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México

Llama Iglesia Católica a reconocer resultados electorales «con madurez»

Ciudad de México. La Iglesia católica hizo un llamado a los partidos y candidatos a reconocer «con madurez» los resultados, evitar confrontaciones «estériles» y acatar las decisiones de las autoridades, después de la votación ciudadana de este domingo.

En su editorial del semanario Desde la Fe, señaló que pasada la jornada electoral, como sociedad civil, la sociedad, incluida la Iglesia Católica, tiene la responsabilidad de acompañar y exigir resultados a aquellos candidatos que resulten electos. Indicó que de acuerdo con datos de la Quinta Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP), apenas el 30 por ciento de los mexicanos se siente satisfecho con la democracia en México, pero más del 63 se dice poco o nada interesado en los problemas de su comunidad. «El interesarnos en esos problemas y exigir una debida rendición de cuentas a los gobernantes es nuestra tarea permanente como ciudadanos».

Reiteró que lamentablemente, estas elecciones han sido marcadas por la violencia, la polarización y las descalificaciones. «Por eso, hacemos un llamado a los partidos y candidatos a reconocer con madurez los resultados, evitar confrontaciones estériles y acatar las decisiones de las autoridades electorales y de justicia que den seguimiento a las querellas posteriores al 6 de junio.

Pasadas las elecciones, una responsabilidad inmediata de los políticos será trabajar por el bien común con miras a lograr la paz y la reconciliación en nuestro país. En la encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco asegura que la política debe de buscar el bien común a través de la construcción de camino».

Recordó que hoy domingo, millones de mexicanos salen a votar en lo que ha sido llamado el proceso electoral más grande y «complejo» de la historia moderna de México. «Esperamos una gran participación y que, conscientes de que cada voto importa, hayamos elegido con libertad y responsabilidad».

Sin embargo agregó que , su labor como ciudadanos «—nuestro papel como artífices de la democracia—» no termina en las urnas.

«El siguiente paso es seguir de cerca los resultados y confiar en las autoridades electorales encargadas de darlos a conocer. Recordemos que quienes están al frente de las casillas son nuestros vecinos, miembros de nuestra comunidad que dedicaron su tiempo a hacer de esta elección un proceso más transparente».

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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