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López Obrador presenta iniciativa de ley contra abusos en el outsourcing

El presidente mexicano , Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves la iniciativa de ley para “poner orden” en el esquema de subcontratación de trabajadores en México, mecanismo que consideró “se echó a perder”, puesto que no respeta los derechos laborales, además de que se usa también para la defraudación fiscal.

«El día de hoy vamos a presentar una iniciativa de ley para poner orden en todo lo relacionado con la subcontratación, llamado outsourcing, que se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y sobre todo que afecta a los trabajadores, porque de esta manera les niegan sus prestaciones laborales, los despiden a fin de año masivamente y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo ni reparto de utilidades, nada, por este mecanismo, que se creó para facilitar a las empresas los tramites de contratacion de servicio, pero se deformó se echó a perder y hay despachos que se dedican a estas actuaciones a estos procedimientos, que tienen miles de trabajadores , esto lo notamos ahora que se nos presentó la pandemia, de repente empiezan los despidos de trabajadores, pero miles de trabajadores de una sola empresa, hay empresas que tienen 10.000 o 150.000 trabajadores. Por eso vamos a presentar esta iniciativa de ley», indicó el mandatario mexicano.

López Obrador aseguró que las grandes empresas son las que abusaron, principalmente, del outsourcing.

“Es un abuso a una ley que se creó, aceptando sin conceder, para facilitar los trámites de las empresas que se dedicaran a producir y que no se desgastaran en los trámites laborales, pero se abusó, también es importante decir que hay muchas empresas que cumplen, no se puede generalizar, básicamente este fenómeno está orientado se detecta en las grandes empresas , no en las medianas ni en las pequeñas, que son las que tienen esta subcontratación , este es el fundamento y vamos a firmar la iniciativa que vamos a enviar al Congreso”, explicó.

Luisa María Alcalde, titular del Trabajo y Previsión Social (STPS), señaló que esta reforma integral pemitirá “cortar los tentáculos de la subcontratación y armonizar las diferentes leyes para que no existan huecos que permitan este tipo de simulaciones”.

“Proponemos una reforma integral en beneficio de trabajadores. Como bien comentaba el presidente la subcontratación es un mecanismo que ha afectado a los trabajadores y a la Hacienda pública”, dijo.

Las leyes que se armonizarán en esta reforma que será enviada hoy mismo al Congreso, son las de Federal del Trabajo, Seguro Social, Infonavit, Código Fiscal, ISR e IVA.

Se regularán tres figuras en esta iniciativa, las cuales consisten en subcontratación de personal, servicios especializadas y obras especializadas, además de agencias de colocación.

En su conferencia de prensa del 28 de octubre, López Obrador adelantó que presentaría una reforma de ley que no pudieran burlar las empresas, como pasó con las anteriores.

“No queremos hacer una reforma que puedan burlar de nuevo , se supone que en apego estricto a la ley del trabajo tiene que cumplir con ciertas obligaciones”, aseguró.

“(Se intentó regular) pero hay quienes no ayudan, son de esas decisiones en donde pagan justos por pecadores, hay muchos empresarios responsables, y hay otros, que en sentido estricto no son empresarios, son coyotes, traficantes de influencias, que abusan de todos estos mecanismos de contratación de trabajadores, y se afecta a los trabajadores”, indicó el mandatario mexicano.

Explicó que fue con la Reforma Laboral, que integró las llamadas “Reformas Estructurales”, se permitió la contratación de trabajadores sin derechos, pues dichas reformas no fueron pensadas para el beneficio del pueblo, sino de una minoría.

«Esto surge a partir de la llamada Reforma Laboral, acuérdense que se permitió hasta la contratación por horas sin derechos, es de las llamadas Reformas Estructurales, no se hicieron pensando en beneficiar al pueblo, se hicieron pensando en beneficiar a una minoría…

Estamos buscando una manera de que ya no haya abusos, además un buen empresario no puede permitir que no se le garantice los derechos a los trabajadores, y no puede permitir que una empresa contratada por el mismo se dedique a evadir impuestos», dijo el presidente López Obrador.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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