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México

‘Leyes mordaza en nuestro país’

El presidente Enrique Peña Nieto y el Senado de la República buscan frenar artículos de la Ley de telecomunicaciones que pretenden censurar y limitar a los medios de comunicación.

Tras presentar una controversia constitucional, el jefe del ejecutivo consideró que el Instituto Federal de Telecomunicaciones invadió facultades que no le corresponden al establecer los Lineamientos sobre la Defensa de las Audiencias que buscaban imponen a medios de comunicación, como radio y televisión, reglas en el manejo de la información, lo que a decir de legisladores y expertos, limita la libertad de expresión, opinión y crítica, por lo que será a Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resolverá sobre el tema.

En nuestro país, varios han sido los intentos para aplicar legislaciones o lineamientos que impiden la libre labor de periodistas o usuarios de redes sociales, mismas que han sido bautizadas como “Leyes mordaza”.

En Septiembre de 2011, el entonces gobernador de Veracruz y ahora prófugo de la justicia, Javier Duarte, envió al congreso local una iniciativa que castigaba hasta con cuatro años de prisión a quienes promovieran la perturbación del Orden Público a través de mensajes difundidos en redes sociales. La llamada “Ley Duarte” fue declara inconstitucional por la Corte en junio de 2013.

Para agosto de 2014, el congreso de Sinaloa prohibió a los medios de comunicación el acceso a zonas donde se hubiera cometido algún delito, así como tomar videos, audios o fotografías de los involucrados, por lo que los comunicadores solo podrían difundir la información de las dependencias estatales, además tenían prohibido conseguir información por su propia cuenta, como entrevistas.

La legislación fue derogada a los pocos días de su aprobación debido a las manifestaciones que provocó.

En octubre de 2015, el entonces senador del PRI, Omar Fayad, ahora gobernador de Hidalgo, presentó una iniciativa para castigar con cárcel a los usuarios de redes sociales que publicaran memes, tuits, videos, audios y mensajes que divulgaran indebidamente y sin autorización información privada.

La iniciativa, bautizada como “Ley ciber-mordaza”, tuvo que ser desechada, debido a la polémica que generó.

 

Noticias MVS

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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