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Opinión

La Reforma. Por Raúl Saucedo

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El Desafío e Implicaciones Electorales

Una anhelada reforma judicial desde hace años ha sidopropuesta y ha llegado al Congreso Federal, marcando un hito en la agenda legislativa y desatando un intenso debate en la esfera política mexicana. La iniciativa, liderada por elEjecutivo Federal, busca una transformación en la judicatura federal, proponiendo la remoción de los actuales miembros y su reemplazo por nuevos jueces elegidos mediante voto popular.

La propuesta legislativa, presentada en la conmemoración del aniversario de la Constitución de 1917, abarca una serie de cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial. Entre las medidas más notorias se encuentra la elección popular de cargos como ministros de la Suprema Corte de Justicia, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral federal, magistrados de circuito y jueces de distrito. La primera elección para estos cargos se llevaría a cabo en junio de 2025.

Sin embargo, la materialización de esta reforma enfrenta desafíos considerables, ya que requiere el apoyo de la oposición en el Congreso, algo que se vislumbra complicadodado el contexto electoral de este año (¿o no?). A pesar de ello, la agenda política podría beneficiarse al mantener en la campo el tema de los jueces, a quienes se les señala por algunos actores  de diferentes situaciones personales y políticas.

La propuesta también incluye cambios sustanciales en el Consejo de la Judicatura Federal, proponiendo la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para sancionar a todos los miembros de la judicatura. La eliminación de las dos salas del Supremo, la restricción de las suspensiones de normas generales y la reducción de la Suprema Corte a nueve ministros son medidas adicionales que buscan reconfigurar el sistema judicial.

La reducción de la Corte y el proceso de selección de ministros también se encuentran entre las modificaciones más destacadas. La propuesta establece que el Ejecutivo, el Supremo y el Congreso presentarán listas de candidatos, y los nuevos ministros tendrán periodos de 8, 12 y 14 años según la cantidad de votos obtenidos en las elecciones.

Un punto controversial es la pérdida de beneficios para los ministros salientes, quienes no recibirán «haber por retiro», una prestación por encima de la ley que incluye una pensión vitalicia. Además, se establecen requisitos estrictos para los candidatos a ministros, como tener un título de licenciatura en Derecho con 10 años de antigüedad y no haber sido funcionarios federales.

La propuesta también aborda la fiscalización de los procesos electorales judiciales, con la participación del INE y la revisión de impugnaciones por parte del Tribunal Electoral y la Suprema Corte, dependiendo del cargo en disputa.

Finalmente, la iniciativa busca una equiparación salarial entre el presidente y los jueces federales, imponiendo ajustes salariales y prohibiendo a los jueces salientes litigar asuntos ante el Poder Judicial durante los dos años siguientes.

Aquí el cuestionamiento apreciable lector es si usted considera que actualmente esta reforma beneficiaria al sistema político mexicano, en miras de lo vivido en diferentes sexenios y sobre todo con la “cultura participativa y democrática” que tiene el país, en lo personal creo que una reforma de tal envergadura necesita cimientos democráticos en su población mas arraigados. La agenda política, esta en Marcha…

@Raul_Saucedo

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Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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