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México

Localizarán llamadas telefónicas relacionadas con la delincuencia organizada

En una sesión que fue seguida durante más de tres horas por sólo una veintena de legisladores, la Cámara de Diputados aprobó reformas legales en materia penal y de telecomunicaciones para localizar el origen de llamadas telefónicas relacionadas con delincuencia organizada, secuestro, extorsión o amenazas.

La reforma incluye cambios a los códigos de Procedimientos Penales y Penal Federal; las leyes de Telecomunicaciones, de Readaptación Social y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y obliga a las compañías telefónicas a proporcionar a la Procuraduría General de la República (PGR) la geolocalización de teléfonos y datos de los usuarios relacionados con algún ilícito.

En el dictamen, con el cual se avaló la minuta del Senado en la materia, se señala que la solicitud para fijar la posición en tiempo real del teléfono móvil podrá hacerla directamente el titular de la PGR o los funcionarios que éste designe, mediante simple oficio o medios electrónicos enviado a los concesionarios de telecomunicaciones.

Las modificaciones incluyen penas de dos a siete años de prisión para los funcionarios que utilicen datos e información obtenidos como resultado de la localización geográfica de equipos de comunicación móviles para fines distintos a la persecución de los delitos citados.

Asimismo, se imponen multas de 200 a 2 mil 500 salarios mínimos y de uno a cinco años de prisión a los concesionarios o permisionarios de telefonía que de manera dolosa se nieguen a colaborar con las autoridades en la localización geográfica de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea, que estén relacionados con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas.

También se obliga a las compañías a firmar convenios de colaboración que les permitan intercambiar listas de equipos de comunicación móvil reportados por sus respectivos clientes o usuarios como robados o extraviados, así como a crear un área específica para colaborar con las autoridades en la localización de los teléfonos.

Se limita el alcance del bloqueo de señales telefónicas en los penales, para que no exceda de 20 metros fuera de las instalaciones penitenciarias y así evitar que los teléfonos de colonias vecinas sean afectados.

Con el propósito de evitar que la corrupción en los penales permita que continúen realizándose llamadas de los reos, el dictamen establece que la operación de los sistemas de bloqueo estará a cargo de autoridades distintas a las que operan las cárceles.

En tribuna, el presidente de la Comisión de Justicia, el priísta Humberto Benítez Treviño, afirmó que la reforma busca principalmente evitar la extorsión telefónica, sobre todo la que se realiza desde los centros penitenciarios.

Preguntó: ¿Sabían ustedes que cada día se realizan 6 mil llamadas desde los reclusorios para extorsionar, aun cuando está prohibido el uso de teléfonos móviles?

Asimismo, la cámara aprobó una modificación al artículo 73 de la Constitución, sobre los derechos de la juventud que, según PAN y PRI, constituye una reforma estructural. Mientras el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del PT, la consideró una reforma poética, porque no garantizará dar empleo, salud, vivienda, alimentación y deporte a los jóvenes.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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