La forma en que estaba redactada la Ley General de Víctimas implicaba el riesgo de que los estados no cumplieran con su responsabilidad en la protección de víctimas de la violencia, aseguró este jueves el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.

“Si bien el 90%  de los delitos se cometen a nivel estatal, los estados posiblemente pudieran no cumplir la Ley de Víctimas, entonces sería peor. Tendríamos una instancia de atención a las víctimas que dictara medidas (…) que los estados pudieran no cumplir porque el precepto constitucional no está sólido, ese es problema central de esa ley”, dijo Poiré en conferencia de prensa.

El señalamiento del titular de la política interna ocurre casi una semana después de que la Secretaría de Gobernación devolvió la ley al Congreso con algunas observaciones, entre las que destacaban definir los ámbitos de responsabilidad de reacción desde la Constitución.

El miércoles, la Comisión Permanente del Congreso regresó al Ejecutivo las observaciones planteadas a la ley argumentando que habían sido planteadas de forma extemporánea y ordenó su promulgación inmediata.

Poiré aseguró este jueves que las observaciones fueron emitidas el último día del plazo que marca la ley para ello, considerando que el Congreso envió la legislación el 1 de julio, por lo que consideró que el Ejecutivo cumplió “en tiempo y forma”.

“Lo importante y lo sustantivo es que encontremos un mecanismo que verdaderamente le dé la atención a las víctimas que se merecen”, dijo.

Poiré detalló que aún no han analizado el documento que Senado envió al Ejecutivo instruyendo a la publicación de la ley y dijo que con base en ese comunicado, determinarán si se publica la ley o si se interpone una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El titular de Gobernación aseguró que, de haber sido promulgada por el Ejecutivo tal como la recibió del Congreso, la medida hubiera necesitado varias modificaciones desde su misma entrada en vigor.

“No es tan sencillo como publicar una ley y luego la corregimos”, dijo.

Las observaciones del gobierno federal fueron consideradas un intento veto por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), que impulsó la ley ante la presidencia y el Congreso durante las distintas etapas de su proceso legislativo.

“Este veto es un desprecio y una falta a su palabra. El presidente está faltando a su palabra, y eso es grave. Y con esto está haciéndonos perder la confianza”, dijo el líder del movimiento, el poeta Javier Sicilia.

La Ley de Víctimas ha sido un reclamo constante de defensores de derechos humanos durante el combate del gobierno federal al crimen organizado, en el que desde fines de 2006 han muerto más de 47,500 personas, según cifras de la Procuraduría General de la República (PGR).

“En el México democrático no existe dilema entre seguridad y derechos humanos”, aseguró este jueves Poiré. “Lo sustantivo es evitar la publicación de una ley que vaya en detrimento de las victimas”.

La Ley General de Víctimas fue aprobada a fines de abril por la Cámara de Diputados, luego de ser aprobada en el Senado casi una semana antes.

Para entrar en vigor, depende de su promulgación por parte del poder Ejecutivo a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.