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LA VICTORIA TRICOLOR HA DE SER INOBJETABLE por LUIS OCHOA MINJAREZ

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entro de breves días terminará formalmente la fase más dinámica y emotiva el proceso electoral del  7 de julio venidero, fecha en la que elegiremos nuevos presidentes municipales del Estado Grande, así como diputados locales, regidores y síndicos de cada municipalidad.

La mayor parte de los mexicanos aspiramos a un proceso electoral democrático, transparente, diáfano y, sobre todo, inobjetable. Sin embargo, como era de esperarse, ya asomó la cola la llamada “guerra sucia”, a la que invariablemente acude la oposición de derecha como recurso electoral.

La llamada “guerra sucia” en las actividades políticas y electorales, constituye uno de los vicios más indeseables de nuestra vida democrática. Guerra caracterizada por el uso de la diatriba, la calumnia y el adjetivo hiriente, utilizados como arma política en afán de descalificar o nulificar al adversario.

Por desgracia, y antes de que empiece el proceso electoral del ya cercano siete de julio, los epígonos del derechista partido de Acción Nacional, tanto municipal como estatal, ya dieron las primeras muestras de que no tienen la menor intención de renunciar a ese feo vicio de la guerra sucia.

Independientemente de lo inocuo y ridículo de los comentarios, salta a la vista que los voceros del PAN no piensan renunciar a su arraigado vicio de hacer política y campaña electoral a base de descalificaciones, insultos y diatribas.

Son muchos, inevitables y desastrosos los riesgos que se corren cuando, por ignorancia, rencor ideológico, compromisos con el extranjero o simples intereses personales, se pretende desempeñar actividades políticas con el hígado, no con el corazón, menos con el cerebro.

Si la política, –entendida como la actividad superior del ser humano que la ha llevado a la categoría de ciencia–, se ejerce sin principios, sin generosidad y sin amplia visión de de sus objetivos  se cae en la politiquería de poca monta, inspirada generalmente en dictados del estado de ánimo y reacciones del hígado.

Como se sabe, constitucionalmente los partidos políticos están considerados en nuestra ley suprema como entidades de interés público, es decir, son instituciones que sirven a la comunidad nacional, independientemente de sus tendencias ideológicas, sus intereses representados y sus tesis políticas, a condición de que se apeguen a la legislación correspondiente.

De ello podemos deducir que también nos conviene tener políticos profesionales sensatos, preparados, de buen corazón y, sobre todo, de generosidad comprobada. El electorado ya no admite políticos que utilizan la guerra sucia, el insulto y el adjetivo procaz como medios para llamar la atención y procurar votos y simpatías.

La derecha seguirá decadente mientras no prescinda de la diatriba y la descalificación en su discurso político como recurso electoral o como sonaja para llamar la atención. Pasaron a la historia aquellos jilgueros lenguas largas que en lugar de ideas y tesis políticas manejaban adjetivos infamantes dictados desde la región hepática, con peroratas y torrentes de palabrería hueca y vacía de contenido.

La diatriba y la guerra sucia como recursos electorales, vicios tan arraigados en los jilgueros de la corriente política de la derecha, deben ser rechazadas sin misericordia.

La del siete de julio próximo, ha de ser una inobjetable y aplastante victoria electoral del partido tricolor, el partido mayoritario del pueblo mexicano, urgido de recomponer el país y llevarlo por la senda del progreso auténtico y verdadero que beneficie a las mayorías y no solamente a la vieja minoría.

Vieja treta política: desalentar el voto

La vieja y antipatriótica treta de desalentar el ejercicio del derecho y obligación del sufragio, ya no da los resultados negativos en la actualidad. El próximo domingo 7 de julio del 2013, todos los ciudadanos chihuahuenses, mujeres y hombres, acudiremos a las urnas electorales a depositar nuestro voto a favor del partido político y sus candidatos que más se acomoden a nuestro modo de pensar y a nuestros anhelos y esperanzas.

Ya no existe ser humano que ignore que quien no vota no cuenta para nada en la vida cívica y política de su comunidad. Una forma de suicidio civil es sustraerse por apatía, por modorra o indiferencia al cumplimiento de los deberes cívicos.

Otro modo de auto eliminarse del conjunto social en el que se vive, es negarse al ejercicio de los derechos a que tiene derecho todo ciudadano en un sistema democrático.

El Estado mexicano invierte considerables recursos provenientes de los impuestos que pagamos para mantener e impulsar la democracia en nuestro país. Los partidos políticos están considerados –lo repetimos–, constitucionalmente como entidades sociales de interés público porque son los instrumentos de que se sirve el pueblo para organizarse políticamente.

La ciudadanización de los organismos electorales es el fruto de un gran esfuerzo de los mexicanos y sus gobiernos para transparentar la democracia y poner al cuidado de los ciudadanos el manejo de todos los procesos de selección y elección de nuestros gobernantes municipales, estatales y federales.

Garantizar la limpieza y la transparencia de todo proceso electoral como el que desarrollamos próximamente en todo el Estado de Chihuahua, constituye la misión central y superior de los organismos electorales manejados por ciudadanos ajenos a los puestos del sector público. Ello siembra la confianza en los electores y los incita a participar con entusiasmo al emitir su voto.

Ninguna estratagema criminal desalentará el entusiasmo cívico por renovar nuestros instrumentos gubernamentales, en busca de ir eliminando errores, vicios y truculencias.

No olvidemos que quien no acude a las urnas electorales para elegir a sus gobernantes, es que no existe, simplemente.

Salivazos al cielo del “Peje Lagarto”

Ayer sábado el Peje Lagarto anduvo  por algunos puebluchos del Estado de Guerrero buscando adeptos para su enésimo partido político del que quiere ser líder único e indiscutible, ya que en los incontables partidos en los que ha militado, no le fue posible tan aberrante propósito.

“Queremos transformar México, les dijo a una treintena de lugareños, porque este régimen ya se pudrió, es un régimen caduco, de corrupción, de injusticias, de privilegios, que está destruyendo a nuestro país y que está desgraciando a la mayoría del pueblo de México, por eso es nuestra lucha, remató”.

Salivazos al cielo de este calibre, son los menos ofensivos que viene lanzando en afán de desahogar su rencor político y se ego maltrecho por los sonoros fracasos que viene cosechando en la empinada cuestabajo que lo desliza y aleja cada día más de la política palpitante.

Peña Nieto a punto

de llegar a la cima

Ya solamente le falta su ineludible comparecencia como jefe de Estado a la más alta tribuna del foro mundial de la ONU, para que el presidente de México Enrique Peña Nieto, confirme su categoría y capacidad de estadista y dirigente de un país en ascenso.

Pasó con innegable éxito la prueba de fuego en su visita y entrevista con el titán del país más poderoso de la tierra, y regresó a su país arrastrando laureles de victoria.

Después, su visita de Estado y entrevista con la segunda potencia mundial, la República Popular de China. Sin contar con las recepciones de que fue motivo en los primeros tres países latinoamericanos.

Los incontables viajes al exterior, han dado los primeros frutos en el viejo anhelo de los mexicanos en el sentido de su país y su gobierno marque la pauta en la política y la solidaridad latina americana.

Ahora sólo nos falta que asiente su puño en el alto propósito de transformar y modernizar a la República Mexicana.

FINALMENTE, el “supremo” pensamiento político de Andrés Manuel López Obrador, expresado en una frase: “Yo lo he dicho, y lo vuelvo a repetir, Peña no sirve para nada. Es como Titino. El titiretero es Carlos Salinas y Titino es Peña Nieto”.

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Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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