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Ligan a hermano de Joan Sebastian con crimen organizado

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Federico Figueroa, hermano del cantautor Joan Sebastian, es investigado por la Fiscalía General del Estado de Morelos y por la Procuraduría General de la República (PGR) por sus presuntos nexos con grupos del crimen organizado, reveló el gobernador de ese estado, Graco Ramírez.

En entrevista con El Universal TV, confirmó que “tiene incluso un proceso, una orden de presentación (en su contra) y está bajo investigación de la Fiscalía General del Estado de Morelos y sabemos que también hay antecedentes en la PGR”.

Detalló que Figueroa lo contactó para establecer un pacto a fin de que pudiera organizar palenques, los cuales serían usados para el lavado de dinero, con el compromiso de tener pacificado al estado. De hecho, señaló que este tipo de “pactos” se establecieron con gobernadores anteriores. También ratificó que “un político”, cuyo nombre no reveló y del que sólo dijo “no pertenece al PRD” y “no es un gobernador que haya estado en Morelos”, le llamó para los mismos fines. “

Me reservo su nombre ya que la investigación está en las áreas de inteligencia y es del conocimiento del secretario de Gobernación, (Miguel Ángel) Osorio Chong”. Graco Ramírez presumió que, a dos años de su administración, se han dado golpes certeros contra el crimen, especialmente contra Guerreros Unidos y Los Rojos. Del primero, dijo, se han detenido a 11 de sus líderes “que no encontraron refugio en Morelos, como tradicionalmente ocurría en tiempos pasados”. Del segundo, comentó que falta la captura de Santiago Mazari, El Carrete, quien, aseguró, “está cercado” y quien le ha enviado mensajes con amenazas directas a través de un portal de internet —Jojunarco—, que tiene su servidor en Estados Unidos y ya fue localizado, por lo que está bajo investigación. Atribuyó las amenazas a la versión de que estaría protegiendo a Guerreros Unidos.

“Yo no estoy protegiendo ni a unos ni a otros, estoy persiguiendo a todos. En Morelos no estamos dispuestos a que los gobernadores y autoridades establezcan complicidades con la delincuencia organizada como ocurrió en el pasado”, explicó. En la nota que publica este día el periódico El Universal, el mandatario informó que hace poco se decomisó un narcolaboratorio, lo que afectó de manera importante a Los Rojos: “Su fortaleza es que se dedica a la producción de amapola, por lo que ya no depende de la cocaína de Colombia”.

Señaló que El Carrete pretende imitar a Servando Gómez Martínez, La Tuta, “al tratar de exponer que quiere apoyar al pueblo en el combate a Guerreros Unidos y mostrarse más eficaz que la policía”. De ahí que algunos padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa le hayan solicitado su ayuda para tratar de localizarlos. Por otro lado, precisó que se ha logrado la captura de 700 delincuentes y de 28 células delictivas; hay procesos abiertos contra ex alcaldes y contra dos ex jefes de la policía vinculados con actividades criminales.

El problema, detalló, es que los alcaldes, por omisión o complicidad, han aceptado designar a directores de las policías locales vinculados con líderes de la delincuencia. No es un problema de partido alguno, aclaró, “la penetración es estructural”. Además, están bajo proceso los dos últimos secretarios de Hacienda y de Finanzas de la administración de Marco Antonio Adame, por un presunto desvío de 400 millones de pesos del erario.

Estas acciones han permitido disminuir en un 70% la incidencia de delitos de alto impacto como el secuestro y las extorsiones. Destacó que de los 30 secuestros que se tenían al mes, “hoy sólo tenemos el reporte de uno o dos. Hemos logrado disminuir este delito hasta en un 90%. Desde que se recibe la primera llamada de rescate, se les localiza y se detiene en un plazo de 10 horas”. Graco Ramírez resaltó que en Morelos ya existe un Mando Único Policial con 5 mil elementos, los cuales sustituyeron a 700 policías estatales y a 5 mil municipales “mal pagados y sin capacitación. La penetración del crimen en la procuraduría y en los órganos de seguridad era notable y evidente”.

Sin embargo, para seguir dando golpes certeros a la delincuencia organizada pidió la intervención del gobierno federal para que Caminos y Puentes Federales (Capufe) se conecte a la Plataforma México y les comparta información privilegiada que captan las cámaras instaladas en las casetas de peaje, lo que permitiría inhibir el robo a transportistas de carga y de vehículos que luego son usados en otros delitos. También anunció la instalación de un nuevo Batallón del Ejército en la localidad de Los Lagartos, en Jojutla, donde operarán 700 efectivos, así como el uso de drones en áreas de inteligencia. Con estas acciones, dijo, “hemos blindado a Morelos”.

Fuente: e-oaxaca.com

México

PAN cuestiona investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico y señala posible encubrimiento

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El Partido Acción Nacional acusó que la investigación oficial sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre en Oaxaca carece de credibilidad y podría estar encubriendo responsabilidades de mayor jerarquía dentro del proyecto ferroviario.

A través de su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, el PAN sostuvo que la Fiscalía General de la República presentó de manera anticipada una versión definitiva del accidente, en la que se atribuye la causa exclusivamente a errores del personal operativo, pese a la existencia de indicios que apuntan a fallas estructurales, deficiencias técnicas y omisiones en la supervisión.

Romero subrayó que el Tren Interoceánico es operado por la Secretaría de Marina, dependencia responsable de la infraestructura, el mantenimiento, los protocolos de seguridad y la operación general del sistema. En ese sentido, consideró inaceptable que la investigación descarte desde el inicio posibles fallas institucionales o responsabilidades administrativas de alto nivel.

El dirigente panista recordó que, tras la conferencia ofrecida por la FGR el 27 de enero, comenzaron a circular fragmentos del expediente que revelan diversas irregularidades. Entre ellas se mencionan deficiencias en los sistemas de control de velocidad, equipos obsoletos, fallas de comunicación, cámaras de vigilancia fuera de servicio y condiciones deterioradas tanto en los vagones como en algunos tramos de la vía.

El PAN también advirtió que en el expediente se hace referencia a personal ferroviario que no contaba con licencias vigentes ni con exámenes médicos actualizados, una situación que posteriormente fue reconocida por la propia Secretaría de Marina.

Ante este panorama, el partido exigió la realización de un peritaje independiente y transparente, y pidió que no se proteja a ningún responsable. Consideró que judicializar únicamente a trabajadores operativos representa un intento de cerrar el caso sin esclarecer las causas de fondo del accidente.

En paralelo, la Fiscalía General de la República informó sobre la detención de Felipe de Jesús “N”, identificado como el maquinista principal del tren descarrilado. La captura se realizó el 26 de enero en Palenque, Chiapas, y fue confirmada un día después.

De acuerdo con el peritaje oficial presentado por la fiscal Ernestina Godoy, el exceso de velocidad fue la causa determinante del accidente. La investigación señala que el tren circulaba a 65 kilómetros por hora en una zona con límite de 50, alcanzando picos de hasta 111 kilómetros por hora en tramos rectos. La FGR descartó fallas mecánicas y aseguró que el sistema de frenado funcionaba correctamente.

El maquinista enfrenta cargos por homicidio y lesiones culposas. La detención ha generado controversia al coincidir con las denuncias del PAN sobre un posible encubrimiento a mandos superiores responsables de la operación ferroviaria.

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