Opinión
Las luchas por la libertad por VICTOR OROZCO
LAS LUCHAS POR LA LIBERTAD
Víctor Orozco
En el mundo de los últimos dos siglos por lo menos, se han venido labrando un conjunto de principios con las cuales se ha identificado a la civilización. Tales son aquellos representados en las ideas de libertad, igualdad, democracia, justicia, educación, primacía de la razón, defensa de los recursos naturales, progreso. Son valores históricos universales, imbricados entre sí, de suerte tal que en nuestros tiempos no se pueden concebir por separado. Como tales, son cuestionados sólo por lunáticos y fundamentalistas religiosos o políticos.
Fraguados en la implacable e incesante lucha con sus contrapuestos, estos ideales han conseguido imponerse en el ámbito de las conciencias y de allí en el de las leyes. Su victoria plena, en la esfera de la realidad, sin embargo, permanecerá siempre como una utopía. No obstante la certidumbre de su condición de quimeras, -o quizá por ello- estas “grandes causas” constituyen las guías o referentes en el curso de las vidas individuales y colectivas. Sin el compromiso asumido con ellas por unas minorías y en diferentes grados, la existencia humana se tornaría más oscura todavía de lo que es hoy para los millones de seres que forman la mayoría de habitantes en la tierra.
Cada época -y según el espacio social en el cual se desarrollan los procesos históricos-, edifica su propia concepción de estos valores. Pensemos en el de la libertad. Un indígena nómada, habitante de las praderas en el Norte de México, carecía de cualquier rudimento sobre derechos personales, pero tendría muy claro que su libertad consistía en la posibilidad de moverse sin coacción alguna. En sus comunidades eran desconocidas las cárceles, que trocaban su capacidad de desplazamiento por una miserable existencia tras muros y rejas. Tampoco tenían noticia de los territorios acotados. De allí que los apaches, por ejemplo, defendieran hasta el último aliento las praderas y los bosques abiertos, sin dueños.
Dentro de la cultura occidental, el concepto de hombre libre, en el sentido que hoy lo usamos, es una herencia del Renacimiento y de la Ilustración. Implica una condición en la cual cada individuo puede hacer todo aquello que no lesione a su semejante, frontera establecida en una norma preexistente. En el viejo sistema, cada hombre estaba confinado en un estatus o casillero, en cuyo espacio sólo podía actuar de acuerdo con reglas prescritas, por la ley o la costumbre. A un campesino alemán o español, jamás se le podría ocurrir que frente a la potestad del jerarca religioso o del señor de la tierra, podía reclamar algo así como una no interferencia en su vida privada. De igual manera pensaba un peón o sirviente en México.
Primero la breve pero intensa tormenta que representó el Renacimiento y luego el llamado Siglo de las Luces, demolieron el viejo edificio alzado piedra por piedra en el curso de los mil años del medioevo. El hombre nace libre, proclamó Juan Jacobo Rousseau y en todas partes está cargado de cadenas. La conclusión práctica de este razonamiento fue la necesidad de la revolución para romper los grilletes. Éstos eran materiales y también intangibles. Los constituían las pesadas cargas feudales, las exacciones, los diezmos, lo servicios personales obligatorios, etcétera. Fueron comunes en toda Europa y en las colonias americanas, donde los pueblos indios cubrían gravosos tributos en especie o en mano de obra a los encomenderos, a los hacendados y a las misiones, conventos y obispados. Pero no solo estaban las ataduras corpóreas. Quizá más fuertes, operaban las culturales o intelectuales. ¿Cómo atreverse a poner en duda los dogmas sacralizados?. Claro que hubo quien lo hiciera, a riesgo de ser achicharrado o machacado hasta morir en manos del verdugo. Y no sólo eminentes y cultivadas inteligencias como las de Bruno o Galileo. También, aunque fueren garbanzos de libra, hubo modestos campesinos o artesanos que albergaron y dieron curso a ideas perturbadoras. Cómo aquel molinero descubierto por Carlo Ginzburg, llamado Menochio quien en el siglo XVI murió en la hoguera por haber cuestionado el galimatías del corpus cristiano.
