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México

Los cárteles mutan a casas de empeño; la PGR investiga

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de julio.- El crimen organizado y los cárteles del narcotráfico utilizan las casas de empeño para financiar sus organizaciones y como una forma de lavar dinero ilícito, indica la Procuraduría General de la República (PGR) a través de sus investigaciones.

La dependencia federal cataloga este hecho como una nueva mutación del crimen organizado para obtener ganancias no sólo a través del trasiego de droga, sino de otras actividades y como método de lavado de dinero.

A través de un documento que fue entregado a los procuradores de justicia del país se precisa que entre 30 y 35 por ciento de los objetos u artículos que se empeñan en casas prendarias son robados.

La PGR ubica en sus investigaciones que el crimen organizado utiliza las casas de empeño para financiar sus actividades ilícitas a través de dos formas: instalando casas prendarias a través de prestanombres para lavar el dinero ilícito y al mismo tiempo para obtener ganancias a través de los intereses que cobra, y fundiendo el oro de alhajas que no son recogidas para utilizar el oro como moneda de cambio.

El crimen organizado utiliza para la fundición de alhajas de oro a joyeros, quienes se encargan de su fundición y de la elaboración de nuevas prendas, estos mismos joyeros son cómplices para –en la mayoría de los casos– elaborar diversos artículos para el crimen organizado, desde cachas para pistolas, hasta pulseras, cadenas o monedas que identifican a la organización criminal.

La otra forma es la mutación de las organizaciones criminales, principalmente Los Zetas, para realizar actividades ilícitas, sobre todo del fuero común, como es el robo a casa habitación, transeúnte o automovilistas, para que los artículos obtenidos puedan ser empeñados y obtener recursos a través de los objetos robados que nunca son recuperados.

El subprocurador de Delitos Federales, Irving Barrios, dijo que esta forma de operación fue detectada por la PGR, por lo que se pidió a mandatarios estatales y procuradores de justicia revisar sus mecanismos de regulación comercial e incrementar en el caso de las casas de empeño mayores requisitos para cerrarle este camino a la delincuencia organizada.

“La PGR en la última reunión de procuradores de justicia del país y ante la preocupación que existe por la violencia de los delitos del fuero común y ante el incremento de los ilícitos como es sobre todo el robo en casa habitación y por otro lado los esquemas para desarrollarse a través de estas instituciones en las comisiones del ilícito de lavado de dinero porque pueden ser utilizadas para operaciones de recursos de procedencia ilícita, se invitó a las autoridades a llevar a cabo una revisión de la regulación y supervisión que tienen sobre este tipo de lugares”, indico Barrios.

Entrevistado por Excélsior, Irving Barrios precisó que respecto a los artículos que son empeñados por la delincuencia en esos lugares se acordó realizar una revisión de la regulación en el ámbito federal “con el objetivo de establecer mejoras en sus controles y tratar de tener el registro completo de quienes llevan a cabo los empeños”.

Irving Barrios indicó que “cuando se funde el oro y llevan a cabo todo este proceso para obtener de esa forma recursos o lavar dinero estamos hablando del esquema de delincuencia organizada, pero también hablamos de un esquema de una organización mediana o pequeña que se dedica al robo de casas habitación, que su ganancia la obtienen a través del empeño porque es más fácil el intercambio de las mercancías obtenidas de manera ilícita, y si lo llevamos a un índice de mayor escala hablamos ya de lavado de dinero”.

De acuerdo con la PGR, la proliferación de casas de empeño en el país inició a partir de 2003, como negocios altamente productivos. Su operación depende en su mayoría de las regulaciones comerciales y sanitarias de los estados de la República, quienes les otorgan permiso para operar.

Situación diferente a la de casas prendarias denominadas de asistencia pública, como lo es el Nacional Monte de Piedad, que conceden préstamos por diversos artículos, con la diferencia de que la obtención de recursos a través de intereses o subastas son entregados a obras de beneficencia.

En muchos casos, a pesar de que en las llamadas casas de empeño solicitan como requisito la credencial de elector o un documento especial para efectuar el préstamo prendario, se ha encontrado  que los empleados de las casas de empeño están coludidos con criminales, por lo que por cada solicitante que entrega una documentación oficial se le agregan otros préstamos apócrifos.

Los artículos robados en algunas ocasiones han sido reconocidos en las casas de empeño por los propios dueños, quienes meses atrás han sido atracados en la calle o en su domicilio y han sido empeñados con la entrega de documentos oficiales apócrifos.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a través de las cifras que envían procuradores del país, registran un incremento en los delitos del fuero común denominados de alto impacto en varios estados del país, sobre todo el referente al robo.

De acuerdo al SESNSP durante 2011 se cometieron un millón 690 mil 958 robos y 45% de ellos fue con violencia.

En 2010 la dependencia federal recopiló que en todo el país se cometieron un millón 704 mil 99 casos. El 49 por ciento fue con violencia.

Hasta mayo de 2012 se habían cometido en todo el país 679 mil 111 robos y 49% de ellos (293 mil 936 casos) fue con violencia

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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