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México

Ley de Obras Públicas se analizará con detenimiento: Pedro Domínguez

La Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados informará al órgano colegiado afín del Senado de la República que hay disposición de avanzar en temas de la Minuta de Ley de Obras Públicas una vez que sea recibida, a fin de que con base en los tiempos sea discutida y, en su caso, aprobada en la próxima Legislatura.

La Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados informará al órgano colegiado afín del Senado de la República que hay disposición de avanzar en temas de la Minuta de Ley de Obras Públicas una vez que sea recibida, a fin de que con base en los tiempos sea discutida y, en su caso, aprobada en la próxima Legislatura.

En la primera reunión con el nuevo titular de la Comisión en la Cámara Baja, Pedro Domínguez, los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias acordaron que el trabajo colegiado para tal propósito se asumirá con base en los rubros de transparencia y anticorrupción.

Ello, de acuerdo a la propuesta del Presidente de la Comisión de Infraestructura, quien se refirió a la reciente realización del Foro de Análisis de la Ley de Obras Públicas en el Senado de la República, donde se recabaron diversas perspectivas de opinión y propuestas de modificación.

Pedro Domínguez, Diputado Federal del PRI por Chihuahua, escuchó los planteamientos de cada uno de los integrantes de la Comisión y asumió el compromiso de formalizarlos, a fin de llevarlos a la mesa de análisis y discusión lo más pronto posible.

En su intervención, el Diputado Federal del PAN, Genaro Carreño Muro, coincidió con Pedro Domínguez en que los aspectos de transparencia y anticorrupción deben destacar en el marco de obras públicas y expuso dos asuntos de interés para su participación, el de Infraestructura con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Energético con Petróleos Mexicanos (PEMEX).

A su vez, los Diputados Federales Ana María Gutiérrez Coronado del PAN y José Adán Avellaneda del PRD asumieron su compromiso de trabajar y avanzar en los temas nodales de la Comisión, sobre todo para dejar avance significativo a la Legislatura entrante.

En suma, la Ley de Obras Públicas se analizará con detenimiento en la Cámara de Diputados y no se legislará al vapor, puntualizó Pedro Domínguez.

FOTO UNO PIDZ

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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