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Opinión

La Reforma. Por Raúl Saucedo

El Desafío e Implicaciones Electorales

Una anhelada reforma judicial desde hace años ha sidopropuesta y ha llegado al Congreso Federal, marcando un hito en la agenda legislativa y desatando un intenso debate en la esfera política mexicana. La iniciativa, liderada por elEjecutivo Federal, busca una transformación en la judicatura federal, proponiendo la remoción de los actuales miembros y su reemplazo por nuevos jueces elegidos mediante voto popular.

La propuesta legislativa, presentada en la conmemoración del aniversario de la Constitución de 1917, abarca una serie de cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial. Entre las medidas más notorias se encuentra la elección popular de cargos como ministros de la Suprema Corte de Justicia, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral federal, magistrados de circuito y jueces de distrito. La primera elección para estos cargos se llevaría a cabo en junio de 2025.

Sin embargo, la materialización de esta reforma enfrenta desafíos considerables, ya que requiere el apoyo de la oposición en el Congreso, algo que se vislumbra complicadodado el contexto electoral de este año (¿o no?). A pesar de ello, la agenda política podría beneficiarse al mantener en la campo el tema de los jueces, a quienes se les señala por algunos actores  de diferentes situaciones personales y políticas.

La propuesta también incluye cambios sustanciales en el Consejo de la Judicatura Federal, proponiendo la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para sancionar a todos los miembros de la judicatura. La eliminación de las dos salas del Supremo, la restricción de las suspensiones de normas generales y la reducción de la Suprema Corte a nueve ministros son medidas adicionales que buscan reconfigurar el sistema judicial.

La reducción de la Corte y el proceso de selección de ministros también se encuentran entre las modificaciones más destacadas. La propuesta establece que el Ejecutivo, el Supremo y el Congreso presentarán listas de candidatos, y los nuevos ministros tendrán periodos de 8, 12 y 14 años según la cantidad de votos obtenidos en las elecciones.

Un punto controversial es la pérdida de beneficios para los ministros salientes, quienes no recibirán «haber por retiro», una prestación por encima de la ley que incluye una pensión vitalicia. Además, se establecen requisitos estrictos para los candidatos a ministros, como tener un título de licenciatura en Derecho con 10 años de antigüedad y no haber sido funcionarios federales.

La propuesta también aborda la fiscalización de los procesos electorales judiciales, con la participación del INE y la revisión de impugnaciones por parte del Tribunal Electoral y la Suprema Corte, dependiendo del cargo en disputa.

Finalmente, la iniciativa busca una equiparación salarial entre el presidente y los jueces federales, imponiendo ajustes salariales y prohibiendo a los jueces salientes litigar asuntos ante el Poder Judicial durante los dos años siguientes.

Aquí el cuestionamiento apreciable lector es si usted considera que actualmente esta reforma beneficiaria al sistema político mexicano, en miras de lo vivido en diferentes sexenios y sobre todo con la “cultura participativa y democrática” que tiene el país, en lo personal creo que una reforma de tal envergadura necesita cimientos democráticos en su población mas arraigados. La agenda política, esta en Marcha…

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

 

Opinión

La semilla. Por Raúl Saucedo

Libertad Dogmática

El 4 de diciembre de 1860 marcó un hito en la historia de México, un parteaguas en la relación entre el Estado Mexicano y la Iglesia. En medio de la de la “Guerra de Reforma», el gobierno liberal de Benito Juárez, refugiado en Veracruz, promulgó la Ley de Libertad de Cultos. Esta ley, piedra angular del Estado laico mexicano, estableció la libertad de conciencia y el derecho de cada individuo a practicar la religión de su elección sin interferencia del gobierno.

En aquel entonces, la Iglesia Católica ejercía un poder absoluto en la vida política y social del país. La Ley de Libertad de Cultos, junto con otras Leyes de Reforma, buscaba romper con ese dominio, arrebatándole privilegios y limitando su influencia en la esfera pública. No se trataba de un ataque a la religión en sí, sino de un esfuerzo por garantizar la libertad individual y la igualdad ante la ley, sin importar las creencias religiosas.
Esta ley pionera sentó las bases para la construcción de un México moderno y plural. Reconoció que la fe es un asunto privado y que el Estado no debe imponer una creencia particular. Se abrió así el camino para la tolerancia religiosa y la convivencia pacífica entre personas de diferentes confesiones.
El camino hacia la plena libertad religiosa en México ha sido largo y sinuoso. A pesar de los avances logrados en el lejano 1860, la Iglesia Católica mantuvo una fuerte influencia en la sociedad mexicana durante gran parte del siglo XX. Las tensiones entre el Estado y la Iglesia persistieron, y la aplicación de la Ley de Libertad de Cultos no siempre fue consistente.
Fue hasta la reforma constitucional de 1992 que se consolidó el Estado laico en México. Se reconoció plenamente la personalidad jurídica de las iglesias, se les otorgó el derecho a poseer bienes y se les permitió participar en la educación, aunque con ciertas restricciones. Estas modificaciones, lejos de debilitar la laicidad, la fortalecieron al establecer un marco legal claro para la relación entre el Estado y las iglesias.
Hoy en día, México es un país diverso en materia religiosa. Si bien la mayoría de la población se identifica como católica, existen importantes minorías que profesan otras religiones, como el protestantismo, el judaísmo, el islam y diversas creencias indígenas. La Ley de Libertad de Cultos, en su versión actual, garantiza el derecho de todos estos grupos a practicar su fe sin temor a la persecución o la discriminación.
No obstante, aún persisten desafíos en la construcción de una sociedad plenamente tolerante en materia religiosa. La discriminación y la intolerancia siguen presentes en algunos sectores de la sociedad, y es necesario seguir trabajando para garantizar que la libertad religiosa sea una realidad para todos los mexicanos.

La Ley de Libertad de Cultos de 1860 fue un paso fundamental en la construcción de un México más justo y libre. A 163 años de su promulgación, su legado sigue vigente y nos recuerda la importancia de defender la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa como pilares de una sociedad democrática y plural.
Es importante recordar que la libertad religiosa no es un derecho absoluto. Existen límites establecidos por la ley para proteger los derechos de terceros y el orden público. Por ejemplo, ninguna religión puede promover la violencia, la discriminación o la comisión de delitos.
El deseo de escribir esta columna más allá de conmemorar la fecha, me viene a deseo dado que este último mes del año y sus fechas finales serán el marco de celebraciones espirituales en donde la mayoría de la población tendrá una fecha en particular, pero usted apreciable lector a sabiendas de esta ley en mención, sepa que es libre de conmemorar esa fecha a conciencia espiritual y Libertad Dogmática.

@Raul_Saucedo
rsaucedo@uach.mx

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