La SFP absolvió a Humberto Benítez Treviño, titular de la Profeco, por el caso de la clausura del restaurante Maximo Bistrot de la colonia Roma de la Ciudad de México, cerrado por causas atribuibles a la hija del titular de la Profeco, Andrea Benítez, y que posteriormente fue  conocida en redes sociales como la Lady Profeco.

La Función Pública expuso que durante la investigación realizada no se desprendieron elementos para instrumentar procedimiento en contra del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a la ley de la materia.

Además, añadió que si durante la tramitación del procedimiento administrativo, surgieran elementos que permitan establecer la probable responsabilidad administrativa de cualquier otro servidor público, se procederá en los términos  de la mencionada Ley.

Asimismo, se establece que en caso de que se advirtiera la probable comisión de una conducta de carácter penal, se hará del conocimiento del Ministerio Público de la Federación.

En la investigación de la SFP  se tomó la declaración de 13 funcionarios, incluyendo al titular de la misma, para el esclarecimiento de los hechos.

Como resultado de dicha investigación, se encontró que los funcionarios que ordenaron y participaron en la visita de verificación, actuaron  de manera inmediata, sin cumplir con los requisitos mínimos de urgencia para la atención de una denuncia anónima, como son, poner en peligro la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de consumidores de conformidad a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Derivado de lo anterior, la SFP acordó suspender en los próximos días de manera temporal del cargo al subprocurador de Verificación, al director general de Verificación y Vigilancia, al director de procedimientos y Sanciones y al jefe de Departamento de Verificación de Normas Oficiales Mexicanas de la Profeco.

Igualmente, iniciará el procedimiento administrativo disciplinario previsto en el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en contra de los servidores públicos que ordenaron y participaron en la visita de verificación.