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México

Las pensiones de los ex presidentes

Felipe Calderón se convierte en el primer ex presidente en donar su pensión vitalicia a niños con cáncer.

La asociación “Aquí nadie se rinde” será la beneficiada con los 200 mil pesos mensuales que el panista recibe del erario público, recursos de los que asegura puede prescindir debido a que sus actividades particulares y como conferencista, le dan el ingreso suficiente para mantener a su familia.

Fue en marzo de 1987, cuando el entonces presidente de México, Miguel de la Madrid, firmó el acuerdo en el que se establecen los beneficios y prestaciones que reciben los mandatarios al concluir su administración, entre ellas guardaespaldas del Estado Mayor Presidencial, seguro de vida, de gastos médicos, aguinaldo, y hasta 25 asistentes.

Actualmente, solo el ex presidente Vicente Fox, y Luis Echeverría reciben los 205 mil pesos mensuales, ya que los ex mandatarios Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo renunciaron al beneficio y sólo reciben poco más de 10 mil pesos al mes para cubrir un seguro de vida y gastos médicos mayores, mientras que las viudas de José López Portillo y Miguel de la Madrid, perciben una parte proporcional de los recursos.

México no es el único país en el mundo que garantiza el ingreso de sus ex presidentes.

En Estados Unidos, los ex ocupantes de la Casa Blanca reciben 205 mil 700 dólares al año, además tienen la protección del servicio secreto y reciben bonificaciones para viajes, gastos de oficina, comunicación y salud.

En Francia, los pagos a ex mandatarios alcanzan los 2.2 millones de euros anuales, mientras que en España el beneficio es de poco más de 78 mil euros.

En países como Alemania y Noruega, se pagan remuneraciones a sus ex presidentes, pero sólo hasta que consigan un trabajo.

Para los ex mandatarios bolivianos, la ley promulgada en 2003, establece un aprensión vitalicia correspondiente a 10 salarios mínimos mensuales, el equivalente a poco más de 31 mil pesos mexicanos.

En Argentina, reciben una retribución igualitaria al salario de un ex ministro de Corte, estimado en 62 mil pesos, sin importar que haya cometido algún delito, como el ex presidente Carlos Menem, quien fue sentenciado por tráfico de armas y peculado.

Mientras que Uruguay, los ex presidentes no cobran una pensión especial, sino que se jubilan bajo el mismo régimen que cualquier persona.

Noticias MVS

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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