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México

Labores de rescate continuarán hasta el jueves: Protección Civil

Las probabilidades de que los rescatistas encuentren más sobrevivientes del terremoto de México bajo los escombros se han reducido y las operaciones de búsqueda se mantendrán hasta el final del jueves, dijo el coordinador de Protección Civil, Luis Felipe Puente.

Este martes se cumple una semana desde el sismo magnitud 7.1 que causó 331 muertos, dañó 11 mil viviendas y llevó a que miles de voluntarios civiles se volcaran a las calles para ofrecer ayuda y consuelo a las víctimas.
Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil, dijo en entrevista con Reuters que es poco probable que los rescatistas encuentren a alguien vivo en los últimos cuatro sitios donde continúan las búsquedas, pero que revisarán los restos hasta el jueves.

«Podría yo decir hasta este momento (que) difícilmente podría encontrarse alguien vivo», declaró Puente, teniendo en cuenta que los perros entrenados para captar el olor de sobrevivientes aún no han detectado señales de vida en los lugares de búsqueda.

Cuarenta y tres personas estaban desaparecidas y de ellas 40 podrían estar atrapadas bajo un edificio de oficinas colapsado en la Colonia Roma, un barrio de la capital, dijo Puente. Habría una persona desaparecida en cada uno de los otros tres sitios donde siguen las operaciones de búsqueda.

Frente a las ruinas del edificio, familiares protestaron la noche del lunes por el escaso avance de las labores de rescate y por una supuesta falta de información.

Cuando se le preguntó a Puente cuánto tiempo más continuarían las operaciones de rescate, el coordinador dijo que «calculamos más o menos a partir de hoy (lunes), se acordó 72 horas».

La semana comenzó con señales de que México estaba reanudando su rutina mientras las calles se llenaban de tráfico y más de 44 mil escuelas en seis estados reabrieron. Pero en la capital, sólo 676 de las más de 8,000 escuelas públicas y privadas reanudaron sus clases.

El sismo, que ocurrió 32 años después de un terremoto que dejó unos 10,000 muertos en 1985, causó un impacto psicológico enorme que según especialistas tomará tiempo superar.

«Los niños están en crisis y no quieren hablar», dijo Enriqueta Ortuno, psicoterapeuta que ha estado trabajando con las víctimas del terremoto en la delegación Xochimilco.

Gran parte de la atención del país se centró en una escuela derrumbada en Ciudad de México, donde murieron 19 niños y siete adultos.

La escuela es uno de los muchos edificios que los fiscales investigarán, dijo Puente. Cerca del 10 por ciento de los edificios dañados se construyeron después de que se promulgaran estrictos códigos de construcción a raíz del terremoto de 1985.

«Ya se instruyó por parte del jefe de la ciudad y del gobierno de la república iniciar las carpetas de investigación judicial para determinar también quiénes han sido los responsables de nuevas construcciones que no cumplieron con el requisito», dijo Puente desde la sede de Protección Civil.

En Ciudad de México, 192 personas murieron en 38 edificios que colapsaron. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Angel Mancera, anunció el martes temprano un plan que incluye diversos apoyos a miles de familias que perdieron sus hogares, entre ellos una ayuda temporal de 3 mil pesos (170 dólares) para renta de vivienda.

Socorristas rescataron a 69 personas de las construcciones dañadas, de las cuales 37 aún estaban hospitalizadas el lunes, 11 de ellas en estado grave, dijo Puente. Las demoliciones de edificios podrían comenzar el martes, agregó.

Equipos de intervención inmediata de 18 países viajaron a México para ayudar, pero como la búsqueda de sobrevivientes se ha reducido a cuatro sitios la mayoría de ellos ya volvió a sus hogares, y entre los pocos a permanecen quedan estadounidenses e israelíes, dijo Puente.

La ayuda internacional se centra ahora en las necesidades humanitarias, explicó el coordinador. China ha aportado un gran número de camas, tiendas de campaña y accesorios de cocina y baño para los refugios temporales de las personas que quedaron sin hogar.

Pero las mayores contribuciones vinieron de los propios mexicanos, quienes respondieron con tanta comida, suministros y trabajo voluntario que los funcionarios tuvieron dificultades para desplazar la ayuda desde los barrios más ricos y accesibles a los más necesitados.

Puente reconoció algunas «deficiencias» en la coordinación de los esfuerzos de ayuda, pero en general, dijo, «el Gobierno hoy es un referente internacional».

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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