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Lección de buen gobierno y mejor política de medios en Veracruz Por Aquiles Córdova

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En Hidalgotitlán, en el sur de Veracruz, hace rato que viene librándose una lucha entre un grupo de transportistas que pretenden el monopolio absoluto de esa actividad, respaldados por autoridades locales y estatales, y un grupo de trabajadores del volante que reclaman su derecho a un trabajo digno y legítimo para ganar el pan de sus hijos. Pero el asunto que hoy quiero tratar no es el fondo ni los pormenores del conflicto, sino una muy aleccionadora nota que apareció en uno de tantos “medios electrónicos” que saturan el espacio cibernético en nuestros días. El periodiquillo, que aparece con el título de Municipiossur.com, publicó lo siguiente el día domingo 25 de noviembre del año en curso (la sintaxis y la ortografía son del original):

<<“Paran de patas” a los miembros de “Antorcha Campesina”.- Ya era hora que alguien “parará de patas” a los miembros de “Antorcha Campesina”, ¿y saben quien fue el hombre que tuvo los “riñones” para hacerlo?, pues Santana Bahena Cruz, alcalde de Hidalgotitlán. A los “lidercillos” de la citada agrupación se les “apareció el diablo” cuando intentaron tomarle a Santana el palacio municipal, el edil, junto con varios colaboradores (¿en serio se trató de “colaboradores”? ¿qué clase de “colaboradores” hay en las oficinas municipales de Hidalgotitlán, pregunto yo? ACM) le acomodaron una soberana madriza a los señores de “Antorcha”. Los garrotazos y reatazos que recibieron fueron mas que suficiente para que se retiraran del lugar, y de un solo tajo se terminó la manifestación. Lo anterior habla de los “riñonsotes” de Cruz Bahena (sic),  ¡claro que si!. Y para que se escuchara muy lejos (¿hasta el palacio de gobierno de Veracruz, por ejemplo, pregunto yo? ACM), en efecto, el Presidente Municipal declaró: “En Hidalgotitlán mando yo”. Ahora si que los de “Antorcha Campesina” encontraron quien los pusiera en su lugar.>> Hasta aquí la nota de referencia.

Ahora bien, ante este exaltado homenaje a los “riñonsotes” del alcalde de Hidalgotitlán y al uso expedito y brutal de la violencia física que ese mismo señor empleó en contra de un grupo de sus gobernados, de parte de un medio informativo (por muy rupestre e insignificante que sea), no es posible dejar de hacerse ciertas reflexiones y preguntas que importan a la salud pública nacional y a quienes tienen el deber de hacer respetar las leyes y las instituciones que el país se ha dado para la convivencia civilizada de los mexicanos. Lo primero que destaca en la nota, es el absoluto desprecio hacia la causa de fondo que motivó la protesta que el de los “riñonsotes” (que tanto admira el redactor) terminó tan eficazmente “de un solo tajo”. En efecto, como se ve en lo transcrito, no hay una sola palabra sobre eso, lo que demuestra palmariamente que al reportero (o a su medio como tal) le vale un comino la problemática social, que le importa un bledo la legitimidad o ilegitimidad de la inconformidad popular, que la repudia y aplaude su represión violenta no en razón de los motivos que la animan, sino simplemente porque al señor reportero (o a quienes le pagan) le provoca urticaria la lucha organizada de la gente humilde y desamparada y para él eso basta. En seguida, llama la atención que la nota tampoco fundamente, ni poco ni mucho, la acusación de que los antorchistas “intentaron tomarle a Santana el palacio municipal”, lo cual la convierte en una afirmación sin fundamento, es decir, en una calumnia pura y simple. Por mi parte, como que soy uno de quienes han enseñado a los antorchistas su modo de actuar y defenderse, y como gente absolutamente respetuosa de la verdad, que nunca se defiende con mentiras sean cuales sean las circunstancias, afirmo que es totalmente falso ese “intento de toma” del palacio municipal. Lo que buscaba la protesta era hacerse escuchar por el alcalde y obtener justicia de su parte, que es muy distinto a lo que dice la nota en mención.

Suma y sigue. Pero, aun suponiendo sin conceder que los antorchistas intentaran cometer un ilícito, la pregunta obligada es: ¿puede, por sus puros “riñonsotes”, un presidente municipal salir al frente de un grupo de porros y golpeadores (que eso eran y no “colaboradores” como dice el reportero, a menos que se confiese que el cabildo municipal es un nido de pandilleros y malvivientes) a “madrear” a “garrotazos y reatazos” a los ciudadanos que gobierna? ¿Es lícito combatir el delito con otro delito? ¿Es legal que un gobernante tome directamente la justicia en sus manos y la aplique como lo haría una pandilla de malandrines de barrio? ¿Qué ley lo autoriza y reglamenta? De ser así, sería obvio que la Constitución General de la República y las fuerzas del orden saldrían sobrando, serían totalmente inútiles y todo se haría según los “riñonsotes” de cualquier caciquillo de poca monta. En caso contrario, el alcalde de Hidalgotitlán habría cometido un delito y debería ir a la cárcel por violación flagrante a las garantías constitucionales de sus gobernados.

Es sumamente grave y preocupante, por otro lado, que la prensa veracruzana se deshaga en elogios para un troglodita que ignora olímpicamente que vive y gobierna en un país de leyes (Municipiossur.com no es el único medio que celebra la paliza a los antorchistas; otros lo hacen también, aunque a su modo y más discretamente). Tanto se ha abusado del calificativo de “fascista”, aplicándolo a troche y moche sin saber siquiera su verdadero significado, que se ha desgastado hasta el punto de ya no significar nada para quien lo escucha o lo recibe; pero aquí, a la luz del encendido elogio a los “riñones” y al uso de la violencia brutal e ilegal en contra de ciudadanos inermes, no hay más remedio que decir que tanto el munícipe como sus amanuenses y lacayos mediáticos están protagonizando un acto de verdadero fascismo, un claro sacrificio de la ley y el derecho en las aras de los “riñones” y la violencia física, brutal y sin medida. Y es claro que el país no puede dejarse ir por semejante despeñadero, por lo que resulta indispensable preguntarse si el gobernador veracruzano, doctor Javier Duarte de Ochoa, está enterado de la barbarie de sus munícipes y qué piensa de ellos y de los medios informativos que los aplauden y azuzan en contra del derecho de manifestación pública. Y si no está de acuerdo con esto (como yo creo que no lo está), ¿qué medidas piensa tomar para hacer respetar las garantías constitucionales del pueblo veracruzano? A los señores de Municipiossur.com y consortes, sólo les deseo que pronto, muy pronto recojan una buena cosecha de lo que están sembrando, es decir, que reciban la misma dosis de “riñones” y de violencia que hoy tan alegremente celebran; pues sólo así entenderán que no es muy inteligente escupir en el agua que tal vez mañana tendrás que beber.

 

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Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera

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El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.

Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.

Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.

Siete.

Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.

Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.

Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.

Esa no es una democracia sana.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.

Pero, ¿Por qué ocurre?

Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.

Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?

¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?

Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.

Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.

Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.

Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.

También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.

Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.

El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.

Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.

No los olvidamos.

Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.

Siete nombres.

Siete familias.

Siete historias interrumpidas.

Pero también siete razones para no acostumbrarnos.

Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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