Opinión

La usurpación médica: Un riesgo letal. Por: Sigrid Moctezuma

El reciente escándalo en torno a Marilyn Cote, quien se hizo pasar por psiquiatra en Puebla, ha encendido las alarmas sobre un tema crítico y subestimado: la usurpación de profesiones médicas. Cote, una abogada con títulos en Derecho y Criminalística, afirmaba falsamente ser egresada de universidades de renombre como Harvard y Oslo, y logró engañar a pacientes durante meses, ejerciendo funciones médicas y prescribiendo medicamentos sin tener la preparación adecuada. La psiquiatra Romina Delgado, junto con otras cuentas de activismo médico, fue quien sacó a la luz la verdad, revelando un modus operandi que, en pleno siglo XXI, debería ser absolutamente imposible en un sistema de salud eficaz.

Pero este caso no es solo un incidente aislado; es un reflejo de problemas estructurales en la supervisión médica de México. El modus operandi de Cote no fue el de una persona ocasionalmente desinformada, sino el de una impostora que operaba con conocimiento y astucia, y lograba convencer a sus pacientes de que estaba cualificada para prescribir tratamientos y medicar a personas vulnerables. Las consecuencias de este tipo de fraude son catastróficas, como se evidenció cuando se descubrió que la impostora estaba administrando infusiones de ketamina sin ninguna formación en psiquiatría. Este tipo de prácticas fraudulentas, llevadas a cabo sin las licencias ni la capacitación correspondiente, puede tener efectos devastadores: complicaciones físicas graves, daños psicológicos irreversibles, y un sinnúmero de consecuencias que, al tratarse de la salud de las personas, no deben ser tomadas a la ligera.

Los tratamientos no solo se limitan a la prescripción incorrecta de medicamentos. La administración de sustancias como la ketamina, utilizada para el tratamiento de trastornos psiquiátricos, requiere de una preparación rigurosa para evitar daños potenciales. Sin un conocimiento profundo sobre las dosis, los efectos secundarios y las interacciones con otros medicamentos, estos procedimientos pueden ser peligrosos, a veces con resultados fatales. Las prácticas fraudulentas, si no se abordan con urgencia, representan una amenaza tangible que puede costar vidas. No solo se expone a los pacientes a un riesgo inmediato, sino que también se mina la confianza en el sistema médico en general, creando un ambiente de desconfianza que afecta incluso a los profesionales legítimos.

La mala praxis no es un concepto abstracto; es un peligro constante que puede tener consecuencias irreparables. Cuando un impostor médico tiene en sus manos la responsabilidad de la salud de alguien, las líneas entre la negligencia y el crimen se vuelven borrosas. Sin embargo, en México, casos como el de Cote demuestran que las barreras para proteger a los ciudadanos son aún deficientes y porosas. El hecho de que Cote haya operado durante tanto tiempo sin ser detectada revela serias deficiencias en los mecanismos de control que deberían existir para proteger a los pacientes.

Este caso debería servir como una llamada de atención sobre la importancia de fortalecer los mecanismos de verificación de credenciales y las auditorías a las prácticas médicas. Las sanciones a los usurpadores deben ser ejemplares y adecuadas al daño potencial o real que causan, pero no basta con castigar después del hecho. Es necesario un enfoque más preventivo que incluya la creación de sistemas de monitoreo más estrictos. De igual manera, la revisión de las prácticas en clínicas privadas y consultorios es indispensable, pues es ahí donde, muchas veces, los pacientes son más vulnerables.

El caso de Marilyn Cote ha destapado una realidad que debería avergonzarnos y motivarnos al mismo tiempo. El sistema de salud necesita reformas urgentes que también creen una red de apoyo a los pacientes.

En última instancia, los riesgos de la usurpación médica no solo amenazan a las personas directamente afectadas; son un problema de salud pública que debe recibir la atención y los recursos necesarios para garantizar que ningún impostor vuelva a tener la oportunidad de jugar con la vida de los demás. La tragedia de casos como el de Marilyn Cote debe ser un recordatorio de que la salud de los mexicanos es un derecho que debe ser protegido con los más altos estándares de cuidado y responsabilidad.

Opinión

Huachicol y otros demonios. Por Caleb Ordoñez T.

México lleva ocho años combatiendo el huachicol y el huachicol lleva ocho años ganándole por goleada. López Obrador inauguró su gobierno cerrando ductos y prometiendo mandar al huachicolero al museo de la corrupción del pasado. Ocho años y una transición después, México registró 2,563 tomas clandestinas solo en el primer trimestre de 2026: una cada 51 minutos. El huachicolero no murió. Evolucionó, se puso corbata y aprendió política.

¿Por qué Huachicol?

“Huachicol” nombró primero al alcohol adulterado, era una bebida que prometía una cosa y entregaba otra, antes de migrar a la gasolina robada y, ya en su versión de cuello blanco, al huachicol fiscal. Somos creativos para ponerles nombres folclóricos a nuestras tragedias.

Caleb Ordoñez Talavera

Y esto dejó de ser folclor hace mucho. En el primer trimestre del año, Hidalgo registró 731 tomas clandestinas; Jalisco, 578; el Estado de México, 189. Cuautepec de Hinojosa, un solo municipio de Hidalgo, acumuló 202 perforaciones en tres meses. Una toma clandestina cada 51 minutos no es el vecino con una manguera a las tres de la mañana. Es una industria con horario de oficina, y una industria necesita nómina: gente para sacar el combustible, pipas para moverlo, bodegas para guardarlo y empresas de papel para lavar las ganancias. Y para sostener el aparato durante años hace falta el insumo más caro de todos: suficientes autoridades dispuestas a no ver, no oír y no preguntar.

Aquí conviene hacer una pausa honesta. El gobierno tiene un argumento real que oponer a esto: los aseguramientos han aumentado, no disminuido, y parte de la razón por la que ahora “vemos” más huachicol es que se está buscando más que antes. Es cierto. El problema es que ese argumento explica el número de decomisos, no el de tomas clandestinas —que también aumentó—, y tampoco explica por qué las redes de corrupción y protección que hacen posible semejante negocio han logrado sobrevivir durante ocho años. Encontrar más droga no prueba que se esté ganando la guerra contra el narco; encontrar más huachicol tampoco prueba que se esté ganando esta.

La escoba de Tabasco

Aquí entra Adán Augusto López. No existe sentencia que lo vincule con el huachicol ni está acreditado que perteneciera a La Barredora. Su problema es otro, y más incómodo: cuando gobernaba Tabasco, puso al frente de la seguridad pública a Hernán Bermúdez Requena, el hombre encargado de cazar exactamente a los delincuentes que terminó, presuntamente, dirigiendo.

Hoy Bermúdez está procesado como presunto jefe de “La Barredora”, organización señalada por extorsión, secuestro y robo de combustible. El hombre puesto a barrer el crimen de Tabasco terminó acusado de encabezar La Barredora llena de corrupción. Adán Augusto ha negado cualquier vínculo y no enfrenta cargos. Pero muchos tabasqueños aseguran que está involucrado.

Lo que no resuelve es la pregunta política: ¿cómo se gobierna un estado sin enterarse de lo que ocurre alrededor del propio jefe de Seguridad? Solo hay dos respuestas, y ambas son un problema. Si lo sabía, es gravísimo. Si no lo sabía, la pregunta es qué estaba gobernando exactamente. Para quien después llegó a secretario de Gobernación y hoy pretende conservar influencia en la definición electoral de 2027, ninguna cabe en un currículum, aunque ambas quepan en la política mexicana.

El huachicol aprendió a usar corbata

Mientras el país perseguía mangueras en el campo, el negocio se mudó a un piso más alto. El huachicol fiscal ni siquiera necesita perforar un ducto: puede bastarle un barco, una importación mal declarada, una empresa fachada y un pedimento aduanal firmado por la persona indicada. Cambió la camioneta por un escritorio y la manguera por un sello.

Las investigaciones han tocado ya a mandos vinculados con la Marina, la institución a la que López Obrador entregó el control de las aduanas para, supuestamente, erradicar la corrupción. Se le dieron las llaves de la puerta trasera a quien debía cuidarla. El pasado 17 de septiembre se conoció en Guanajuato el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito en diez tanques. Con una cifra así, preguntar solo quién manejaba la pipa es casi un acto de inocencia voluntaria. La pregunta es quién permitió construir la carretera —económica, institucional y política— por la que ese combustible circuló durante años.

Adán y la búsqueda incesante de gubernaturas

Tras el escándalo, Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado y anunció que se dedicaría a tareas electorales rumbo a 2027, elección en la que se disputarán 17 gubernaturas para la que Morena ya registró 277 aspirantes. Lejos de desaparecer, sigue moviendo fichas: respalda públicamente a Andrea Chávez en Chihuahua, frente al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (favorito en encuestas), y participa en la operación territorial del partido en estados donde aún no se resuelven las candidaturas.

Es decir: mientras el país intenta averiguar cómo el crimen organizado penetró policías, gobiernos y negocios de combustible, uno de los políticos más salpicados políticamente por el caso sigue participando en la construcción del próximo mapa de poder. Solo en la política mexicana un escándalo de ese tamaño puede convertirse en escala y no necesariamente en lastre.

Los otros demonios

Nos acostumbramos a las fotografías de bidones y camionetas incendiadas —una imagen casi reconfortante porque colocaba al delincuente lejos del poder—. Pero un negocio capaz de producir miles de tomas clandestinas y sobrevivir durante ocho años no se explica únicamente desde abajo. Necesita perforadores, sí, pero también transportistas, empresarios y funcionarios que decidieron no complicarse la vida. Necesita, sobre todo, silencio comprado al mayoreo.

López Obrador creyó que bastaba con cerrar ductos. Sheinbaum enfrenta algo más incómodo: averiguar hasta dónde llegan las tuberías políticas que heredó y decidir —con nombres y cargos, no con comunicados— cuánto está dispuesta a seguirlas. Decomisar combustible es relativamente sencillo; investigar las redes de funcionarios, empresarios y protectores que permitieron que el negocio sobreviviera mientras el gobierno presumía combatirlo es otra cosa.

Ahí empiezan los otros demonios. Porque seguir una manguera es fácil. Lo verdaderamente peligroso es seguir el dinero y, de ahí, sin desviarse, seguir al poder mismo.

¿Alguien les pondrá un alto?