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Lo vinculan a proceso por el delito de robo agravado

El Juez de Garantías del Distrito Judicial Benito Juárez dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado Ramón Alejandro Fierro Olivas de 33 años, por el delito de robo agravado; situación por la que permanece en prisión preventiva como medida cautelar.

Fue el 19 de mayo de 2011, cuando el imputado acudió a la casa de la víctima a pedirle 100 pesos prestados para completar el dinero que le faltaba para sacar su vehículo del taller mecánico; así que la mujer accede debido a que lo conocía desde antes; sin embargo el sujeto aprovechó para hurtar un teléfono celular.

Cuando le reclamaron el aparato, inicialmente él accedió a devolverlo, pero después se negó, así que después de que se denunció ante el Ministerio Público, se solicitó la orden de aprehensión, a la que s le dio cumplimiento y una vez que el Juez tuvo conocimiento de los antecedentes de investigación lo vinculó a proceso.

Cabe mencionar que el imputado está bajo investigación por otra causa penal, debido a otro ilícito

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“Madrota” que prostituía a jovenes a prisión y tendrá que pagarles 95 mil pesos.

En un juicio oral, la Fiscalía Especializada de la Mujer logró acreditar la responsabilidad penal de Guadalupe Espinoza Ponce, de 27 años de edad, y fue condenada a pasar 22 años en prisión por explotar sexualmente a dos mujeres.

Las pruebas presentadas por la Unidad de Investigación de Trata, establecen que la procesada convenció a dos mujeres en la ciudad de Chihuahua para que sostuvieran encuentros sexuales con desconocidos a cambio de una cantidad de dinero.

Las investigaciones ministeriales, permitieron documentar que durante los años 2014 y 2015 la imputada pactó varios encuentros y que incluso trasladó personalmente a una de las víctimas.

Según los argumentos del Ministerio Público, durante ese tiempo la sentenciada cobraba a las víctimas cierta cantidad de dinero después de cada encuentro.

Tras conocer de los hechos, la FEM realizó una investigación que permitió ejercer acción penal contra la imputadaa quien se le ejecutó una orden de aprehensión el 30 de abril de 2019.

En la conclusión del proceso penal seguido en su contra, la autoridad judicial dio por acreditada la responsabilidad penal de la imputada quien además deberá pagar a las víctimas 95 mil 580 pesos por concepto de reparación del daño.