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Le espera un largo proceso: formal prisión a la maestra Gordillo

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El juez sexto de Distrito de Procesos Penales Federales del Distrito Federal, Alejandro Caballero Vértiz, dictó el auto de formal prisión a Elba Esther Gordillo Morales, ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); Isaías Gallardo Chávez; José Manuel Díaz Flores y Nora Guadalupe Ugarte Ramírez por los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.

En punto de las 22:15 horas (21:15 tiempo de Chihuahua), Caballero Vertíz detalló a través de un comunicado que “los elementos valorados son suficientes, hasta este momento procesal, para acreditar que la organización delictiva a la que pertenecen Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez y Elba Esther Gordillo Morales, en el periodo comprendido del año 2009 al 2012 presuntamente transfirieron dinero de diversas cuentas bancarias a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a cuentas propias”.

Gordillo Morales, quien se encuentra detenida desde hace seis días, será notificada del auto de formal prisión, quien se encuentra actualmente en el Reclusorio Femenil de Tepepan. Sus abogados tienen un plazo de tres días para apelar el fallo en su contra.

La lideresa magisterial fue arrestada la tarde del pasado martes 26 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Toluca a su llegada de San Diego, California.

El pasado 27 de febrero, el juez Caballero Vértiz dio a conocer el fundamento legal de los delitos imputados a Gordillo Morales, que se desglosan de la siguiente manera:

1. Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, prevista y sancionada en el artículo 2, fracción I, hipótesis sexta, en relación con el diverso 4, fracción II, inciso a), en relación con la primera y las restantes en el inciso b), del mismo ordenamiento; y:

2. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

Argumentos de la PGR

La Procuraduría General de la República (PGR) informó en conferencia de prensa, el día que fue capturada Elba Esther Gordillo, que fue cumplimentada una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de operación con recursos de procedencia ilícita.

Jesús Murillo Karam, titular de la dependencia acusó a la lideresa del SNTE de malversación de fondos por 2 mil 600 millones de pesos y dio a conocer que “la maestra” fue detenida en Toluca; venía de San Diego.

El procurador precisó que de 2008 a 2011 se desviaron recursos de cuentas de trabajadores de la educación a cuentas de personas físicas.

Asimismo, afirmó que las cuentas beneficiarias se hallaron a nombre de Nora Guadalupe Ugarte, Isaías Gallardo y José Manuel Díaz Flores.

También manifestó que los recursos de los trabajadores de la educación se usaron para pagar una tarjeta de crédito de la tienda Neiman Marcus.

Abundó que el lavado de dinero de Elba Esther Gordillo se hacía a través de cuentas ubicadas en Suiza y Liechtenstein.

Por último, dijo que Gordillo Morales declaró ingresos de 2009 a 2012 por 1.1 millones de pesos, cantidad inferior a los depósitos investigados y que la maestra está implicada en desvío de 2 mil millones de pesos gastados en clínicas de belleza, tiendas departamentales y galerías de arte.

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México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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