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La verdadera dimensión y gravedad de los sucesos de San Luis Potosí Por Aquiles Córdova

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La semana pasada escribí un artículo donde expongo dos ideas fáciles de entender para quien sepa leer correctamente. La primera era subrayar que la protesta pública es un derecho constitucional y que, por tanto, no cometen delito quienes lo ejercen sino, en todo caso, quienes pretenden sofocarlo llamándolo chantaje y extorsión atropellando flagrantemente la Constitución General de la República. La segunda era aclarar a quienes, desde el gobierno del estado y desde los medios, están inflando y caricaturizando el plantón de los antorchistas, que esta lucha es tan legal como fácil de resolver, pues basta con entender y resolver, con justicia y equidad, las demandas de los inconformes. La respuesta fue un ataque mediático feroz, realizado al alimón por los periodistas Armando Acosta y Raymundo Rocha, quienes, haciendo olímpicamente a un lado mi argumento legal, se dedican a lanzar injurias y acusaciones desbocadas en contra mía y del antorchismo potosino.

El ataque de Armando Acosta consiste, casi totalmente, en reproducir íntegro, en su columna “BITÁCORA” del diario “San Luis Hoy”, un artículo de Ricardo Alemán aparecido en una página de internet a fines del año pasado. El artículo de marras es, ciertamente, un buen resumen de todas las injurias, calumnias y acusaciones trilladas que nuestros enemigos gratuitos han arrojado, desde siempre, en contra nuestra. Pero no más. Ricardo Alemán, igual que sus antecesores, no demuestra absolutamente nada ni se molesta siquiera en intentarlo; su objetivo es calumniar y desprestigiar y lo cumple con riguroso apego a su tarea, sin andarse con veleidades lógicas o moralistas. Y Armando Acosta, que en materia de argucias, “prestigio” y “autoridad” está muy por debajo de su maestro, después de citarlo in extenso se queda muy orondo y satisfecho, pensando que ha logrado demostrar el teorema de las paralelas de Euclides. Es el mismo falso método demostrativo de todos los mentirosos profesionales del mundo: uno de ellos lanza la primera mentira; un segundo la repite y la “demuestra” citando al primero, un tercero hace lo mismo y se protege citando al segundo, y así hasta que la calumnia vuelve a su punto de origen donde, en el colmo del ridículo, el primer calumniador “demuestra” ahora su dicho citando a quienes antes lo citaron a él como autoridad suprema y fuente de verdad indiscutible. Semejante círculo vicioso no merece ni siquiera la burla de aquellos a quienes se dirige.

Lo grave y significativo de la situación está en otro lado; está en lo que Armando Acosta y Raymundo Rocha añaden al viejo cuento de Ricardo Alemán. Y eso es así porque tengo en mis manos el documento originario de donde estos “periodistas” sacaron sus infundios: se trata de dos cuartillas redactadas por la oficina de prensa del gobierno potosino, en las que se contienen todos y cada uno de los “argumentos” que los comunicadores mencionados manejan en mi contra y en contra del antorchismo potosino. Así que, haciendo a un lado disimulos e innecesarias fórmulas de cortesía, digo directamente: el gobierno de San Luis Potosí me acusa de haberme hecho multimillonario con los recursos arrancados, mediante el chantaje, a distintos gobiernos a nombre de los pobres a quienes el antorchismo dice defender; nos acusa, como organización, de pretender sustituir “de facto” al gobierno del estado para hacernos del control de diversos programas en favor de la gente y del erario del estado para nuestro provecho; me acusa de “arrogante” y de haber lanzado, en mi colaboración anterior, un ultimátum a los gobiernos de Tamaulipas, Hidalgo, Sinaloa y Baja California Sur y San Luis Potosí, afirmando que si no cumplen mi capricho, desencadenaré un conflicto de grandes proporciones y, finalmente, manipulando las demanda del plantón a modo de que parezcan un cúmulo de abusivas necedades, nos acusan de estar exigiendo 500 millones de pesos para seguir engordando nuestros bolsillo como hasta ahora.

Así que, como reza el ingenio popular, no me dirijo a los enanos sino al dueño del circo.

1.- Es un infundio vergonzoso llamarme multimillonario y acusarme de medrar con los recursos destinados a los pobres organizados en Antorcha. Reto a quien sea a que me encuentre alguna propiedad, cuenta bancaria o prestanombres comprobado; y desafío también a quien sea a que presente algún grupo (no a persona aislada, que eso es fácil de montar) que me señale directamente de haberle birlado los recursos autorizados para obras o servicios en su beneficio.

2.- No se puede sostener, lógica y racionalmente, el argumento numérico de 500 millones de pesos para probar que las demandas de los pobres potosinos organizados en Antorcha son ilegítimas, abusivas e imposibles de cumplir. Es algo así como acusar de abusivo a un enfermo de cáncer, porque la operación que necesita cuesta un millón de pesos. ¿Cuánto se requiere para sacar del hambre y la marginación a los miles de potosinos que las padecen? ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco, contrastado con esta lacerante injusticia? Y eso sin hacer cuenta de que vivimos en un país que se ubica entre los más desiguales del mundo, donde el número de pobres rebasa el 50% de su población total; donde el desempleo crece con el crecimiento de la economía en vez de disminuir; donde los pobres aportan el 70% del presupuesto del gobierno y el otro 30% sale de PEMEX, y no del bolsillo de las grandes empresas; donde ese presupuesto se gasta en forma cada vez más sesgada a favor de los ricos, mientras las masas carecen de lo indispensable y las condiciones mundiales amenazan con tornar la situación mucho más difícil todavía para ellas.

3.- Sostengo y repito que, en tales circunstancias, es un suicidio negarse a atender las demandas elementales de los más desamparados y todavía sofocar sus protestas mediante la fuerza pública y la cárcel. Y concluir de aquí que soy arrogante y que amenazo al gobierno de varios estados con el “chantaje” de la revuelta popular, es tan ridículo como acusar de chantajista a Spurinna, el arúspice romano que le vaticinó a Julio César que lo matarían en los idus de marzo. César no hizo caso y fue víctima de sus enemigos. ¿Tuvo de eso la culpa el arúspice?

4.- Y finalmente, es peligrosa paranoia ver en la lucha defensiva de los humillados de la tierra, una conjura siniestra para hacerse con el poder y el dinero. ¿De dónde salió tan delirante disparate? Estamos a tiempo de recobrar la serenidad y la cordura y de dimensionar correctamente los hechos, los problemas y las soluciones. Un mal tratamiento de los mismos puede convertir en un incendio gigante lo que en sus inicios pudo apagarse con un ligero soplo oportuna y sabiamente administrado. Eso es lo que demandamos y demandaremos hasta el final los antorchistas de San Luis Potosí y de todo el país. Las equivocaciones nacidas de la prepotencia y la soberbia del poder no podrán ser, jamás, atribuidas a quienes sólo luchan por lo indispensable para sobrevivir.

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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