Opinión

La Trampa de la Soberanía. Por: Fernando Campos Cardosa

La palabra “soberanía” siempre ha tenido una connotación casi sagrada en la política de nuestro país. Invocarla suele ser suficiente para cerrar debates, bloquear el disenso y encender el fervor de quienes creen, honestamente, que un ejercicio genuino de soberanía nacional implica la defensa de todo aquello que nos define como nación libre e independiente. Sin embargo, lo que estamos presenciando hoy trasciende la mera consigna patriótica y revela un mecanismo más profundo, en nombre de “fortalecer la soberanía”: el gobierno está impulsando una serie de reformas que, lejos de hacer más sólido al Estado y a sus instituciones, están generando un poder desmesurado en la figura presidencial.

Regresemos unos meses en el pasado. El discurso oficial, replicado indiscriminadamente por los fieles seguidores,insistía en que se requería una reforma judicial para, supuestamente, erradicar los vicios históricos de nuestro sistema de justicia y ponerlo en sintonía con el pueblo. Suena bien en el papel, pero la práctica nos muestra que dicha reforma nunca respondió a un diagnóstico amplio ni a un proceso de debate incluyente. Por el contrario, parece apuntar a la conformación de un poder judicial dócil y moldeable a los intereses del Ejecutivo, uno que no sea un contrapeso sino un respaldo incondicional a sus decisiones.

Algo parecido ocurrió con la eliminación de organismos autónomos, esos entes creados para vigilar con lupa la actuación del gobierno, preservar la transparencia y defender los derechos de la ciudadanía. En su momento, la gentecelebró la creación de estas instituciones como un hito democrático, un esfuerzo por asegurarnos de que, sin importar el partido en el poder, habría un órgano independiente con la capacidad de investigar, documentar y, en caso necesario, sancionar. Hoy, se argumenta que éstos no hacían sino entorpecer el “proyecto de transformación” al estar plagados de intereses ajenos y por ello debían ser eliminados. El resultado: en nombre de la soberanía y de la supuesta “eficiencia administrativa”, ya se ha comenzado a desmantelar esas barreras que alguna vez se erigieron contra los abusos del poder y que nos dejan indefensos ante, por ejemplo, genuinas intenciones de obtención de información que antaño nos permitieron encontrar corruptelas y que hoy piensan esconder tras la subjetividad de la validez.

Pero eso no es todo. Pues el pasado 11 de marzo se aprobó una reforma en materia de “Soberanía Nacional” a los artículos 19 y 40 constitucionales bajo el pretexto de “defender la independencia y la integridad del país”. Sobre el papel, suena como un acto patriótico: ¿quién estaría en contra de proteger la soberanía de una nación? Sin embargo, en la práctica, esta nueva normativa corre el riesgo de convertirse en un arma política para etiquetar como intervencionismo cualquier crítica que provenga del exterior (o hasta de voces internas que supuestamente sirvan a intereses foráneos) y facilitar así la persecución de opositores. Pareciera un escudo para mantener a raya amenazas imaginarias, pero termina siendo un golpe silencioso contra los contrapesos democráticos y los principios de cooperación internacional que nuestro país cultivó por años.

Resulta preocupante entonces, que bajo el paraguas retórico de “proteger la soberanía”, se concentre cada vez más poder en el Ejecutivo, disminuyendo la independencia de instituciones y organismos que, en una democracia sana, deberían mantenerse ajenos a la conveniencia política. Ese es, en esencia, el problema, cuando la soberanía se emplea como cortina de humo, se puede tachar de traidor a cualquiera que se oponga o cuestione, y en ese escenario, la obediencia reemplaza al verdadero debate, aniquilando la pluralidad que tanto esfuerzo nos costó instaurar.

Pero el problema no es la defensa de la soberanía en sí misma. Nadie discute que sea vital defender y fortalecer los elementos que nos hacen un país independiente y con instituciones sólidas. El auténtico inconveniente está en el uso arbitrario de la palabra para legitimar cambios que, en los hechos, corroen la pluralidad democrática y nos devuelven a un sistema parecido al del partido único. Ese que conocimos durante décadas y que, gracias a la intensa labor de generaciones, habíamos logrado sacudir de nuestro escenario político.

