Opinión
LAS IZQUIERDAS RELIGIOSAS por VICTOR OROZCO
IZQUIERDAS RELIGIOSAS
Sorprende cómo en los inicios del siglo XXI, movimientos y organizaciones asumidas como izquierdistas recurran con frecuencia al discurso o al mensaje religioso cómo uno de sus instrumentos para hacer política y concitar adhesiones. Hugo Chávez, el caudillo venezolano venerado casi como un ícono cristiano, fue experto en estas artes. Sus constantes invocaciones a Cristo (“Señor, dame tu corona”…), la escenografía que lo presentaba hincado y con el rostro compungido ante las imágenes, al mismo tiempo que se peleaba con la jerarquía católica y se declaraba hijo político de Fidel Castro, hicieron de su figura un curioso personaje idolatrado por un amplio sector de las izquierdas -presumiblemente ateas- latinoamericanas y por masas de creyentes en su país. Su heredero, Nicolás Maduro ha llevado al extremo la manipulación de los símbolos y mentalidades religiosas: declaró con desparpajo que Chávez seguramente intercedió ante Cristo para que los cardenales nombraran a un papa latinoamericano, con igual desenfado arguyó que el alma del comandante se le había aparecido en la forma de un pajarito y se retrató al final de la campaña electoral con un cartel, difundido copiosamente, en el cual se plasmó la imagen de Chávez junto con la del crucificado. Capriles, el candidato opositor, a su vez, expresó que su pacto es “con Dios y con los venezolanos”, aunque en este caso, no debe extrañar la alusión divina, puesto que las derechas siempre han reclamado para la autoridad orígenes sobrenaturales. (Recuérdese la consagrada divisa: “Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios).
En México, por lo que hace a un amplio espectro de grupos y personas colocadas usualmente en la izquierda, no se cantan mal las rancheras. El himno del Movimiento de Renovación Nacional (MORENA) tiene una estrofa en la que se exalta el culto a la virgen de Guadalupe y se le confían luchas y comicios: “…Morena hija, morena hermana, morena madre de la nación, protege la lucha mexicana cuida las urnas de la elección…”. No estamos, con todo esto, muy lejos de aquel lema agitado en 1911 por el entonces recién fundado Partido Católico Nacional: “Quien vote aquí vota por Dios”, o de los escapularios llevados fervorosamente por los cristeros en el pecho y que llevaban la leyenda “Detente bala, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo”.
El asunto es ciertamente bastante complejo, con múltiples entradas y salidas. Empecemos por una constatación: la conquista del estado laico y la tolerancia religiosa, con la consiguiente limitación de las creencias a la esfera privada del individuo, representaron en su momento un paso gigantesco en los procesos de emancipación. Conviene recordar los siglos de represión a las ideas, el oscurantismo, las teocracias anteriores a la separación entre estado e iglesia, entre religión y política, para valorar el enorme servicio prestado por las luchas del pasado para sacudirse aquellos pesados fardos. No hubo un solo movimiento revolucionario o lucha social que no enfrentara a la unión sagrada, conformada por el estado, las jerarquías clericales, los cuerpos militares, las clases privilegiadas. En este terreno de los conflictos sociales, es fácilmente explicable como consecuencia, la razón por la cual todas las tendencias ideológico-políticas comprometidas con los cambios, fueron anticlericales: marxistas, anarquistas, republicanos radicales. Pero, no sólo la ubicación de los aparatos eclesiásticos al lado del sistema explotador, llevaron a la ruptura con los mitos religiosos, también la racionalidad como un valor del hombre libre. Nadie puede emanciparse si sigue atado a fetiches, ídolos o deidades, que además, juegan a la perfección el papel de instrumentos de dominación en manos de gobernantes, administradores de los cultos, capitalistas y toda clase de mandamases. Por tanto, la idea de la desalienación en todas sus vertientes: para liberar al hombre del poder del dinero, del estado o de los mitos, se convirtió en el objetivo último de los revolucionarios o partidarios de la igualdad social y de las libertades.
