Conecta con nosotros

Opinión

La verdadera dimensión y gravedad de los sucesos de San Luis Potosí Por Aquiles Córdova

Published

on

La semana pasada escribí un artículo donde expongo dos ideas fáciles de entender para quien sepa leer correctamente. La primera era subrayar que la protesta pública es un derecho constitucional y que, por tanto, no cometen delito quienes lo ejercen sino, en todo caso, quienes pretenden sofocarlo llamándolo chantaje y extorsión atropellando flagrantemente la Constitución General de la República. La segunda era aclarar a quienes, desde el gobierno del estado y desde los medios, están inflando y caricaturizando el plantón de los antorchistas, que esta lucha es tan legal como fácil de resolver, pues basta con entender y resolver, con justicia y equidad, las demandas de los inconformes. La respuesta fue un ataque mediático feroz, realizado al alimón por los periodistas Armando Acosta y Raymundo Rocha, quienes, haciendo olímpicamente a un lado mi argumento legal, se dedican a lanzar injurias y acusaciones desbocadas en contra mía y del antorchismo potosino.

El ataque de Armando Acosta consiste, casi totalmente, en reproducir íntegro, en su columna “BITÁCORA” del diario “San Luis Hoy”, un artículo de Ricardo Alemán aparecido en una página de internet a fines del año pasado. El artículo de marras es, ciertamente, un buen resumen de todas las injurias, calumnias y acusaciones trilladas que nuestros enemigos gratuitos han arrojado, desde siempre, en contra nuestra. Pero no más. Ricardo Alemán, igual que sus antecesores, no demuestra absolutamente nada ni se molesta siquiera en intentarlo; su objetivo es calumniar y desprestigiar y lo cumple con riguroso apego a su tarea, sin andarse con veleidades lógicas o moralistas. Y Armando Acosta, que en materia de argucias, “prestigio” y “autoridad” está muy por debajo de su maestro, después de citarlo in extenso se queda muy orondo y satisfecho, pensando que ha logrado demostrar el teorema de las paralelas de Euclides. Es el mismo falso método demostrativo de todos los mentirosos profesionales del mundo: uno de ellos lanza la primera mentira; un segundo la repite y la “demuestra” citando al primero, un tercero hace lo mismo y se protege citando al segundo, y así hasta que la calumnia vuelve a su punto de origen donde, en el colmo del ridículo, el primer calumniador “demuestra” ahora su dicho citando a quienes antes lo citaron a él como autoridad suprema y fuente de verdad indiscutible. Semejante círculo vicioso no merece ni siquiera la burla de aquellos a quienes se dirige.

Lo grave y significativo de la situación está en otro lado; está en lo que Armando Acosta y Raymundo Rocha añaden al viejo cuento de Ricardo Alemán. Y eso es así porque tengo en mis manos el documento originario de donde estos “periodistas” sacaron sus infundios: se trata de dos cuartillas redactadas por la oficina de prensa del gobierno potosino, en las que se contienen todos y cada uno de los “argumentos” que los comunicadores mencionados manejan en mi contra y en contra del antorchismo potosino. Así que, haciendo a un lado disimulos e innecesarias fórmulas de cortesía, digo directamente: el gobierno de San Luis Potosí me acusa de haberme hecho multimillonario con los recursos arrancados, mediante el chantaje, a distintos gobiernos a nombre de los pobres a quienes el antorchismo dice defender; nos acusa, como organización, de pretender sustituir “de facto” al gobierno del estado para hacernos del control de diversos programas en favor de la gente y del erario del estado para nuestro provecho; me acusa de “arrogante” y de haber lanzado, en mi colaboración anterior, un ultimátum a los gobiernos de Tamaulipas, Hidalgo, Sinaloa y Baja California Sur y San Luis Potosí, afirmando que si no cumplen mi capricho, desencadenaré un conflicto de grandes proporciones y, finalmente, manipulando las demanda del plantón a modo de que parezcan un cúmulo de abusivas necedades, nos acusan de estar exigiendo 500 millones de pesos para seguir engordando nuestros bolsillo como hasta ahora.

Así que, como reza el ingenio popular, no me dirijo a los enanos sino al dueño del circo.

1.- Es un infundio vergonzoso llamarme multimillonario y acusarme de medrar con los recursos destinados a los pobres organizados en Antorcha. Reto a quien sea a que me encuentre alguna propiedad, cuenta bancaria o prestanombres comprobado; y desafío también a quien sea a que presente algún grupo (no a persona aislada, que eso es fácil de montar) que me señale directamente de haberle birlado los recursos autorizados para obras o servicios en su beneficio.

2.- No se puede sostener, lógica y racionalmente, el argumento numérico de 500 millones de pesos para probar que las demandas de los pobres potosinos organizados en Antorcha son ilegítimas, abusivas e imposibles de cumplir. Es algo así como acusar de abusivo a un enfermo de cáncer, porque la operación que necesita cuesta un millón de pesos. ¿Cuánto se requiere para sacar del hambre y la marginación a los miles de potosinos que las padecen? ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco, contrastado con esta lacerante injusticia? Y eso sin hacer cuenta de que vivimos en un país que se ubica entre los más desiguales del mundo, donde el número de pobres rebasa el 50% de su población total; donde el desempleo crece con el crecimiento de la economía en vez de disminuir; donde los pobres aportan el 70% del presupuesto del gobierno y el otro 30% sale de PEMEX, y no del bolsillo de las grandes empresas; donde ese presupuesto se gasta en forma cada vez más sesgada a favor de los ricos, mientras las masas carecen de lo indispensable y las condiciones mundiales amenazan con tornar la situación mucho más difícil todavía para ellas.

3.- Sostengo y repito que, en tales circunstancias, es un suicidio negarse a atender las demandas elementales de los más desamparados y todavía sofocar sus protestas mediante la fuerza pública y la cárcel. Y concluir de aquí que soy arrogante y que amenazo al gobierno de varios estados con el “chantaje” de la revuelta popular, es tan ridículo como acusar de chantajista a Spurinna, el arúspice romano que le vaticinó a Julio César que lo matarían en los idus de marzo. César no hizo caso y fue víctima de sus enemigos. ¿Tuvo de eso la culpa el arúspice?

4.- Y finalmente, es peligrosa paranoia ver en la lucha defensiva de los humillados de la tierra, una conjura siniestra para hacerse con el poder y el dinero. ¿De dónde salió tan delirante disparate? Estamos a tiempo de recobrar la serenidad y la cordura y de dimensionar correctamente los hechos, los problemas y las soluciones. Un mal tratamiento de los mismos puede convertir en un incendio gigante lo que en sus inicios pudo apagarse con un ligero soplo oportuna y sabiamente administrado. Eso es lo que demandamos y demandaremos hasta el final los antorchistas de San Luis Potosí y de todo el país. Las equivocaciones nacidas de la prepotencia y la soberbia del poder no podrán ser, jamás, atribuidas a quienes sólo luchan por lo indispensable para sobrevivir.

Clic para comentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Opinión

Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera

Published

on

By

El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.

Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.

Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.

Siete.

Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.

Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.

Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.

Esa no es una democracia sana.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.

Pero, ¿Por qué ocurre?

Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.

Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?

¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?

Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.

Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.

Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.

Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.

También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.

Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.

El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.

Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.

No los olvidamos.

Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.

Siete nombres.

Siete familias.

Siete historias interrumpidas.

Pero también siete razones para no acostumbrarnos.

Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad

Más visto