXI.

Yo por mi parte me despido porque tengo una cita a un funeral el domingo 28 de enero en punto de las 4:30 pm, donde no se quien morirá a ciencia cierta, pero sé que habrá un festín de paellas, vino tinto y labios carmesí que combinaran con el ruedo, todo esto mientras un paso doble de fondo me recordara mi estancia en Granada y a la casa del abuelo…. y así con la libertad como mérito propio celebrare mi estancia terrenal un año más.

@Raul_Saucedo

[email protected]

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

Published

on

By

Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto