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Opinión

La usurpación médica: Un riesgo letal. Por: Sigrid Moctezuma

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El reciente escándalo en torno a Marilyn Cote, quien se hizo pasar por psiquiatra en Puebla, ha encendido las alarmas sobre un tema crítico y subestimado: la usurpación de profesiones médicas. Cote, una abogada con títulos en Derecho y Criminalística, afirmaba falsamente ser egresada de universidades de renombre como Harvard y Oslo, y logró engañar a pacientes durante meses, ejerciendo funciones médicas y prescribiendo medicamentos sin tener la preparación adecuada. La psiquiatra Romina Delgado, junto con otras cuentas de activismo médico, fue quien sacó a la luz la verdad, revelando un modus operandi que, en pleno siglo XXI, debería ser absolutamente imposible en un sistema de salud eficaz.

Pero este caso no es solo un incidente aislado; es un reflejo de problemas estructurales en la supervisión médica de México. El modus operandi de Cote no fue el de una persona ocasionalmente desinformada, sino el de una impostora que operaba con conocimiento y astucia, y lograba convencer a sus pacientes de que estaba cualificada para prescribir tratamientos y medicar a personas vulnerables. Las consecuencias de este tipo de fraude son catastróficas, como se evidenció cuando se descubrió que la impostora estaba administrando infusiones de ketamina sin ninguna formación en psiquiatría. Este tipo de prácticas fraudulentas, llevadas a cabo sin las licencias ni la capacitación correspondiente, puede tener efectos devastadores: complicaciones físicas graves, daños psicológicos irreversibles, y un sinnúmero de consecuencias que, al tratarse de la salud de las personas, no deben ser tomadas a la ligera.

Los tratamientos no solo se limitan a la prescripción incorrecta de medicamentos. La administración de sustancias como la ketamina, utilizada para el tratamiento de trastornos psiquiátricos, requiere de una preparación rigurosa para evitar daños potenciales. Sin un conocimiento profundo sobre las dosis, los efectos secundarios y las interacciones con otros medicamentos, estos procedimientos pueden ser peligrosos, a veces con resultados fatales. Las prácticas fraudulentas, si no se abordan con urgencia, representan una amenaza tangible que puede costar vidas. No solo se expone a los pacientes a un riesgo inmediato, sino que también se mina la confianza en el sistema médico en general, creando un ambiente de desconfianza que afecta incluso a los profesionales legítimos.

La mala praxis no es un concepto abstracto; es un peligro constante que puede tener consecuencias irreparables. Cuando un impostor médico tiene en sus manos la responsabilidad de la salud de alguien, las líneas entre la negligencia y el crimen se vuelven borrosas. Sin embargo, en México, casos como el de Cote demuestran que las barreras para proteger a los ciudadanos son aún deficientes y porosas. El hecho de que Cote haya operado durante tanto tiempo sin ser detectada revela serias deficiencias en los mecanismos de control que deberían existir para proteger a los pacientes.

Este caso debería servir como una llamada de atención sobre la importancia de fortalecer los mecanismos de verificación de credenciales y las auditorías a las prácticas médicas. Las sanciones a los usurpadores deben ser ejemplares y adecuadas al daño potencial o real que causan, pero no basta con castigar después del hecho. Es necesario un enfoque más preventivo que incluya la creación de sistemas de monitoreo más estrictos. De igual manera, la revisión de las prácticas en clínicas privadas y consultorios es indispensable, pues es ahí donde, muchas veces, los pacientes son más vulnerables.

El caso de Marilyn Cote ha destapado una realidad que debería avergonzarnos y motivarnos al mismo tiempo. El sistema de salud necesita reformas urgentes que también creen una red de apoyo a los pacientes.

En última instancia, los riesgos de la usurpación médica no solo amenazan a las personas directamente afectadas; son un problema de salud pública que debe recibir la atención y los recursos necesarios para garantizar que ningún impostor vuelva a tener la oportunidad de jugar con la vida de los demás. La tragedia de casos como el de Marilyn Cote debe ser un recordatorio de que la salud de los mexicanos es un derecho que debe ser protegido con los más altos estándares de cuidado y responsabilidad.

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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