Opinión
Las responsabilidades de MORENA por Victor M. Quintana Silveira
LAS RESPONSABILIDADES DE MORENA
Por: Víctor M. Quintana S.
Fue difícil lograr la participación de tres mil 158 personas para integrar el quórum legal de la Asamblea Estatal constitutiva de MORENA en Chihuahua el sábado 26 de octubre. Pero lo que viene es aún más difícil.
No es menor el logro de MORENA en nuestro estado. Ya de por sí lo puramente cuantitativo es importante: haber reunido a tres millares de personas, procedentes de los cuatro puntos cardinales de Chihuahua, casi un millar de ellos de Ciudad Juárez. Pocas veces la izquierda electoral había llegado a este punto. Sin embargo, hay que ver sobre todo lo cualitativo: el talante de la gente al participar; el aguantar tres horas a que terminara la asamblea; la mística que hizo venir lo mismo a gente que vive muy lejos que a personas con dificultades de movilidad, o con obligaciones laborales. Hay que ver también la diversidad humana presente: muchos jóvenes, buen número de adultos mayores; algunas figuras emblemáticas de la izquierda partidaria, como el Partido Comunista, el PSUM; ex militantes del PRD, mucha gente que nunca había militado en ningún partido; integrantes de organizaciones sociales de lucha; profesionistas, clase medieros, obreros, campesinos, amas de casa, taxistas, universitarios, sindicalistas.
Con esto MORENA Chihuahua cumple con la tarea asignada para la construcción del movimiento como partido político nacional. Y lo cumple rebasando las expectativas y los cálculos, de ahí el reconocimiento público de López Obrador en su discurso a las y los militantes de MORENA: “Me rindo ante ustedes…”
Aun con el buen sabor de esta meta cumplida para MORENA Chihuahua llega la hora de la responsabilidad. Cubierto lo formal-jurídico el movimiento tiene frente a sí una serie de desafíos-compromisos ante la sociedad chihuahuense, que no permiten ni cruzarse de brazos ni dormirse en los laureles.
El primero de ellos es que MORENA permanezca fiel a la gente, al pueblo de Chihuahua, en primer lugar. Que su prioridad sea escuchar, empatizar con los problemas, los agravios, las demandas, los sueños de las y los chihuahuenses. Que los programas, los proyectos, las luchas de este movimiento-partido sean definidos en primera instancia por lo que aqueja, preocupa o inspira a nuestras y nuestros coterráneos, no por lo que se defina en las cúpulas partidarias centrales. No es que lo nacional-global se relegue, sino que se vea cómo lo local, lo que las personas viven en el aquí y en al ahora actualiza los procesos nacionales y planetarios. El lamentable y vergonzoso caso de las y los legisladores del PRI y de sus partidos aliados que acaban de aprobar el aumento del IVA del 11 al 16% en la frontera es ejemplo de esta defección de lo centrado en la gente a lo centrado en las cúpulas de Peña o de Videgaray. MORENA ha de comprometerse con la problemática de los derechos humanos, de los feminicidios, de los despojos de los recursos naturales y del agua; de la falta de oportunidades para niños y jóvenes, de la falta de empleos dignos, no sólo con la crítica, también con la propuesta razonada. Viable.
No menos importante es el desafío de la democracia, como objetivo, como forma de vida y de relación cotidianas. La democracia se ha estancado en nuestro país y ha involucionado en estados como el nuestro. A esto ha contribuido lapartidocracia de manera muy clara, por eso el MORENA debe romper esta lógica y ser democrático hacia dentro y hacia fuera. Se ha dicho que en MORENA no se admiten los nepotismos, ni los amiguismos…habría que señalar además que ni los centralismos, ni los protagonismos, ni los caudillismos, ni los sexismos. El trabajo hacia el interior es, por lo tanto, muy arduo para erradicar o vedar la entrada a todos estos ismos. Hay que combinar los tres componentes básicos que Hebert de Souza Betinnho, consideraba en la democracia: igualdad, participación y diferencia. Igualdad de oportunidades, de derechos y de obligaciones; participación de todas y de todos desde las instancias de base, abierta a la crítica, al debate, impulsora de la propuesta; reconocimiento, respeto y respaldos a la expresión de las diferencias, no invisibilización de las mismas. MORENA será creíble en su exigencia de democracia hacia los poderes constituidos en la medida en que haya un compromiso efectivo, continuo y progresivo por encarnar en sí mismo los valores democráticos.
Muy necesario es también para MORENA el desafío de la Ética pública. Los valores de honestidad, frugalidad, coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, sencillez, veracidad, transparencia, compromiso con los débiles, con la comunidad de seres vivos, con los derechos y la dignidad de la persona, con la no violencia, deben traducirse en el actuar privado y público, individual y colectivo de quienes participan en MORENA. La ciudadanía, con mucha razón, está harta de la arrogancia, soberbia, dispendio de la clase política y piensa que todos los políticos son iguales. No es con discursos como se va a convencer de lo contrario, sino con el actuar cotidiano de quienes se identifiquen con el movimiento y de éste cuando se manifieste como tal.
No es fácil, repetimos hacer todo esto. No es fácil promover la discusión, el debate, el respeto a la diferencia y a la vez ser efectivos y no dar la imagen externa de división, de alegatos sin fin. No es fácil acceder a los puestos de elección popular y a la vez seguir promoviendo los cambios necesarios desde la participación de la gente. No es fácil, conjugar la transformación cotidiana y desde la base de la sociedad, con el acceso progresivo y pacífico del poder.
MORENA Chihuahua tiene con qué hacerlo: la entrega, la mística, la superación de las diferencias internas que se mostraron en la preparación y realización de la Asamblea Constitutiva del 26 de octubre así lo atestiguan. Hay gente dispuesta, comprometida, eficiente y soñadora a la vez. Ellas y ellos son un excelente motor de arranque para la construcción de una izquierda partidaria digna, en y de Chihuahua. MORENA no puede darse el lujo de decir que va a ser un partido diferente; no hay de otra más que ser y actuar como un partido diferente.
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Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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