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México

Ley de Víctimas: Entre el Congreso y la Segob

La forma en que estaba redactada la Ley General de Víctimas implicaba el riesgo de que los estados no cumplieran con su responsabilidad en la protección de víctimas de la violencia, aseguró este jueves el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.

“Si bien el 90%  de los delitos se cometen a nivel estatal, los estados posiblemente pudieran no cumplir la Ley de Víctimas, entonces sería peor. Tendríamos una instancia de atención a las víctimas que dictara medidas (…) que los estados pudieran no cumplir porque el precepto constitucional no está sólido, ese es problema central de esa ley”, dijo Poiré en conferencia de prensa.

El señalamiento del titular de la política interna ocurre casi una semana después de que la Secretaría de Gobernación devolvió la ley al Congreso con algunas observaciones, entre las que destacaban definir los ámbitos de responsabilidad de reacción desde la Constitución.

El miércoles, la Comisión Permanente del Congreso regresó al Ejecutivo las observaciones planteadas a la ley argumentando que habían sido planteadas de forma extemporánea y ordenó su promulgación inmediata.

Poiré aseguró este jueves que las observaciones fueron emitidas el último día del plazo que marca la ley para ello, considerando que el Congreso envió la legislación el 1 de julio, por lo que consideró que el Ejecutivo cumplió “en tiempo y forma”.

“Lo importante y lo sustantivo es que encontremos un mecanismo que verdaderamente le dé la atención a las víctimas que se merecen”, dijo.

Poiré detalló que aún no han analizado el documento que Senado envió al Ejecutivo instruyendo a la publicación de la ley y dijo que con base en ese comunicado, determinarán si se publica la ley o si se interpone una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El titular de Gobernación aseguró que, de haber sido promulgada por el Ejecutivo tal como la recibió del Congreso, la medida hubiera necesitado varias modificaciones desde su misma entrada en vigor.

“No es tan sencillo como publicar una ley y luego la corregimos”, dijo.

Las observaciones del gobierno federal fueron consideradas un intento veto por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), que impulsó la ley ante la presidencia y el Congreso durante las distintas etapas de su proceso legislativo.

“Este veto es un desprecio y una falta a su palabra. El presidente está faltando a su palabra, y eso es grave. Y con esto está haciéndonos perder la confianza”, dijo el líder del movimiento, el poeta Javier Sicilia.

La Ley de Víctimas ha sido un reclamo constante de defensores de derechos humanos durante el combate del gobierno federal al crimen organizado, en el que desde fines de 2006 han muerto más de 47,500 personas, según cifras de la Procuraduría General de la República (PGR).

“En el México democrático no existe dilema entre seguridad y derechos humanos”, aseguró este jueves Poiré. “Lo sustantivo es evitar la publicación de una ley que vaya en detrimento de las victimas”.

La Ley General de Víctimas fue aprobada a fines de abril por la Cámara de Diputados, luego de ser aprobada en el Senado casi una semana antes.

Para entrar en vigor, depende de su promulgación por parte del poder Ejecutivo a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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