Y la oposición (salvo honrosos perfiles) ha caído redondita en la trampa. Quizás por temor a ser señalada como antipatriota, o quizás porque al final, su cálculo político le dicte que no vale la pena enfrentarse a una narrativa que apela a la emotividad de buena parte de la población. Al final, nadie quiere quedar en el registro histórico como alguien que votó “en contra de la soberanía”. Sin embargo, si se permite que el gobierno concentre un poder sin precedentes, esa acumulación terminará tarde o temprano por explotar en contra de quienes hoy se consideran voces disidentes.

Es urgente que el debate político se libere del blindaje discursivo de la palabra “soberanía” para pasar a la discusión seria sobre cómo se garantizan los contrapesos y la participación de la sociedad civil. De lo contrario, seguiremos viendo cómo se aprueban reformas que, con la bandera de la independencia nacional, promueven la centralización del poder en una sola figura y desdibujan la capacidad de las instituciones para funcionar como garantes de la democracia.

Entonces, la trampa de la soberanía es esa: se nos ofrece como carnada la liberación patriótica, pero detrás, se esconde un anzuelo de sumisión a un poder que no admite disidencia. Un poder, además, fortalecido por el silencio o la complacencia de quienes deberían alzar la voz y plantear una oposición con argumentos. Sin duda, es momento de mirar con lupa estas reformas y exigir que se detenga esta vorágine que, en nombre de un ideal que pocos se atreven a cuestionar, ha comenzado a desmantelar a plumazos los avances democráticos que tanto nos costaron conseguir. Ceder a la trampa de la soberanía es ignorar que, paradójicamente, su uso indiscriminado puede convertirse en la mezcla para la construcción de un nuevo autoritarismo.

Opinión

Huachicol y otros demonios. Por Caleb Ordoñez T.

México lleva ocho años combatiendo el huachicol y el huachicol lleva ocho años ganándole por goleada. López Obrador inauguró su gobierno cerrando ductos y prometiendo mandar al huachicolero al museo de la corrupción del pasado. Ocho años y una transición después, México registró 2,563 tomas clandestinas solo en el primer trimestre de 2026: una cada 51 minutos. El huachicolero no murió. Evolucionó, se puso corbata y aprendió política.

¿Por qué Huachicol?

“Huachicol” nombró primero al alcohol adulterado, era una bebida que prometía una cosa y entregaba otra, antes de migrar a la gasolina robada y, ya en su versión de cuello blanco, al huachicol fiscal. Somos creativos para ponerles nombres folclóricos a nuestras tragedias.

Caleb Ordoñez Talavera

Y esto dejó de ser folclor hace mucho. En el primer trimestre del año, Hidalgo registró 731 tomas clandestinas; Jalisco, 578; el Estado de México, 189. Cuautepec de Hinojosa, un solo municipio de Hidalgo, acumuló 202 perforaciones en tres meses. Una toma clandestina cada 51 minutos no es el vecino con una manguera a las tres de la mañana. Es una industria con horario de oficina, y una industria necesita nómina: gente para sacar el combustible, pipas para moverlo, bodegas para guardarlo y empresas de papel para lavar las ganancias. Y para sostener el aparato durante años hace falta el insumo más caro de todos: suficientes autoridades dispuestas a no ver, no oír y no preguntar.

Aquí conviene hacer una pausa honesta. El gobierno tiene un argumento real que oponer a esto: los aseguramientos han aumentado, no disminuido, y parte de la razón por la que ahora “vemos” más huachicol es que se está buscando más que antes. Es cierto. El problema es que ese argumento explica el número de decomisos, no el de tomas clandestinas —que también aumentó—, y tampoco explica por qué las redes de corrupción y protección que hacen posible semejante negocio han logrado sobrevivir durante ocho años. Encontrar más droga no prueba que se esté ganando la guerra contra el narco; encontrar más huachicol tampoco prueba que se esté ganando esta.

