Opinión
La verdadera dimensión y gravedad de los sucesos de San Luis Potosí Por Aquiles Córdova
La semana pasada escribí un artículo donde expongo dos ideas fáciles de entender para quien sepa leer correctamente. La primera era subrayar que la protesta pública es un derecho constitucional y que, por tanto, no cometen delito quienes lo ejercen sino, en todo caso, quienes pretenden sofocarlo llamándolo chantaje y extorsión atropellando flagrantemente la Constitución General de la República. La segunda era aclarar a quienes, desde el gobierno del estado y desde los medios, están inflando y caricaturizando el plantón de los antorchistas, que esta lucha es tan legal como fácil de resolver, pues basta con entender y resolver, con justicia y equidad, las demandas de los inconformes. La respuesta fue un ataque mediático feroz, realizado al alimón por los periodistas Armando Acosta y Raymundo Rocha, quienes, haciendo olímpicamente a un lado mi argumento legal, se dedican a lanzar injurias y acusaciones desbocadas en contra mía y del antorchismo potosino.
El ataque de Armando Acosta consiste, casi totalmente, en reproducir íntegro, en su columna “BITÁCORA” del diario “San Luis Hoy”, un artículo de Ricardo Alemán aparecido en una página de internet a fines del año pasado. El artículo de marras es, ciertamente, un buen resumen de todas las injurias, calumnias y acusaciones trilladas que nuestros enemigos gratuitos han arrojado, desde siempre, en contra nuestra. Pero no más. Ricardo Alemán, igual que sus antecesores, no demuestra absolutamente nada ni se molesta siquiera en intentarlo; su objetivo es calumniar y desprestigiar y lo cumple con riguroso apego a su tarea, sin andarse con veleidades lógicas o moralistas. Y Armando Acosta, que en materia de argucias, “prestigio” y “autoridad” está muy por debajo de su maestro, después de citarlo in extenso se queda muy orondo y satisfecho, pensando que ha logrado demostrar el teorema de las paralelas de Euclides. Es el mismo falso método demostrativo de todos los mentirosos profesionales del mundo: uno de ellos lanza la primera mentira; un segundo la repite y la “demuestra” citando al primero, un tercero hace lo mismo y se protege citando al segundo, y así hasta que la calumnia vuelve a su punto de origen donde, en el colmo del ridículo, el primer calumniador “demuestra” ahora su dicho citando a quienes antes lo citaron a él como autoridad suprema y fuente de verdad indiscutible. Semejante círculo vicioso no merece ni siquiera la burla de aquellos a quienes se dirige.
Lo grave y significativo de la situación está en otro lado; está en lo que Armando Acosta y Raymundo Rocha añaden al viejo cuento de Ricardo Alemán. Y eso es así porque tengo en mis manos el documento originario de donde estos “periodistas” sacaron sus infundios: se trata de dos cuartillas redactadas por la oficina de prensa del gobierno potosino, en las que se contienen todos y cada uno de los “argumentos” que los comunicadores mencionados manejan en mi contra y en contra del antorchismo potosino. Así que, haciendo a un lado disimulos e innecesarias fórmulas de cortesía, digo directamente: el gobierno de San Luis Potosí me acusa de haberme hecho multimillonario con los recursos arrancados, mediante el chantaje, a distintos gobiernos a nombre de los pobres a quienes el antorchismo dice defender; nos acusa, como organización, de pretender sustituir “de facto” al gobierno del estado para hacernos del control de diversos programas en favor de la gente y del erario del estado para nuestro provecho; me acusa de “arrogante” y de haber lanzado, en mi colaboración anterior, un ultimátum a los gobiernos de Tamaulipas, Hidalgo, Sinaloa y Baja California Sur y San Luis Potosí, afirmando que si no cumplen mi capricho, desencadenaré un conflicto de grandes proporciones y, finalmente, manipulando las demanda del plantón a modo de que parezcan un cúmulo de abusivas necedades, nos acusan de estar exigiendo 500 millones de pesos para seguir engordando nuestros bolsillo como hasta ahora.
Así que, como reza el ingenio popular, no me dirijo a los enanos sino al dueño del circo.
1.- Es un infundio vergonzoso llamarme multimillonario y acusarme de medrar con los recursos destinados a los pobres organizados en Antorcha. Reto a quien sea a que me encuentre alguna propiedad, cuenta bancaria o prestanombres comprobado; y desafío también a quien sea a que presente algún grupo (no a persona aislada, que eso es fácil de montar) que me señale directamente de haberle birlado los recursos autorizados para obras o servicios en su beneficio.
2.- No se puede sostener, lógica y racionalmente, el argumento numérico de 500 millones de pesos para probar que las demandas de los pobres potosinos organizados en Antorcha son ilegítimas, abusivas e imposibles de cumplir. Es algo así como acusar de abusivo a un enfermo de cáncer, porque la operación que necesita cuesta un millón de pesos. ¿Cuánto se requiere para sacar del hambre y la marginación a los miles de potosinos que las padecen? ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco, contrastado con esta lacerante injusticia? Y eso sin hacer cuenta de que vivimos en un país que se ubica entre los más desiguales del mundo, donde el número de pobres rebasa el 50% de su población total; donde el desempleo crece con el crecimiento de la economía en vez de disminuir; donde los pobres aportan el 70% del presupuesto del gobierno y el otro 30% sale de PEMEX, y no del bolsillo de las grandes empresas; donde ese presupuesto se gasta en forma cada vez más sesgada a favor de los ricos, mientras las masas carecen de lo indispensable y las condici
ones mundiales amenazan con tornar la situación mucho más difícil todavía para ellas.
3.- Sostengo y repito que, en tales circunstancias, es un suicidio negarse a atender las demandas elementales de los más desamparados y todavía sofocar sus protestas mediante la fuerza pública y la cárcel. Y concluir de aquí que soy arrogante y que amenazo al gobierno de varios estados con el “chantaje” de la revuelta popular, es tan ridículo como acusar de chantajista a Spurinna, el arúspice romano que le vaticinó a Julio César que lo matarían en los idus de marzo. César no hizo caso y fue víctima de sus enemigos. ¿Tuvo de eso la culpa el arúspice?
4.- Y finalmente, es peligrosa paranoia ver en la lucha defensiva de los humillados de la tierra, una conjura siniestra para hacerse con el poder y el dinero. ¿De dónde salió tan delirante disparate? Estamos a tiempo de recobrar la serenidad y la cordura y de dimensionar correctamente los hechos, los problemas y las soluciones. Un mal tratamiento de los mismos puede convertir en un incendio gigante lo que en sus inicios pudo apagarse con un ligero soplo oportuna y sabiamente administrado. Eso es lo que demandamos y demandaremos hasta el final los antorchistas de San Luis Potosí y de todo el país. Las equivocaciones nacidas de la prepotencia y la soberbia del poder no podrán ser, jamás, atribuidas a quienes sólo luchan por lo indispensable para sobrevivir.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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