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La sombra del “influyentismo”, sobre candidata a la Suprema Corte

En su segunda propuesta de ministro para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta más que un conflicto de interés: las acusaciones de influyentismo y una cadena de alegadas ilegalidades de quien aparece como su principal candidata.

La magistrada Yasmín Esquivel Mossa, cuestionada por ser la esposa de uno de los contratistas más cercanos al jefe del Ejecutivo, arrastra acusaciones de administrar y aplicar justicia administrativa por favores políticos a quienes han impulsado su carrera, desde la última regencia del PRI hasta los dos últimos gobiernos de la Ciudad de México. Uno de ellos, el del actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

De acuerdo con integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX), sus retribuciones han alcanzado también a quienes en la desaparecida Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) han respaldado su carrera como magistrada y que la llevaron a la presidencia del Tribunal.

Desde hace siete años controla el TJACDMX gracias a una reelección en la presidencia para un segundo periodo de cuatro años que termina a finales de 2019, si no es que se convierte en los próximos días en ministra del máximo tribunal en sustitución de Margarita Luna Ramos, quien pasó a retiro el 19 de febrero pasado.

La designación de sus colaboradores y de magistrados, así como algunas de sus resoluciones, la perfilan como una jueza atrapada en intereses políticos y económicos.

El más conocido es el de su esposo, José María Rioboó Martín, presidente de Grupo Riobbó, un conglomerado de empresas de ingeniería y construcción que ahora participa en la construcción del aeropuerto internacional de Santa Lucía, en el Estado de México, luego de que López Obrador cancelara el aeropuerto de Texcoco.

Grupo Rioboó participó en la elaboración del proyecto de ingeniería de un tramo de la Supervía Poniente, impulsada por el entonces jefe de Gobierno de la capital, Marcelo Ebrard. La vía se construyó entre 2012 y 2013, cuando la magistrada consolidó su poder en el Tribunal. La magistrada niega, categórica, que su esposo haya tenido alguna participación.

La construcción de la obra estuvo a cargo de la empresa Controladora Vía Rápida Poetas, creada en noviembre de 2009 con el objetivo expreso de hacerse de la concesión de la Supervía, de acuerdo con actas del Consejo de Administración de la empresa del 22 de abril y 28 de junio, ambas de 2010, citadas por los integrantes del TJACDMX. Ese Consejo de Administración estuvo presidido por José Andrés de Oteyza Fernández, en representación de la empresa española OHL, una de las firmas dueñas de la controladora.

Durante el sexenio pasado, OHL fue centro del escándalo por el favoritismo del entonces presidente Enrique Peña Nieto desde que fue gobernador del Estado de México (2005-2011). En el escándalo, de Oteyza, extitular de la desaparecida Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, quedó al descubierto como el bróker de la empresa española en México mediante sobornos a funcionarios de las administraciones estatal y federal de Peña Nieto.

En diversas declaraciones públicas la candidata a ministra ha negado que tenga un conflicto de interés, bajo el argumento de que su esposo no participa en la designación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Lo mismo declaró a Proceso el viernes pasado.

La creación de la Controladora Vía Rápida Poetas fue en el mismo mes de noviembre en que Esquivel Mossa fue designada magistrada de la Sala Superior del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, a propuesta del entonces gobernante Ebrard.

La obra fue impugnada por Greenpeace y vecinos afectados. En diciembre de 2011, el mismo mes en que asumió la presidencia del Tribunal, la Primera Sala proclamó ilegal la declaración de impacto ambiental de la obra y determinó por tanto que la construcción de la vía estaba viciada.

La resolución fue impugnada en enero siguiente por la Secretaría de Medio Ambiente y la Controladora. La titular de la secretaría era Martha Delgado Peralta, ahora subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE.

Fuente: Proceso

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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