El presidente Enrique Peña Nieto y el Senado de la República buscan frenar artículos de la Ley de telecomunicaciones que pretenden censurar y limitar a los medios de comunicación.

Tras presentar una controversia constitucional, el jefe del ejecutivo consideró que el Instituto Federal de Telecomunicaciones invadió facultades que no le corresponden al establecer los Lineamientos sobre la Defensa de las Audiencias que buscaban imponen a medios de comunicación, como radio y televisión, reglas en el manejo de la información, lo que a decir de legisladores y expertos, limita la libertad de expresión, opinión y crítica, por lo que será a Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resolverá sobre el tema.

En nuestro país, varios han sido los intentos para aplicar legislaciones o lineamientos que impiden la libre labor de periodistas o usuarios de redes sociales, mismas que han sido bautizadas como “Leyes mordaza”.

En Septiembre de 2011, el entonces gobernador de Veracruz y ahora prófugo de la justicia, Javier Duarte, envió al congreso local una iniciativa que castigaba hasta con cuatro años de prisión a quienes promovieran la perturbación del Orden Público a través de mensajes difundidos en redes sociales. La llamada “Ley Duarte” fue declara inconstitucional por la Corte en junio de 2013.

Para agosto de 2014, el congreso de Sinaloa prohibió a los medios de comunicación el acceso a zonas donde se hubiera cometido algún delito, así como tomar videos, audios o fotografías de los involucrados, por lo que los comunicadores solo podrían difundir la información de las dependencias estatales, además tenían prohibido conseguir información por su propia cuenta, como entrevistas.

La legislación fue derogada a los pocos días de su aprobación debido a las manifestaciones que provocó.

En octubre de 2015, el entonces senador del PRI, Omar Fayad, ahora gobernador de Hidalgo, presentó una iniciativa para castigar con cárcel a los usuarios de redes sociales que publicaran memes, tuits, videos, audios y mensajes que divulgaran indebidamente y sin autorización información privada.

La iniciativa, bautizada como “Ley ciber-mordaza”, tuvo que ser desechada, debido a la polémica que generó.

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