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Lección de buen gobierno y mejor política de medios en Veracruz Por Aquiles Córdova

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En Hidalgotitlán, en el sur de Veracruz, hace rato que viene librándose una lucha entre un grupo de transportistas que pretenden el monopolio absoluto de esa actividad, respaldados por autoridades locales y estatales, y un grupo de trabajadores del volante que reclaman su derecho a un trabajo digno y legítimo para ganar el pan de sus hijos. Pero el asunto que hoy quiero tratar no es el fondo ni los pormenores del conflicto, sino una muy aleccionadora nota que apareció en uno de tantos “medios electrónicos” que saturan el espacio cibernético en nuestros días. El periodiquillo, que aparece con el título de Municipiossur.com, publicó lo siguiente el día domingo 25 de noviembre del año en curso (la sintaxis y la ortografía son del original):

<<“Paran de patas” a los miembros de “Antorcha Campesina”.- Ya era hora que alguien “parará de patas” a los miembros de “Antorcha Campesina”, ¿y saben quien fue el hombre que tuvo los “riñones” para hacerlo?, pues Santana Bahena Cruz, alcalde de Hidalgotitlán. A los “lidercillos” de la citada agrupación se les “apareció el diablo” cuando intentaron tomarle a Santana el palacio municipal, el edil, junto con varios colaboradores (¿en serio se trató de “colaboradores”? ¿qué clase de “colaboradores” hay en las oficinas municipales de Hidalgotitlán, pregunto yo? ACM) le acomodaron una soberana madriza a los señores de “Antorcha”. Los garrotazos y reatazos que recibieron fueron mas que suficiente para que se retiraran del lugar, y de un solo tajo se terminó la manifestación. Lo anterior habla de los “riñonsotes” de Cruz Bahena (sic),  ¡claro que si!. Y para que se escuchara muy lejos (¿hasta el palacio de gobierno de Veracruz, por ejemplo, pregunto yo? ACM), en efecto, el Presidente Municipal declaró: “En Hidalgotitlán mando yo”. Ahora si que los de “Antorcha Campesina” encontraron quien los pusiera en su lugar.>> Hasta aquí la nota de referencia.

Ahora bien, ante este exaltado homenaje a los “riñonsotes” del alcalde de Hidalgotitlán y al uso expedito y brutal de la violencia física que ese mismo señor empleó en contra de un grupo de sus gobernados, de parte de un medio informativo (por muy rupestre e insignificante que sea), no es posible dejar de hacerse ciertas reflexiones y preguntas que importan a la salud pública nacional y a quienes tienen el deber de hacer respetar las leyes y las instituciones que el país se ha dado para la convivencia civilizada de los mexicanos. Lo primero que destaca en la nota, es el absoluto desprecio hacia la causa de fondo que motivó la protesta que el de los “riñonsotes” (que tanto admira el redactor) terminó tan eficazmente “de un solo tajo”. En efecto, como se ve en lo transcrito, no hay una sola palabra sobre eso, lo que demuestra palmariamente que al reportero (o a su medio como tal) le vale un comino la problemática social, que le importa un bledo la legitimidad o ilegitimidad de la inconformidad popular, que la repudia y aplaude su represión violenta no en razón de los motivos que la animan, sino simplemente porque al señor reportero (o a quienes le pagan) le provoca urticaria la lucha organizada de la gente humilde y desamparada y para él eso basta. En seguida, llama la atención que la nota tampoco fundamente, ni poco ni mucho, la acusación de que los antorchistas “intentaron tomarle a Santana el palacio municipal”, lo cual la convierte en una afirmación sin fundamento, es decir, en una calumnia pura y simple. Por mi parte, como que soy uno de quienes han enseñado a los antorchistas su modo de actuar y defenderse, y como gente absolutamente respetuosa de la verdad, que nunca se defiende con mentiras sean cuales sean las circunstancias, afirmo que es totalmente falso ese “intento de toma” del palacio municipal. Lo que buscaba la protesta era hacerse escuchar por el alcalde y obtener justicia de su parte, que es muy distinto a lo que dice la nota en mención.

