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Opinión

Lagunes, el amigo que no fue por Luis Villegas Montes

Estos párrafos se iban a denominar: “Lo Prometido es Deuda”; tardé en redactarlos porque la risa no me lo permitía. Empezaba a teclear y me ganaba la carcajada pronta y festiva. Luego, me serené de golpe, cerré el archivo y empecé a escribir estas líneas. Anoche, 5 de diciembre de 2013, falleció el Sr. Lagunes. Me imagino que ni con motivo de su muerte vamos a poder ponernos de acuerdo, para mí siempre será: El “Contador”.

Estos párrafos se iban a denominar: “Lo Prometido es Deuda”; tardé en redactarlos porque la risa no me lo permitía. Empezaba a teclear y me ganaba la carcajada pronta y festiva. Luego, me serené de golpe, cerré el archivo y empecé a escribir estas líneas. Anoche, 5 de diciembre de 2013, falleció el Sr. Lagunes. Me imagino que ni con motivo de su muerte vamos a poder ponernos de acuerdo, para mí siempre será: El “Contador”.

Al Contador Lagunes lo conocí merced a los buenos oficios de Carlo Alarcón, cuando este era Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Chihuahua, hará cosa de 10 u 11 años; un día apareció a su lado y ya no se le despegó. Luego, en alguna Legislatura de aquellas épocas, llegó al Grupo Parlamentario traído, si no me equivoco, por otro Contador, Guillermo Luján Peña. Llegó al Congreso y ahí se afincó. Había, entre Lagunes y yo, un no sé qué, que qué sé yo, que nos condenó a ambos a estarnos fregando la borrega el uno al otro, a cada rato y por cualquier motivo. Podía haber sido cosa de risa si no fuera trágico: Tan afines y sin poder congeniar.

Yo siempre he creído, por alguna extraña razón, que los muertos pueden leer en el corazón de los vivos como en un libro abierto; no me pregunten, mi gentil lectora, mi amable lector, a qué debo tan peregrina creencia, así es y punto. Desde la primera muerte que en verdad padecí, la de mi abuelita Esther, me dije: “¡En la torre, con la cantidad de tarugadas que se me ocurren!”; y desde entonces apechugo con las consecuencias (y la vergüenza) de dicha fatalidad. Pues esté donde esté, el Contador Lagunes lo sabe: Siempre lamenté, en serio, no poder ser su amigo. No voy a asumir ni a repartir culpas, así fue y ni modo.

Pero atienda la lectora, el lector, al sentido y al alcance del verbo: “Congeniar”; porque incapaces de congeniar, sin plantearnos con seriedad el compromiso de una amistad, eso no significa que no hayamos podido coincidir. Porque con el Contador Lagunes estuve de acuerdo muchas veces, en multitud de temas. El primero, el más importante, el más recurrente, el más cercano a nuestro corazón, el apego invencible a las siglas del PAN. Porque estuviera donde estuviera él físicamente, estoy seguro que las querencias del Contador estaban con ese Partido. Él no lo decía, depuesto, tratado injustamente en la pasada Legislatura por el mismo Grupo Parlamentario que lo llevó al Congreso, es triste que el Contador, panista de corazón como queda dicho, haya debido terminar sus días trabajando para el PT.

Hay un dicho que reza: “Primero es comer que ser cristiano”; en su cándido cinismo, el adagio describe la penosa situación de muchas personas -entre las que me incluyo-, conforme a la cual, empleados y asalariados de toda la vida, sin la codicia desbordada y a flor de piel de algunas de las ínclitas figuras de nuestra política nacional -o estatal-, sin talentos empresariales ni parientes ricos que nos miren con buenos ojos a la hora de su muerte, debemos trabajar para ganarnos el pan de cada día. Quizá por eso, junto a su gusto por la política, su capacidad para analizar las finanzas públicas y su pasión arrasadora por los asuntos legislativos, el Contador Lagunes se vio obligado a adoptar la decisión que tomó finalmente: Seguir cerca de tres de sus aficiones si no podía estar en las cuatro.

Yo pude salirme del PAN porque la alternativa era inaceptable: Que me echaran -de otro modo jamás me lo hubiera planteado-; del Contador siempre me pudo que pese a su entrega, su dedicación, su compromiso, avalados por su capacidad y talento, saliera por la puerta de atrás a trabajarle a otros, rechazado por los propios, ignorantes o ingratos, de su aportación a las causas del PAN.

Luego, como los hechos vinieron a demostrarlo de modo concluyente, se nos acabó el tiempo. Ya no hay tiempo para un café; para limar asperezas; ya no lo hay para resolver diferencias o recomponer una relación que debió ser de amistad y no de enfrentamiento perpetuo. ¡Qué lástima! Porque ahora sé que debí insistir. Como sea, que descanse en paz el Contador Lagunes. Que quienes gozamos de su cercanía, con todo y ese difícil modo de ser que tenía (“el comal dijo a la olla: ¡Mira qué tiznado estás!”), podamos dedicarle una oración o un minuto de silencio para agradecerle su aportación al esfuerzo de construir el Bien Común, tan caro a Acción Nacional. Imposibilitado para estar en sus exequias, sirvan estas líneas para desearle que esté con Dios, al amigo que no fue.

[email protected], [email protected]

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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