La escoba de Tabasco

Aquí entra Adán Augusto López. No existe sentencia que lo vincule con el huachicol ni está acreditado que perteneciera a La Barredora. Su problema es otro, y más incómodo: cuando gobernaba Tabasco, puso al frente de la seguridad pública a Hernán Bermúdez Requena, el hombre encargado de cazar exactamente a los delincuentes que terminó, presuntamente, dirigiendo.

Hoy Bermúdez está procesado como presunto jefe de “La Barredora”, organización señalada por extorsión, secuestro y robo de combustible. El hombre puesto a barrer el crimen de Tabasco terminó acusado de encabezar La Barredora llena de corrupción. Adán Augusto ha negado cualquier vínculo y no enfrenta cargos. Pero muchos tabasqueños aseguran que está involucrado.

Lo que no resuelve es la pregunta política: ¿cómo se gobierna un estado sin enterarse de lo que ocurre alrededor del propio jefe de Seguridad? Solo hay dos respuestas, y ambas son un problema. Si lo sabía, es gravísimo. Si no lo sabía, la pregunta es qué estaba gobernando exactamente. Para quien después llegó a secretario de Gobernación y hoy pretende conservar influencia en la definición electoral de 2027, ninguna cabe en un currículum, aunque ambas quepan en la política mexicana.

El huachicol aprendió a usar corbata

Mientras el país perseguía mangueras en el campo, el negocio se mudó a un piso más alto. El huachicol fiscal ni siquiera necesita perforar un ducto: puede bastarle un barco, una importación mal declarada, una empresa fachada y un pedimento aduanal firmado por la persona indicada. Cambió la camioneta por un escritorio y la manguera por un sello.

Las investigaciones han tocado ya a mandos vinculados con la Marina, la institución a la que López Obrador entregó el control de las aduanas para, supuestamente, erradicar la corrupción. Se le dieron las llaves de la puerta trasera a quien debía cuidarla. El pasado 17 de septiembre se conoció en Guanajuato el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito en diez tanques. Con una cifra así, preguntar solo quién manejaba la pipa es casi un acto de inocencia voluntaria. La pregunta es quién permitió construir la carretera —económica, institucional y política— por la que ese combustible circuló durante años.

Adán y la búsqueda incesante de gubernaturas

Tras el escándalo, Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado y anunció que se dedicaría a tareas electorales rumbo a 2027, elección en la que se disputarán 17 gubernaturas para la que Morena ya registró 277 aspirantes. Lejos de desaparecer, sigue moviendo fichas: respalda públicamente a Andrea Chávez en Chihuahua, frente al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (favorito en encuestas), y participa en la operación territorial del partido en estados donde aún no se resuelven las candidaturas.

Es decir: mientras el país intenta averiguar cómo el crimen organizado penetró policías, gobiernos y negocios de combustible, uno de los políticos más salpicados políticamente por el caso sigue participando en la construcción del próximo mapa de poder. Solo en la política mexicana un escándalo de ese tamaño puede convertirse en escala y no necesariamente en lastre.

Los otros demonios

Nos acostumbramos a las fotografías de bidones y camionetas incendiadas —una imagen casi reconfortante porque colocaba al delincuente lejos del poder—. Pero un negocio capaz de producir miles de tomas clandestinas y sobrevivir durante ocho años no se explica únicamente desde abajo. Necesita perforadores, sí, pero también transportistas, empresarios y funcionarios que decidieron no complicarse la vida. Necesita, sobre todo, silencio comprado al mayoreo.

López Obrador creyó que bastaba con cerrar ductos. Sheinbaum enfrenta algo más incómodo: averiguar hasta dónde llegan las tuberías políticas que heredó y decidir —con nombres y cargos, no con comunicados— cuánto está dispuesta a seguirlas. Decomisar combustible es relativamente sencillo; investigar las redes de funcionarios, empresarios y protectores que permitieron que el negocio sobreviviera mientras el gobierno presumía combatirlo es otra cosa.

Ahí empiezan los otros demonios. Porque seguir una manguera es fácil. Lo verdaderamente peligroso es seguir el dinero y, de ahí, sin desviarse, seguir al poder mismo.

¿Alguien les pondrá un alto?