Sin embargo, en la conciencia política de las izquierdas, portadoras por antonomasia de las propuestas e iniciativas liberadoras, se han ido debilitando las fronteras entre la razón y la fe. Asimismo han ganado terreno los embates contra el estado laico, como garante de las libertades públicas. Los adalides, en lugar de alentar los juicios racionales para que la gente discierna mejor sobre su mundo y perspectivas, hacen reposar sus llamados en fábulas y credos. Busquemos algunos de los justificantes y explicaciones de tal fenómeno.
Una primera es la vieja maña de los políticos consistente en manipular las creencias religiosas para escalar el poder y mantenerse allí. En esto no se distinguen mucho de los jerarcas, pastores, sacerdotes y demás gerentes de los cultos. Privadamente, la inmensa mayoría descree de ritos y dogmas, pero se transforman en fieles devotos de vírgenes y santos, astutos aduladores de las masas de votantes permeadas por el mensaje religioso. Puede concederse, en un caso excepcional la existencia de algún político poseedor de una genuina fe, que lo lleve hasta pensar en sí mismo como enviado de dios para gobernar. Puede, desde luego, pero sería tonto creerle.
Otra explicación estriba en la apología e idealización realizadas por algunos intelectuales de las expresiones de religiosidad popular. Si son aceptadas y practicadas por extensos sectores de las clases explotadas, entonces deben promoverse, exaltarse y llevarlas del ámbito de la conciencia privada al espacio de las acciones estatales. Por ejemplo, Enrique Dussel, consejero de Andrés Manuel López Obrador y recuperador de estos atavismos religiosos, dice que “El secularismo fue igualmente un instrumento de dominación, porque las narrativas religiosas son frecuentemente el núcleo ético-mítico fundamental de las grandes culturas periféricas, post-coloniales.”. Por la vía de esta especie de populismo –medio hipócrita y por entero inconsecuente- se camina hacia el pasado, manteniendo a los pueblos cautivos de estos “núcleos ético-míticos”, o sea en la ignorancia y el fanatismo. Son mercancías caducas ofrecidas en empaques nuevos. El panegírico llega al extremo de consentir la intolerancia hacia otras creencias y el ataque contra quienes las profesan.
Una justificante más, es el combate contra el imperialismo. Al comandante Hugo Chávez y al presidente Maduro, debe aceptárseles toda clase de charlatanerías y supercherías con tal de que combatan al imperio norteamericano o al menos lo proclamen. No se tiene en cuenta que los colonialistas y dominadores, han hecho escuela en el uso de los mitos para subyugar a los conquistados y dominados.
Obra también a favor de esta creciente devoción de las izquierdas el que se conciba como único objetivo de su pensamiento y de su quehacer la lucha política, la intención inmediata. Se considera que una vez en el poder estatal, como por milagro, el caudillo o el hombre fuerte, podrá ejecutar un programa igualitario que lleve el bienestar a la mayoría de la población. Se llega a más: basta con ocupar dos o tres sitiales, (gubernaturas, curules, etc) así sea por otros tantos arribistas y logreros. El propósito, educativo, desfanatizador, desenajenante que han alzado los programas radicales desde siempre, queda en el olvido. Y en el mismo queda también una experiencia aleccionadora: el venero de luchadores sociales, de hombres y mujeres libres, se encuentra en estos acotados espacios donde algún librepensador, profesor de secundaria o de preparatoria, les sembró la duda y los hizo pensar por cuenta propia. Con la vuelta a la fe, se ciegan esas fuentes. Desde luego, también se cancela el debate de las ideas, si con ello se toca, así sea con el pétalo de una rosa, la unidad en torno al líder.
Estas involuciones en las izquierdas, obstaculizan la vida política y el desarrollo del pensamiento, que son siempre más ricos y desafiantes allí donde hombres y mujeres se desatan de los dogmas. Tengo para mí, a pesar de los signos, que se trata de episodios en este largo camino hacia la emancipación de los pueblos.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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