En su conferencia de prensa matutina, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), exhortó al empresario y dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Reno, a cumplir el acuerdo reparatorio con Petróleos Mexicanos (Pemex) por el caso AgroNitrogenados.
“Yo creo que están mal aconsejando al señor Ancira. Ojalá el reflexione porque si ya había aceptado un acuerdo, lo que procede es que lo cumpla. No va a obtener beneficios si busca con abogados legulellos quererle darle la vuelta a lo que ya se acordó. Él debería estar agradecido. Él sabe muy bien que vendió a sobreprecio esa planta. Lo sabe perfectamente“, comentó.
Y es que el magnate había acordado con Pemex el pago de 216.6 millones de dólares por la compraventa irregular de Agro Nitrogenados, esto luego que fuera puesto en libertad tras su aprehensión en el Reclusorio Norte.
No obstante, la paraestatal denunció que Ancira Reno no se presentó el pasado 25 de agosto para comparecer las obligaciones del tratado, por lo que se le señaló de incumplimiento.
(Foto: EFE/CATI CLADERA/Archivo)
En tanto, el empresario argumentó que había constituído ya un fideicomiso para realizar los pagos mencionados, sin embargo Pemex no lo reconoció legalmente porque fue creado en Estados Unidos.
Es así que Petróleos hiz llegar un oficio a Pedro Serret Hernández, el administrador del Reclusorio Norte, informando que Ancira no cumplió el acuerdo de reparación del daño, razón por las que solicita que se tomen las medidas pertinentes.
Petróleos Mexicanos insiste en que los pagos de Ancira se tenían que llevar a cabo en un solo contrato de fideicomiso, instrucción que el señalado no cumplió ya que él lo hizo a través de “Trust ANCIRA” y “Fideicomiso AFIRME”; de éstos, el primero fue el invalidado por la paraestatal.
“El ‘Trust ANCIRA’ es un acto jurídico que no se celebró conforme a los ordenamientos aplicables en territorio nacional, sino conforme a leyes de los Estados Unidos de América (…) Ello es incongruente con el Acuerdo Reparatorio conforme al cual, las garantías debían constituirse en los términos y mediante las figuras jurídicas contempladas en las leyes mexicanas”, denunció la empresa.
(Foto: REUTERS/Daniel Becerril)
La controversia de Ancira se remonta al 2013, cuando presuntamente sobornó con 3.5 millones de pesos a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto, con el objetivo de influir en el proceso de compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados.
De acuerdo con el caso abierto por la Fiscalía General de la República (FGR), el proceso de adquisición presentó una irregularidad:la transacción de compra–venta de la productora de fertilizante se realizóa 10 veces su costo real, lo que equivalía a 273 millones de pesos aproximadamente.
Esto quiere decir que el presupuesto de Pemex se vio afectado por más de 200 millones de pesos al hacer una compra de una procesadora que se encontraba casi en ruinas.
Luego de conocer la investigación iniciada en su contra, el magnate abandonó el país y fue capturado en Palma de Mallorca, España, en mayo del 2019. Desde su estancia en el país ibérico, buscó a toda costa evitar la cárcel, por lo que interpuso una serie de amparos para burlar la extradición, e incluso, ofreció el pago del sobreprecio obtenido de la transacción fraudulenta.
El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.
La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.
De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.
El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.
El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.
Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.
Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.
Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.
Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.
Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.