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La verdadera dimensión y gravedad de los sucesos de San Luis Potosí Por Aquiles Córdova

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La semana pasada escribí un artículo donde expongo dos ideas fáciles de entender para quien sepa leer correctamente. La primera era subrayar que la protesta pública es un derecho constitucional y que, por tanto, no cometen delito quienes lo ejercen sino, en todo caso, quienes pretenden sofocarlo llamándolo chantaje y extorsión atropellando flagrantemente la Constitución General de la República. La segunda era aclarar a quienes, desde el gobierno del estado y desde los medios, están inflando y caricaturizando el plantón de los antorchistas, que esta lucha es tan legal como fácil de resolver, pues basta con entender y resolver, con justicia y equidad, las demandas de los inconformes. La respuesta fue un ataque mediático feroz, realizado al alimón por los periodistas Armando Acosta y Raymundo Rocha, quienes, haciendo olímpicamente a un lado mi argumento legal, se dedican a lanzar injurias y acusaciones desbocadas en contra mía y del antorchismo potosino.

El ataque de Armando Acosta consiste, casi totalmente, en reproducir íntegro, en su columna “BITÁCORA” del diario “San Luis Hoy”, un artículo de Ricardo Alemán aparecido en una página de internet a fines del año pasado. El artículo de marras es, ciertamente, un buen resumen de todas las injurias, calumnias y acusaciones trilladas que nuestros enemigos gratuitos han arrojado, desde siempre, en contra nuestra. Pero no más. Ricardo Alemán, igual que sus antecesores, no demuestra absolutamente nada ni se molesta siquiera en intentarlo; su objetivo es calumniar y desprestigiar y lo cumple con riguroso apego a su tarea, sin andarse con veleidades lógicas o moralistas. Y Armando Acosta, que en materia de argucias, “prestigio” y “autoridad” está muy por debajo de su maestro, después de citarlo in extenso se queda muy orondo y satisfecho, pensando que ha logrado demostrar el teorema de las paralelas de Euclides. Es el mismo falso método demostrativo de todos los mentirosos profesionales del mundo: uno de ellos lanza la primera mentira; un segundo la repite y la “demuestra” citando al primero, un tercero hace lo mismo y se protege citando al segundo, y así hasta que la calumnia vuelve a su punto de origen donde, en el colmo del ridículo, el primer calumniador “demuestra” ahora su dicho citando a quienes antes lo citaron a él como autoridad suprema y fuente de verdad indiscutible. Semejante círculo vicioso no merece ni siquiera la burla de aquellos a quienes se dirige.

Lo grave y significativo de la situación está en otro lado; está en lo que Armando Acosta y Raymundo Rocha añaden al viejo cuento de Ricardo Alemán. Y eso es así porque tengo en mis manos el documento originario de donde estos “periodistas” sacaron sus infundios: se trata de dos cuartillas redactadas por la oficina de prensa del gobierno potosino, en las que se contienen todos y cada uno de los “argumentos” que los comunicadores mencionados manejan en mi contra y en contra del antorchismo potosino. Así que, haciendo a un lado disimulos e innecesarias fórmulas de cortesía, digo directamente: el gobierno de San Luis Potosí me acusa de haberme hecho multimillonario con los recursos arrancados, mediante el chantaje, a distintos gobiernos a nombre de los pobres a quienes el antorchismo dice defender; nos acusa, como organización, de pretender sustituir “de facto” al gobierno del estado para hacernos del control de diversos programas en favor de la gente y del erario del estado para nuestro provecho; me acusa de “arrogante” y de haber lanzado, en mi colaboración anterior, un ultimátum a los gobiernos de Tamaulipas, Hidalgo, Sinaloa y Baja California Sur y San Luis Potosí, afirmando que si no cumplen mi capricho, desencadenaré un conflicto de grandes proporciones y, finalmente, manipulando las demanda del plantón a modo de que parezcan un cúmulo de abusivas necedades, nos acusan de estar exigiendo 500 millones de pesos para seguir engordando nuestros bolsillo como hasta ahora.

Así que, como reza el ingenio popular, no me dirijo a los enanos sino al dueño del circo.

1.- Es un infundio vergonzoso llamarme multimillonario y acusarme de medrar con los recursos destinados a los pobres organizados en Antorcha. Reto a quien sea a que me encuentre alguna propiedad, cuenta bancaria o prestanombres comprobado; y desafío también a quien sea a que presente algún grupo (no a persona aislada, que eso es fácil de montar) que me señale directamente de haberle birlado los recursos autorizados para obras o servicios en su beneficio.

