En una sesión que fue seguida durante más de tres horas por sólo una veintena de legisladores, la Cámara de Diputados aprobó reformas legales en materia penal y de telecomunicaciones para localizar el origen de llamadas telefónicas relacionadas con delincuencia organizada, secuestro, extorsión o amenazas.

La reforma incluye cambios a los códigos de Procedimientos Penales y Penal Federal; las leyes de Telecomunicaciones, de Readaptación Social y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y obliga a las compañías telefónicas a proporcionar a la Procuraduría General de la República (PGR) la geolocalización de teléfonos y datos de los usuarios relacionados con algún ilícito.

En el dictamen, con el cual se avaló la minuta del Senado en la materia, se señala que la solicitud para fijar la posición en tiempo real del teléfono móvil podrá hacerla directamente el titular de la PGR o los funcionarios que éste designe, mediante simple oficio o medios electrónicos enviado a los concesionarios de telecomunicaciones.

Las modificaciones incluyen penas de dos a siete años de prisión para los funcionarios que utilicen datos e información obtenidos como resultado de la localización geográfica de equipos de comunicación móviles para fines distintos a la persecución de los delitos citados.

Asimismo, se imponen multas de 200 a 2 mil 500 salarios mínimos y de uno a cinco años de prisión a los concesionarios o permisionarios de telefonía que de manera dolosa se nieguen a colaborar con las autoridades en la localización geográfica de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea, que estén relacionados con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas.

También se obliga a las compañías a firmar convenios de colaboración que les permitan intercambiar listas de equipos de comunicación móvil reportados por sus respectivos clientes o usuarios como robados o extraviados, así como a crear un área específica para colaborar con las autoridades en la localización de los teléfonos.

Se limita el alcance del bloqueo de señales telefónicas en los penales, para que no exceda de 20 metros fuera de las instalaciones penitenciarias y así evitar que los teléfonos de colonias vecinas sean afectados.

Con el propósito de evitar que la corrupción en los penales permita que continúen realizándose llamadas de los reos, el dictamen establece que la operación de los sistemas de bloqueo estará a cargo de autoridades distintas a las que operan las cárceles.

En tribuna, el presidente de la Comisión de Justicia, el priísta Humberto Benítez Treviño, afirmó que la reforma busca principalmente evitar la extorsión telefónica, sobre todo la que se realiza desde los centros penitenciarios.

Preguntó: ¿Sabían ustedes que cada día se realizan 6 mil llamadas desde los reclusorios para extorsionar, aun cuando está prohibido el uso de teléfonos móviles?

Asimismo, la cámara aprobó una modificación al artículo 73 de la Constitución, sobre los derechos de la juventud que, según PAN y PRI, constituye una reforma estructural. Mientras el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del PT, la consideró una reforma poética, porque no garantizará dar empleo, salud, vivienda, alimentación y deporte a los jóvenes.