Esta ruptura emancipadora, disoció a la razón de la fe, disolviendo mitos y fantasías. Pero fue más allá. Disputó y trastocó las bases de todo el sistema de privilegios y disparidades. Negó, por irracional, el derecho divino de los reyes, dando pie a los gobiernos electos. Rechazó la superioridad esgrimida por aristócratas y clérigos con base en supuestas diferencias de sangre, abriendo paso a la igualdad jurídica. Y luego, cuando las nuevas ideas prosperaron entre los hombres y mujeres de la calle, de los que hacían su vida cotidiana en el taller o en la parcela, la chispa se saltó a la “cuestión social” como se conoció hasta los inicios del siglo XX al cúmulo de problemáticas derivadas de la expoliación del trabajo. La libertad, se concluyó, para ser acabada tenía que abarcar también la supresión de las inequidades. De allí las frases-síntesis consignadas en uno de los versos de La Internacional, el himno de los obreros: “Ningún derecho sin deber, ningún deber sin derecho”.
La polémica abierta dura hasta nuestros días. Pero, son escasos los que todavía reclaman formal o teóricamente distinciones ajenas al mérito de las personas. Hoy, sería imposible encontrar un filósofo reaccionario como Joseph De Maistre, aquel famoso saboyano que comprendió muy bien hasta dónde llevarían las demandas libertarias iniciales, por lo cual se empeñó a fondo en atajarlas antes de su despliegue. Sostenedor recalcitrante de las viejas instituciones y modos de pensar, no se anduvo con medias tintas: dijo que en efecto eran irracionales y justamente por ello habían perdurado por casi dos milenios en su tiempo. El hombre es básicamente irracional y así debe tratársele afirmaba. Es la única forma de garantizar la prevalencia de un orden determinado: mediante la fuerza física y de los dogmas. Por ello, en la historia, las dos instituciones pilares que explican este triunfo sobre el tiempo, son la esclavitud y la organización de la iglesia católica. Siendo imposible ya mantener la primera, entonces queda la segunda. Como corolario postulaba la hegemonía y dominio de la autoridad del papado por encima de todos los poderes. Estas ideas de regreso, sonaron desde luego fantásticas e irrealizables. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX, el Vaticano las aplicó allí donde encontró entidades estatales débiles como las emergidas en Latinoamérica a la caída del imperio español. Incluso provocó confrontaciones sangrientas en algunos de ellos, cuando se propuso a toda costa subordinar a la autoridad civil. Tal fue el caso de la guerra de reforma en México entre 1857 y 1860.
En la siguiente centuria, la esencia de las ideas arcaicas de De Maistre fue recuperada en los regímenes autoritarios y absolutistas, con sus devociones por el poder y su irracionalismo. No sería ya el Papa el supremo decidor, sino el caudillo que encarnaba en su persona al Estado y a la Nación, junto con las verdades indiscutibles: purezas de sangre, supremacía racial, pueblos predestinados para el dominio o la sumisión. En otra vertiente, el llamado socialismo real, (antagónico en apariencia con el fascismo), que se reclamaba heredero de las libertades, terminó igual con la cancelación de las mismas, valiéndose de otros dogmas.
En estos días, la libertad sigue librando batallas en nuevos campos o defendiendo los conquistados. Nadie verá con seguridad su imperio pleno, pero cada batalla hace más fuertes a sus defensores.
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VÍCTOR OROZCO
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Opinión
Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera
El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.
Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.
Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.
Siete.
Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.
Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.
Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.
Esa no es una democracia sana.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.
Pero, ¿Por qué ocurre?
Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.
Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.
¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?
¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?
Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.
Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.
Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.
Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.
También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.
Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.
El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.
Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.
No los olvidamos.
Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.
Siete nombres.
Siete familias.
Siete historias interrumpidas.
Pero también siete razones para no acostumbrarnos.
Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.





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