Suma y sigue. Pero, aun suponiendo sin conceder que los antorchistas intentaran cometer un ilícito, la pregunta obligada es: ¿puede, por sus puros “riñonsotes”, un presidente municipal salir al frente de un grupo de porros y golpeadores (que eso eran y no “colaboradores” como dice el reportero, a menos que se confiese que el cabildo municipal es un nido de pandilleros y malvivientes) a “madrear” a “garrotazos y reatazos” a los ciudadanos que gobierna? ¿Es lícito combatir el delito con otro delito? ¿Es legal que un gobernante tome directamente la justicia en sus manos y la aplique como lo haría una pandilla de malandrines de barrio? ¿Qué ley lo autoriza y reglamenta? De ser así, sería obvio que la Constitución General de la República y las fuerzas del orden saldrían sobrando, serían totalmente inútiles y todo se haría según los “riñonsotes” de cualquier caciquillo de poca monta. En caso contrario, el alcalde de Hidalgotitlán habría cometido un delito y debería ir a la cárcel por violación flagrante a las garantías constitucionales de sus gobernados.

Es sumamente grave y preocupante, por otro lado, que la prensa veracruzana se deshaga en elogios para un troglodita que ignora olímpicamente que vive y gobierna en un país de leyes (Municipiossur.com no es el único medio que celebra la paliza a los antorchistas; otros lo hacen también, aunque a su modo y más discretamente). Tanto se ha abusado del calificativo de “fascista”, aplicándolo a troche y moche sin saber siquiera su verdadero significado, que se ha desgastado hasta el punto de ya no significar nada para quien lo escucha o lo recibe; pero aquí, a la luz del encendido elogio a los “riñones” y al uso de la violencia brutal e ilegal en contra de ciudadanos inermes, no hay más remedio que decir que tanto el munícipe como sus amanuenses y lacayos mediáticos están protagonizando un acto de verdadero fascismo, un claro sacrificio de la ley y el derecho en las aras de los “riñones” y la violencia física, brutal y sin medida. Y es claro que el país no puede dejarse ir por semejante despeñadero, por lo que resulta indispensable preguntarse si el gobernador veracruzano, doctor Javier Duarte de Ochoa, está enterado de la barbarie de sus munícipes y qué piensa de ellos y de los medios informativos que los aplauden y azuzan en contra del derecho de manifestación pública. Y si no está de acuerdo con esto (como yo creo que no lo está), ¿qué medidas piensa tomar para hacer respetar las garantías constitucionales del pueblo veracruzano? A los señores de Municipiossur.com y consortes, sólo les deseo que pronto, muy pronto recojan una buena cosecha de lo que están sembrando, es decir, que reciban la misma dosis de “riñones” y de violencia que hoy tan alegremente celebran; pues sólo así entenderán que no es muy inteligente escupir en el agua que tal vez mañana tendrás que beber.

 

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La corona que derribó al fiscal. Por Caleb Ordóñez T.

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Alejandro Gertz Manero no se fue por un solo escándalo. Su salida de la Fiscalía General es el cierre natural —y casi inevitable— de una historia acumulada durante décadas: un expediente no judicial, sino político, construido a fuerza de polémicas, enojos y decisiones que siempre parecían estar un milímetro antes (o después) del momento correcto. Una vida pública larga, tensa y llena de episodios que México nunca logró procesar del todo y que terminaron de golpe cuando la luz inesperada lo alumbró demasiado.

Para entender su renuncia, hay que regresar al principio. A 2001. A Puente Grande. A Joaquín “El Chapo” Guzmán desapareciendo como si el penal fuera un teatro mal montado. A un gabinete recién estrenado y a un secretario de Seguridad Pública —Gertz— que quedó tocado desde ese instante, aun cuando defendió hasta el cansancio que los penales no estaban bajo su control directo. Tenía razón en la letra, pero la política no se escribe con artículos constitucionales; se escribe con percepciones. Y la percepción quedó marcada: primera fuga, primer señalamiento.

Luego vendría “el caso familiar”, quizá el capítulo más corrosivo de su trayectoria. La denuncia por homicidio en contra de su excuñada Laura Morán y de su sobrina política, Alejandra Cuevas, terminó por convertirse en un espejo que devolvía una imagen poco favorecedora del fiscal. La figura jurídica de “garante accesoria”, que nadie encontraba en ningún código, la prisión de Cuevas, la reapertura del expediente cuando él ya era fiscal, y después los audios filtrados donde se quejaba del proyecto de sentencia de la Suprema Cort Ese episodio enterró la narrativa de imparcialidad y lo colocó en el centro del debate sobre el uso personal de la justicia. No su mejor capítulo.

Y sin embargo, tampoco ahí cayó.

