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México

Le espera un largo proceso: formal prisión a la maestra Gordillo

El juez sexto de Distrito de Procesos Penales Federales del Distrito Federal, Alejandro Caballero Vértiz, dictó el auto de formal prisión a Elba Esther Gordillo Morales, ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); Isaías Gallardo Chávez; José Manuel Díaz Flores y Nora Guadalupe Ugarte Ramírez por los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.

En punto de las 22:15 horas (21:15 tiempo de Chihuahua), Caballero Vertíz detalló a través de un comunicado que “los elementos valorados son suficientes, hasta este momento procesal, para acreditar que la organización delictiva a la que pertenecen Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez y Elba Esther Gordillo Morales, en el periodo comprendido del año 2009 al 2012 presuntamente transfirieron dinero de diversas cuentas bancarias a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a cuentas propias”.

Gordillo Morales, quien se encuentra detenida desde hace seis días, será notificada del auto de formal prisión, quien se encuentra actualmente en el Reclusorio Femenil de Tepepan. Sus abogados tienen un plazo de tres días para apelar el fallo en su contra.

La lideresa magisterial fue arrestada la tarde del pasado martes 26 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Toluca a su llegada de San Diego, California.

El pasado 27 de febrero, el juez Caballero Vértiz dio a conocer el fundamento legal de los delitos imputados a Gordillo Morales, que se desglosan de la siguiente manera:

1. Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, prevista y sancionada en el artículo 2, fracción I, hipótesis sexta, en relación con el diverso 4, fracción II, inciso a), en relación con la primera y las restantes en el inciso b), del mismo ordenamiento; y:

2. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

Argumentos de la PGR

La Procuraduría General de la República (PGR) informó en conferencia de prensa, el día que fue capturada Elba Esther Gordillo, que fue cumplimentada una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de operación con recursos de procedencia ilícita.

Jesús Murillo Karam, titular de la dependencia acusó a la lideresa del SNTE de malversación de fondos por 2 mil 600 millones de pesos y dio a conocer que “la maestra” fue detenida en Toluca; venía de San Diego.

El procurador precisó que de 2008 a 2011 se desviaron recursos de cuentas de trabajadores de la educación a cuentas de personas físicas.

Asimismo, afirmó que las cuentas beneficiarias se hallaron a nombre de Nora Guadalupe Ugarte, Isaías Gallardo y José Manuel Díaz Flores.

También manifestó que los recursos de los trabajadores de la educación se usaron para pagar una tarjeta de crédito de la tienda Neiman Marcus.

Abundó que el lavado de dinero de Elba Esther Gordillo se hacía a través de cuentas ubicadas en Suiza y Liechtenstein.

Por último, dijo que Gordillo Morales declaró ingresos de 2009 a 2012 por 1.1 millones de pesos, cantidad inferior a los depósitos investigados y que la maestra está implicada en desvío de 2 mil millones de pesos gastados en clínicas de belleza, tiendas departamentales y galerías de arte.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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