2.- No se puede sostener, lógica y racionalmente, el argumento numérico de 500 millones de pesos para probar que las demandas de los pobres potosinos organizados en Antorcha son ilegítimas, abusivas e imposibles de cumplir. Es algo así como acusar de abusivo a un enfermo de cáncer, porque la operación que necesita cuesta un millón de pesos. ¿Cuánto se requiere para sacar del hambre y la marginación a los miles de potosinos que las padecen? ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco, contrastado con esta lacerante injusticia? Y eso sin hacer cuenta de que vivimos en un país que se ubica entre los más desiguales del mundo, donde el número de pobres rebasa el 50% de su población total; donde el desempleo crece con el crecimiento de la economía en vez de disminuir; donde los pobres aportan el 70% del presupuesto del gobierno y el otro 30% sale de PEMEX, y no del bolsillo de las grandes empresas; donde ese presupuesto se gasta en forma cada vez más sesgada a favor de los ricos, mientras las masas carecen de lo indispensable y las condiciones mundiales amenazan con tornar la situación mucho más difícil todavía para ellas.

3.- Sostengo y repito que, en tales circunstancias, es un suicidio negarse a atender las demandas elementales de los más desamparados y todavía sofocar sus protestas mediante la fuerza pública y la cárcel. Y concluir de aquí que soy arrogante y que amenazo al gobierno de varios estados con el “chantaje” de la revuelta popular, es tan ridículo como acusar de chantajista a Spurinna, el arúspice romano que le vaticinó a Julio César que lo matarían en los idus de marzo. César no hizo caso y fue víctima de sus enemigos. ¿Tuvo de eso la culpa el arúspice?

4.- Y finalmente, es peligrosa paranoia ver en la lucha defensiva de los humillados de la tierra, una conjura siniestra para hacerse con el poder y el dinero. ¿De dónde salió tan delirante disparate? Estamos a tiempo de recobrar la serenidad y la cordura y de dimensionar correctamente los hechos, los problemas y las soluciones. Un mal tratamiento de los mismos puede convertir en un incendio gigante lo que en sus inicios pudo apagarse con un ligero soplo oportuna y sabiamente administrado. Eso es lo que demandamos y demandaremos hasta el final los antorchistas de San Luis Potosí y de todo el país. Las equivocaciones nacidas de la prepotencia y la soberbia del poder no podrán ser, jamás, atribuidas a quienes sólo luchan por lo indispensable para sobrevivir.

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La corona que derribó al fiscal. Por Caleb Ordóñez T.

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Alejandro Gertz Manero no se fue por un solo escándalo. Su salida de la Fiscalía General es el cierre natural —y casi inevitable— de una historia acumulada durante décadas: un expediente no judicial, sino político, construido a fuerza de polémicas, enojos y decisiones que siempre parecían estar un milímetro antes (o después) del momento correcto. Una vida pública larga, tensa y llena de episodios que México nunca logró procesar del todo y que terminaron de golpe cuando la luz inesperada lo alumbró demasiado.

Para entender su renuncia, hay que regresar al principio. A 2001. A Puente Grande. A Joaquín “El Chapo” Guzmán desapareciendo como si el penal fuera un teatro mal montado. A un gabinete recién estrenado y a un secretario de Seguridad Pública —Gertz— que quedó tocado desde ese instante, aun cuando defendió hasta el cansancio que los penales no estaban bajo su control directo. Tenía razón en la letra, pero la política no se escribe con artículos constitucionales; se escribe con percepciones. Y la percepción quedó marcada: primera fuga, primer señalamiento.

Luego vendría “el caso familiar”, quizá el capítulo más corrosivo de su trayectoria. La denuncia por homicidio en contra de su excuñada Laura Morán y de su sobrina política, Alejandra Cuevas, terminó por convertirse en un espejo que devolvía una imagen poco favorecedora del fiscal. La figura jurídica de “garante accesoria”, que nadie encontraba en ningún código, la prisión de Cuevas, la reapertura del expediente cuando él ya era fiscal, y después los audios filtrados donde se quejaba del proyecto de sentencia de la Suprema Cort Ese episodio enterró la narrativa de imparcialidad y lo colocó en el centro del debate sobre el uso personal de la justicia. No su mejor capítulo.

Y sin embargo, tampoco ahí cayó.

