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México

La SFP absolvió al titular de la Profeco

La SFP absolvió a Humberto Benítez Treviño, titular de la Profeco, por el caso de la clausura del restaurante Maximo Bistrot de la colonia Roma de la Ciudad de México

La SFP absolvió a Humberto Benítez Treviño, titular de la Profeco, por el caso de la clausura del restaurante Maximo Bistrot de la colonia Roma de la Ciudad de México, cerrado por causas atribuibles a la hija del titular de la Profeco, Andrea Benítez, y que posteriormente fue  conocida en redes sociales como la Lady Profeco.

La Función Pública expuso que durante la investigación realizada no se desprendieron elementos para instrumentar procedimiento en contra del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a la ley de la materia.

Además, añadió que si durante la tramitación del procedimiento administrativo, surgieran elementos que permitan establecer la probable responsabilidad administrativa de cualquier otro servidor público, se procederá en los términos  de la mencionada Ley.

Asimismo, se establece que en caso de que se advirtiera la probable comisión de una conducta de carácter penal, se hará del conocimiento del Ministerio Público de la Federación.

En la investigación de la SFP  se tomó la declaración de 13 funcionarios, incluyendo al titular de la misma, para el esclarecimiento de los hechos.

Como resultado de dicha investigación, se encontró que los funcionarios que ordenaron y participaron en la visita de verificación, actuaron  de manera inmediata, sin cumplir con los requisitos mínimos de urgencia para la atención de una denuncia anónima, como son, poner en peligro la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de consumidores de conformidad a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Derivado de lo anterior, la SFP acordó suspender en los próximos días de manera temporal del cargo al subprocurador de Verificación, al director general de Verificación y Vigilancia, al director de procedimientos y Sanciones y al jefe de Departamento de Verificación de Normas Oficiales Mexicanas de la Profeco.

Igualmente, iniciará el procedimiento administrativo disciplinario previsto en el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en contra de los servidores públicos que ordenaron y participaron en la visita de verificación.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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