Su paso por la FGR tuvo escenas memorables —algunas para bien, otras para museo del absurdo. Anunció con firmeza una cruzada contra la impunidad heredada: Odebrecht, Estafa Maestra, Pemex, la élite política del sexenio pasado. Era un fiscal que llegaba con autoridad intelectual: décadas de docencia, formación sólida en derecho penal, experiencia en seguridad y una convicción genuina de que el Ministerio Público tenía que recuperar su dignidad institucional. Ese punto —el positivo— hay que concedérselo: Gertz siempre habló de la Fiscalía como una institución que debía fortalecerse y, al menos en discurso, entendía la necesidad de autonomía y rigor técnico.

Pero entre lo que se quiere y lo que se logra suele haber un océano.

El caso Lozoya terminó convertido en una tragicomedia: el testigo estrella que prometía derribar a medio gabinete peñista terminó fotografiado en un restaurante, con un guion de colaboración que se desmoronó y un expediente repleto de promesas incumplidas. El famoso cheque de 2,000 millones de pesos, presentado en Palacio Nacional como “reparación del daño”, resultó más simbólico que real. Y mientras tanto, Rosario Robles vivió en prisión preventiva prolongada, exhibiendo el rostro más duro de la Fiscalía, mientras Lozoya parecía disfrutarse el fuero moral de la cooperación.

Su sello más polémico fue la justicia diferenciada. La exoneración exprés del general Salvador Cienfuegos tensó la relación con Estados Unidos; el intento de procesar a 31 científicos del Conacyt por delincuencia organizada levantó incluso carcajadas en los tribunales; los expedientes contra gobernadores y candidatos en temporada electoral alimentaron la narrativa de que la FGR olía más a estrategia que a proceso penal.

Y después llegó la guerra interna. El pleito con Julio Scherer, la batalla por el control de ciertos expedientes, las acusaciones cruzadas de extorsiones, venganzas y “operaciones sucias” mostraron una Fiscalía atrapada en el mismo laberinto político que juró superar.

Con todo, había una cualidad que incluso sus críticos reconocen: Gertz era persistente. Y conocía el aparato penal como pocos. Tenía método, obsesión por el detalle y una idea fija de orden institucional. No siempre funcionó, no siempre fue justa ni eficiente, pero era innegable que se trataba de un hombre que llevaba décadas pensando —de verdad pensando— en el sistema penal mexicano.

¿Entonces por qué renunció?

Porque la política no solo se derrumba por grandes actos de corrupción o colapsos institucionales. A veces cae por la presión inesperada del lugar menos imaginado. En este caso, una corona.

Todo estalló cuando México celebraba con júbilo el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo. Una mexicana ganando el certamen después de tantos años era un regalo para la narrativa nacional: orgullo, identidad, representación, el país hablando de algo luminoso por primera vez en semanas. Pero justo ahí, en plena celebración, comenzaron a circular los expedientes —sellados y empolvados en la FGR— relacionados con Raúl Rocha, presidente de la franquicia Miss Universo y vinculado en investigaciones mediáticas con presuntos contratos irregulares con Pemex.

La pregunta no era si existía una investigación. La pregunta era: ¿por qué se filtró justo ahora?

La respuesta implícita fue unánime: porque la FGR había perdido control interno. Porque intereses cruzados querían lastimar a la 4T. Porque la filtración no solo embarraba a un empresario, sino también a Bosch, la nueva joya mediática del país. Porque el triunfo, tan necesario en una nación saturada de malas noticias, se convirtió en combustible político en cuestión de horas. Porque México estaba celebrando una coronación, y alguien sacó un expediente que olía a guerra interna.

Eso, en Palacio Nacional, fue dinamita.

No se podía permitir que una victoria global, limpia y emocional, se convirtiera en pleito burocrático. Mucho menos cuando la Presidencia buscaba proyectar una nueva etapa institucional y evitar conflictos con la industria cultural y de entretenimiento que ya estaba devolviendo atención internacional al país. Gertz había sobrevivido a todo: a expedientes fallidos, a presiones, a audios filtrados, a críticas internacionales. Pero tocar un símbolo recién coronado fue otra cosa. Transformó un problema jurídico en un problema político. Y en México, los problemas políticos se resuelven de una sola forma: pidiendo renuncias.

El 27 de noviembre de 2025, presentó la suya.

Salió con un extraño nombramiento diplomático y un comunicado sin dramatismos, pero cargado de silencios. Fue la despedida de un fiscal que quiso ser reformador, que terminó siendo símbolo de poder concentrado y que cayó no por un caso penal, sino por una coronación que puso demasiados reflectores sobre sus polémicas.

Y así, la corona de Fátima Bosch terminó abollando algo más que el ego de los críticos: terminó abollando, también, el trono del fiscal más poderoso del México reciente.

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