Su paso por la FGR tuvo escenas memorables —algunas para bien, otras para museo del absurdo. Anunció con firmeza una cruzada contra la impunidad heredada: Odebrecht, Estafa Maestra, Pemex, la élite política del sexenio pasado. Era un fiscal que llegaba con autoridad intelectual: décadas de docencia, formación sólida en derecho penal, experiencia en seguridad y una convicción genuina de que el Ministerio Público tenía que recuperar su dignidad institucional. Ese punto —el positivo— hay que concedérselo: Gertz siempre habló de la Fiscalía como una institución que debía fortalecerse y, al menos en discurso, entendía la necesidad de autonomía y rigor técnico.

Pero entre lo que se quiere y lo que se logra suele haber un océano.

El caso Lozoya terminó convertido en una tragicomedia: el testigo estrella que prometía derribar a medio gabinete peñista terminó fotografiado en un restaurante, con un guion de colaboración que se desmoronó y un expediente repleto de promesas incumplidas. El famoso cheque de 2,000 millones de pesos, presentado en Palacio Nacional como “reparación del daño”, resultó más simbólico que real. Y mientras tanto, Rosario Robles vivió en prisión preventiva prolongada, exhibiendo el rostro más duro de la Fiscalía, mientras Lozoya parecía disfrutarse el fuero moral de la cooperación.

Su sello más polémico fue la justicia diferenciada. La exoneración exprés del general Salvador Cienfuegos tensó la relación con Estados Unidos; el intento de procesar a 31 científicos del Conacyt por delincuencia organizada levantó incluso carcajadas en los tribunales; los expedientes contra gobernadores y candidatos en temporada electoral alimentaron la narrativa de que la FGR olía más a estrategia que a proceso penal.

Y después llegó la guerra interna. El pleito con Julio Scherer, la batalla por el control de ciertos expedientes, las acusaciones cruzadas de extorsiones, venganzas y “operaciones sucias” mostraron una Fiscalía atrapada en el mismo laberinto político que juró superar.

Con todo, había una cualidad que incluso sus críticos reconocen: Gertz era persistente. Y conocía el aparato penal como pocos. Tenía método, obsesión por el detalle y una idea fija de orden institucional. No siempre funcionó, no siempre fue justa ni eficiente, pero era innegable que se trataba de un hombre que llevaba décadas pensando —de verdad pensando— en el sistema penal mexicano.

¿Entonces por qué renunció?

Porque la política no solo se derrumba por grandes actos de corrupción o colapsos institucionales. A veces cae por la presión inesperada del lugar menos imaginado. En este caso, una corona.

Todo estalló cuando México celebraba con júbilo el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo. Una mexicana ganando el certamen después de tantos años era un regalo para la narrativa nacional: orgullo, identidad, representación, el país hablando de algo luminoso por primera vez en semanas. Pero justo ahí, en plena celebración, comenzaron a circular los expedientes —sellados y empolvados en la FGR— relacionados con Raúl Rocha, presidente de la franquicia Miss Universo y vinculado en investigaciones mediáticas con presuntos contratos irregulares con Pemex.

La pregunta no era si existía una investigación. La pregunta era: ¿por qué se filtró justo ahora?

La respuesta implícita fue unánime: porque la FGR había perdido control interno. Porque intereses cruzados querían lastimar a la 4T. Porque la filtración no solo embarraba a un empresario, sino también a Bosch, la nueva joya mediática del país. Porque el triunfo, tan necesario en una nación saturada de malas noticias, se convirtió en combustible político en cuestión de horas. Porque México estaba celebrando una coronación, y alguien sacó un expediente que olía a guerra interna.

Eso, en Palacio Nacional, fue dinamita.

No se podía permitir que una victoria global, limpia y emocional, se convirtiera en pleito burocrático. Mucho menos cuando la Presidencia buscaba proyectar una nueva etapa institucional y evitar conflictos con la industria cultural y de entretenimiento que ya estaba devolviendo atención internacional al país. Gertz había sobrevivido a todo: a expedientes fallidos, a presiones, a audios filtrados, a críticas internacionales. Pero tocar un símbolo recién coronado fue otra cosa. Transformó un problema jurídico en un problema político. Y en México, los problemas políticos se resuelven de una sola forma: pidiendo renuncias.

El 27 de noviembre de 2025, presentó la suya.

Salió con un extraño nombramiento diplomático y un comunicado sin dramatismos, pero cargado de silencios. Fue la despedida de un fiscal que quiso ser reformador, que terminó siendo símbolo de poder concentrado y que cayó no por un caso penal, sino por una coronación que puso demasiados reflectores sobre sus polémicas.

Y así, la corona de Fátima Bosch terminó abollando algo más que el ego de los críticos: terminó abollando, también, el trono del fiscal más poderoso del México reciente.

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